El fiscal
ad hoc Leonardo Espinosa ordenó reactivar el proceso contra las exministras
Gina Parody y
Cecilia Álvarez por el caso de los pagos de la multinacional brasilera
Odebrecht en Colombia.
EL TIEMPO reveló a comienzos de febrero que Espinosa Quintero, elegido por la Corte Suprema de Justicia en diciembre, había puesto en el radar de sus investigadores el proceso cerrado por la Fiscalía General.
El proceso contra las exministras se había abierto tras las denuncias de senadores del Centro Democrático, en el 2017. Argumentaban en la denuncia que 15 días antes de dejar el Ministerio de Transporte, Álvarez firmó una resolución para autorizar la ampliación del trazado de la Ruta del Sol II, a fin de incorporar dos peajes en la vía Ocaña–Gamarra, donde supuestamente había intereses de la familia de la exministra de Educación, Gina Parody, quien era su pareja.
Fuentes de la Fiscalía ad hoc señalaron que luego de la revisión que se hizo al archivo del proceso registrado en junio del año pasado, se encontraron elementos de juicio que deben ser ampliados. De hecho, los nuevos fiscales del caso trabajan en la expedición de órdenes de trabajo para la recolección de más información y no descartaron que las exfuncionarias sean llamadas nuevamente a dar explicaciones sobre sus actuaciones.
EL TIEMPO se comunicó con los integrantes del equipo de defensa de las exfuncionarias, quienes señalaron que por ahora no se pronunciarán sobre el tema.
Otras decisiones
El fiscal ad hoc Espinosa Quintero ya ha revisado otras decisiones que había adoptado la Fiscalía como los preacuerdos a los que había llegado el ente acusador con los empresarios Gustavo Adolfo Torres Forero, Eduardo José Zambrano, Federico Gaviria y Gabriel Alejandro Dumar.
Espinosa Quintero puso en el congelador esos acuerdos, les revivió uno de los delitos que les habían imputado que no habían sido incluidos en la acusación hecha por la Fiscalía General y advirtió que no seguiría negociando sino había garantía de verdad total en el proceso.
Igualmente, compulsó copias para que se investigara a los fiscales que llegaron a un preacuerdo con el exsenador Otto Nicolás Bula al considerar que las pena era "irrisoria y no garantiza de manera efectiva la obligación de ser testigo de cargo contra los demás procesados".
Además, citó como testigos a los exejecutivos de Odebrecht, Luiz Antonio Bueno Junior, Luis Antonio Mameri y Luiz Eduardo Darrocha Soarez, quienes habían acordado con la Fiscalía General que solo declararían en el juicio contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta.
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