Aunque su historia es menos conocida que la de la Unión Patriótica, el movimiento político ¡A Luchar! sufrió un destino parecido. Nacido también en la década de los 80, fue perseguido y exterminado políticamente en medio de la "guerra sucia" que se desplegó en aquellos años contra los movimientos de izquierda.
Este jueves, antiguos dirigentes, militantes y familiares de los de ¡A Luchar! presenten a la
Comisión de la Verdad el informe
'Esta generación está en peligro: experiencia y genocidio político contra ¡A Luchar!', con la presencia de la comisionada Martha Ruiz y del presidente de la Comisión, Francisco de Roux.
El nombre del informe retoma una frase de Jesús María 'Chucho' Peña, poeta antioqueño que fue militante de ¡A Luchar! y fue asesinado.
Nelson Berrío, Fernando Patiño, Martha Gutiérrez, Bertina Calderón y Lennin Fernández son las personas que contarán sus memorias a la Comisión.
Berrío, dirigente sindical de la Unión Sindical Obrera, dijo que ¡A Luchar! fue "como una familia" y que su objetivo era construir un "proyecto común" de "poder popular", como lo llamaron en esos años. Esto, explicó, significaba que el poder político respondiera a los intereses del pueblo.
Dijo que aunque había muchas tendencias políticas dentro de ¡A Luchar!, lograron construir un proyecto común, pero que sabían los riesgos que corrían en el marco de la democracia del país en ese momento. Sin embargo, aclaró que no tenían confianza en ese sistema, y por lo tanto buscaban otra forma de institucionalidad.
Bertina Calderón, quien fue dirigente sindical del magisterio, explicó que en ¡A Luchar! se unieron la lucha económica que ya adelantaban los trabajadores sindicalizados con la lucha política, pero independientemente de los partidos políticos tradicionales, incluido el Partido Comunista Colombiano, del que se distanciaban políticamente, pues aunque coincidían en algunos objetivos como "la revolución y el cambio social", no estaban de acuerdo con "sus tácticas".
Del acuerdo político sindical pasaron a la organización política no solo sindical, sino con otros sectores campesinos y urbanos, entre estos los estudiantiles, con lo cual ¡A Luchar! se constituye "en un gran proyecto político nacional, de unas características que logran mover una gran conciencia y un gran movimiento", dijo.
Además del informe, el Colectivo por la Recuperación de la Memoria de A Luchar se entrega a la Comisión de la Verdad la base de datos de victimizaciones contra ¡A Luchar! y archivos que permitieron documentar cerca de 30 casos representativos de estos hechos.
Fernando Patiño, quien dirigió el periódico ¡A Luchar!, dijo que para hablar de la violencia contra el movimiento hay que señalar tres periodos de la historia de este, en sus ocho años de existencia.
La primera etapa, entre 1985 y 1986, es la de "los afluentes", cuando nace el movimiento y se realiza la primera convención, con un lenguaje "menos dogmático", con protestas cívicas permanentes. En ese momento, en el contexto estaban las negociaciones de paz del gobierno de Belisario Betancur con las guerrillas.
Según Patiño, en esa primera etapa la violencia iba contra las prácticas sociales y regionales que conformaban el movimiento, más que contra ¡A Luchar! en sí.
La segunda etapa, entre 1987 y 1990, da cuenta de un movimiento con una identidad propia, continuó Patiño. "Comenzamos a imprimir un sello propio en las movilizaciones" como el paro cívico del nororiente o la campaña del No Voto en las elecciones de 1988.
En este periodo, la violencia se "va estructurando como una reacción sistemática orquestaba por sectores muy incluyentes en la economía nacional". Al menos 800 militantes de ¡A Luchar! y del Frente Popular fueron asesinados o desaparecidos en ese momento, señaló el antiguo dirigente.
En la tercera etapa, desde 1990, se dieron las contradicciones entre la esperanza de la Séptima Papeleta y el movimiento pro Constituyente y las rupturas que "frustraron la posibilidad de un gran pacto de paz". La Constitución, que cambió las reglas del juego, fue resistida por élites políticas y económicas, según Patiño.
Para ¡A Luchar!, este fue un momento de inflexión y fragmentación, y "el río se convirtió en un delta que separó sus cauces". Entones, la violencia desde entonces tuvo dos vertientes: una contra quienes participaron de procesos políticos y otra contra quienes se abstuvieron de participar de ellos.
A continuación, Martha Gutiérrez, quien fue líder estudiantil, presentó el informe, en el que se documenta el periodo entre 1984 y 1992, con más de 700 hechos contra más de 500 personas, la mayoría de ellos hombres y 55 mujeres.
Entre las modalidades documentadas hay 254 asesinatos políticos, seis de "violencia extrajudicial", 80 víctimas de desaparición forzada, 165 detenciones arbitrarias, 58 casos de tortura, 59 allanamientos, 20 atentados, 26 lesiones físicas, además de amenazas colectivas e individuales y un caso de violencia sexual.
La región donde más se presentaron estos hechos, según el informe, fue Santander (233), Valle el Cauca (131), seguidos de Cesar, Antioquia, Córdoba, Bogotá, Huila, Cauca, Atlántico, entre otros departamentos de todo el país.
El informe señala que la mayoría de hechos victimizantes fueron cometidos por paramilitares, con 208 hechos, seguidos de hechos cometidos por la Fuerza Pública, sicarios y autores desconocidos.
Finalmente, Gutiérrez dijo que han concluido que se trató de un "genocidio político" y que esperan que este informe contribuya al esclarecimiento del conflicto y a la dignificación del movimiento ¡A Luchar!
Al finalizar la entrega, el sacerdote Francisco de Roux expresó al colectivo que reciben con "profundo respeto" y gratitud por la confianza depositada este informe, así como las bases de datos "que nos permitan hacer un análisis de profundidad sobre esta victimización masiva que ustedes presentan como un genocidio".
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