Las grietas jurídicas que han desprotegido a los niños de las violencias en Colombia

La historia de Sofía Delgado, la niña vallecaucana de 12 años que fue secuestrada, asesinada y presuntamente abusada por su vecino Brayan Campo, quien gozaba de libertad pese a afrontar un juicio por haber agredido sexualmente a otra menor de edad, desató una polémica por los graves huecos que persisten en la justicia y en la coordinación estatal que han propiciado la desprotección de los niños, niñas y adolescentes del país, avivando las proclamas de quienes piden medidas drásticas como la cadena perpetua.

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Múltiples voces han criticado las graves fallas y contradicciones que permitieron que Campo, de 32 años, quedara libre por vencimiento de términos desde el año 2019, pese a cargar a cuestas con otro proceso por un acto sexual abusivo que cometió en 2014 contra una menor de 14 años en Candelaria, Valle del Cauca, el mismo municipio en el que Sofía Delgado vivió los breves años que este criminal le arrebató.

El confeso asesino, que atendía una tienda de mascotas del corregimiento de Villa Gorgona (el último lugar en el que estuvo Sofía previo a su desaparición, reportada el 29 de septiembre), aceptó el pasado viernes los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio. Un día antes de la desaparición de Sofía, Campo también intentó secuestrar a otra menor de edad en el local en el que jugaba con la inocencia de las niñas y el amor por sus mascotas. Por esos hechos le imputaron el delito de secuestro simple tentado agravado, que también aceptó.

Juristas, políticos e integrantes de la sociedad civil han puesto su ojo avizor sobre la justicia, advirtiendo que se pudo haber prevenido la tragedia de Sofía, que hoy se suma a los 375 menores de edad asesinados en lo que va del año, según el reporte que lleva Medicina Legal de los crímenes cometidos entre enero y agosto de 2024.

"Una persona que tenía antecedentes de delitos sexuales con menor de edad, ¿cómo sale libre por vencimiento de términos? ¿Cómo es posible que estuviera libre y tranquilo, pudiese trabajar y tener un local comercial donde podían llegar muchos más niños y más personas? ¿Cuántas más víctimas hubo? El sistema judicial tiene una falla, hay un eslabón que está roto. Están ahorita sobre la mesa quienes hablan sobre cadena perpetua y puede ser una opción", expresó Gessica Vallejo, abogada y alcaldesa del municipio de Candelaria.

"Es inconcebible que desde el 2018 al 2024 no se haya procesado a este señor. Lo que sí se ve es una absoluta inacción por parte del Estado. No había una sentencia y por eso este señor no estaba en la cárcel", agregó la penalista Mariana Botero.

Las libertades por vencimiento de términos, como la que gozó el abusador Brayan Campo, han generado indignación en instituciones públicas y de la sociedad civil. "A nosotros nos ha parecido inaceptable que se hable del vencimiento de términos en esos delitos, de cara a la protección reforzada y de prevalencia de los derechos de la infancia", manifestó la procuradora delegada para la infancia y adolescencia, Viviana Mora Verbel.

Según datos del Consejo Superior de la Judicatura, de los 8.198 procesados que salieron libres por vencimiento de términos en el año 2022, 42 recuperaron su libertad por las reglas del procedimiento penal del Código de Infancia y Adolescencia. En 2021, de 6.420 procesados que quedaron libres por vencimiento de términos 29 lo lograron con el Código para la Infancia y, en 2020, lo lograron 48 de un total de 6.817.

“Por cada 10 fiscales hay un investigador y obviamente se vencen los términos, muchas veces porque humanamente los fiscales no tienen capacidad para toda la situación y porque no preparan bien los casos”, expresó Alejandro Ruiz Caicedo, asesor jurídico de la Alianza por la Niñez Colombiana, coalición de organizaciones defensoras de la infancia.

Ruiz agrega que "el sistema judicial le falló a los niños en la aplicación de la Ley 2205 de 2022, que creó una unidad especial de investigación de delitos contra la infancia y adolescencia, pero la Fiscalía lo hizo de manera incompleta pues solo creó las unidades en Bogotá, Medellín y Boyacá".

La ministra de justicia, Ángela María Buitrago, también le expuso a EL TIEMPO la que sería su propuesta ante la problemática de los agresores sexuales de menores que quedan en libertad. "Se tendría que cambiar todo el sistema porque tiene una explicación desde la psicología forense y la criminología. Pero en este caso se está trabajando con el derecho penal y este plantea que el sujeto paga una pena y tiene un manejo únicamente punitivo. Mientras no haya detención preventiva ni condena no puedo decir que el sujeto cometió un delito",manifestó.

La procuradora Mora añadió que otro hueco que incide en la desprotección de los menores como Sofía está en el incumplimiento de las leyes, reconociendo que hay "abundante legislación" que no se cumple. "Se habló de la creación de un sistema de monitoreo y de alerta frente a las violencias de género que viene ordenado desde el Plan de Desarrollo, que no debe ser un sistema para seguir contando víctimas", anotó.

