Abecé del caso que tiene detenido al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Tras más de dos años de investigación, este lunes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que no tiene antecedentes en el país: ordenar la detención de un expresidente de la República, específicamente de uno de los políticos más influyentes en la historia reciente de Colombia.

Para la Corte, hay evidencias sobre la presunta participación de Álvaro Uribe Vélez como determinador de los delitos de soborno y fraude procesal.

Esos delitos, supuestamente, habrían sido cometidos para que exparamilitares declararan a favor suyo en procesos que se seguían en la Corte Suprema de Justicia, y dieran testimonios en contra de Iván Cepeda.

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La investigación formal se abrió en el 2018, y la historia de este caso viene desde el 2014, tras un choque político entre Uribe y Cepeda. La defensa ha sostenido que Uribe no cometió delitos y no estaba al tanto de los ofrecimientos hechos por Diego Cadena.

El acalorado debate de control político por supuestos nexos con paramilitares al que el senador Iván Cepeda citó a Álvaro Uribe, en el 2014, podría ser definido como el punto de arranque de la historia.

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En ese debate, Cepeda presentó los testimonios de dos exparamilitares –Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve–, quienes afirmaron que la estructura criminal del bloque Metro se creó en la hacienda Guacharacas, de los Uribe Vélez. Este señalamiento no ha sido probado en procesos ante la justicia.

Tras ese debate, Uribe denunció a Cepeda afirmando que supuestamente él estaba visitando cárceles para fabricar testigos en su contra.

Tras años de investigación, el caso tomó un giro inesperado. El 16 de febrero del 2018, con ponencia del entonces magistrado José Luis Barceló, la Corte consideró que no era Cepeda el que estaba detrás de las presiones, sino que había evidencias de que al parecer era Uribe quien lo hacía.

Por eso archivó la denuncia de Uribe y compulsó copias para investigarlo a él.

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Según la Corte, como respuesta a esa decisión en la que se archivó el caso contra Cepeda, para presentar un recurso de reposición en ese caso, el expresidente habría avanzado en nuevas presiones a testigos a través de allegados.

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Así, se les habría ofrecido dádivas a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez a cambio de testificar a su favor. Por eso, el 24 de julio del 2018 la Corte abrió un proceso formal y lo llamó a indagatoria.

La defensa del expresidente sostiene que Uribe desconocía los ofrecimientos de Diego Cadena a testigos.

Asegura que nunca hubo presiones y que el mismo Juan Guillermo Monsalve los buscó porque quería decir la verdad.

Sobre Calos Enrique Vélez, afirma que tampoco lo buscaron porque, de hecho, él ya se había retractado en la Corte ocho meses antes de que se conociera la carta de retractación que es cuestionada.

Además la defensa ha señalado que Uribe lo único que manifestó a las personas relacionadas con el caso es que “ojalá los testigos revelaran la verdad, es decir, ninguna instrucción particular dio, ni tampoco hizo seguimiento alguno al tema”. Ha señalado que las contradicciones de los testigos son evidencia de que están mintiendo.

Igualmente, que la detención no era necesaria porque siempre ha acudido a las diligencias a las que ha sido citado.

Ante la Corte, además de Uribe, el alto tribunal investiga al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada.

Y la Fiscalía investiga por soborno y fraude procesal a Diego Cadena, abogado de Uribe que iba a las cárceles a ar a los paramilitares, y a Juan José Salazar, imputados por este caso. La Corte compulsó copias contra el exsenador Mario Uribe, Enrique Pardo Hasche y Vicky Jaramillo, entre otros.

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Para la Corte, hay indicios que muestran que Uribe conocía de presiones y ofrecimientos a testigos, y los “permitió y autorizó”.

Para la Sala, después de que se le abrió el proceso hubo conductas que permiten inferir que podría obstruir la justicia. Este es el punto que más ha generado controversia, se han escuchado voces, incluyendo la del presidente Iván Duque, señalando que la detención no era necesaria y que Álvaro Uribe podía seguir asumiendo su defensa en libertad.

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La primera investigación la llevó el entonces magistrado José Luis Barceló. Tras entrar en vigor la ley de doble instancia para aforados, el caso pasó a la nueva Sala de Instrucción. Primero lo tuvo la magistrada Cristina Lombana, pero fue recusada, y en mayo del 2019 quedó en manos de César Augusto Reyes Medina. Las decisiones en el caso son votadas por cinco de los seis magistrados de la Sala.

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