Delitos atroces como el del secuestro y asesinato de la menor de siete años Yuliana Samboní, han resucitado el fantasma de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, iniciativa que fue aprobada en el Congreso en el año 2020, mediante el Acto Legislativo 01, que posteriormente fue reglamentado en la llamada 'Ley Gilma Jiménez'. Pero todo se cayó, un año después, en la Corte Constitucional.

"La Corte hace tres años la declaró inconstitucional porque efectivamente nosotros no tenemos la posibilidad de entender que haya una pena de carácter perpetuo en Colombia", expresó la ministra Buitrago en un evento oficial.

Pese a la puerta que ya cerró la Corte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, planteó el regreso de la prisión perpetua. "Con este hecho tan horrible que sucedió en Candelaria, tenemos que abrir nuevamente el debate de la cadena perpetua para estas personas violadoras y asesinas de niños”, indicó.

La propuesta también acaba de ser desempolvada por dirigentes de los partidos que hace unos años lograron la aprobación de la prisión perpetua, revisable a los 25 años, y que fueron derrotados en la Corte.

"No podemos seguir insistiendo en cadenas perpetuas y penas de muerte porque lo que a nosotros nos interesa no es encerrar a un delincuente porque detrás de uno está otro. A los menores no se les protege con cadenas perpetuas, se les protege con mayores políticas de prevención", expresó el penalista Iván Cancino.

La Corte Constitucional también ha tumbado otras iniciativas contra los abusadores sexuales de menores de edad como los 'muros de la infamia', aprobados por el Concejo de Bogotá en el año 2007. Estos muros pretendían llevar al escarnio público a todo aquel involucrado con delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual de menores de edad. Pero un año después la Corte Constitucional prohibió la medida, ordenándole a todas las autoridades que se abstuvieran de acatar el acuerdo del cabildo distrital.

El asesinato de Sofía Delgado también generó una controversia por el proyecto de ley de reforma a la justicia que presentaron, a principios de octubre, la Corte Suprema de Justicia y la fiscal general Luz Adriana Camargo.

El séptimo artículo del proyecto plantea tumbar la prohibición que actualmente existe en el Código de Infancia y Adolescencia para conceder rebajas punitivas a quienes se allanan a los cargos de secuestro u homicidio, con menores de edad, o a quienes acepten delitos contra la libertad e integridad sexual de dicha población.

El proyecto también plantea rebajas para quienes se acojan a una sentencia anticipada a través de un preacuerdo o de una negociación con la Fiscalía, excluyendo explícitamente la figura del principio de oportunidad, que equivale a la exoneración total de la pena por decisión del ente acusador a cambio de aspectos como la reparación integral o la colaboración efectiva.

Aunque algunos legisladores y la Alianza por la Niñez Colombiana han asegurado que la iniciativa es una "burla a las víctimas, a las familias y al país", sus autores la defienden advirtiendo que hay una altísima impunidad en los delitos sexuales cometidos contra menores de edad por la falta de pruebas.

"Según la Fiscalía y la Corte Suprema, que han hecho un estudio detallado del tema, la mayoría de casos queda impune. Me refiero a los delitos contra niños, niñas y adolescentes como los abusos sexuales. Lo que se pretende con la reforma es que haya una condena efectiva con una mínima rebaja pero sin beneficios", expresó la ministra de justicia.

El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, aseguró durante la radicación de la propuesta que "en ningún caso se están levantando las prohibiciones que existen para no conceder sustitutos penales, esto es, libertad condicional, prisión domiciliaria, condena o ejecución condicional, cuando se trate de delitos donde sean víctimas niños, niñas y adolescentes. Lo que permite el proyecto es que se puedan realizar allanamientos y preacuerdos, para todos los delitos, incluyendo aquellos en los que son víctimas niños, niñas y adolescentes".

El vocero de la Alianza por la Niñez, Alejandro Ruiz, aseguró sobre el proyecto que "no podemos considerar rebajas de penas o principios de oportunidad para agresores sexuales de menores de edad porque están lesionando el interés superior del niño y de la niña. El principio de oportunidad y la rebaja de penas tiene la intención de que se denuncien estructuras criminales".

Aunque la propuesta de reforma no cambia la prohibición de celebrar principios de oportunidad que aparece en el Código de Infancia para los graves delitos que ya se mencionaron, sí elimina en su artículo 11 una frase que aparece explícitamente en el tercer parágrafo del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, que reglamenta las causales del principio de oportunidad, y que establece la prohibición para conceder esos mecanismos en delitos en los que las víctimas son menores de 18 años.

La exclusión de la frase ha suscitado expectativa entre algunos penalistas. "Al prohibirse que se aplique el principio de oportunidad siempre que hay un menor, el caso puede quedar en la impunidad porque no se puede esclarecer", expresó el penalista Darío Bazzani.

“La prohibición está frustrando una posibilidad de salidas anticipadas en muchos casos donde el delito involucra a un menor víctima", puntualizó el penalista Alejandro Sánchez.

Redacción Justicia