Hoy, hace 35 años, un grupo de guerrilleros del M-19 se tomó el
Palacio de Justicia y durante la retoma, como se llamó al accionar del Ejército, se registraron varios hechos, que aún siguen sin esclarecerse, como la desaparición de 12 personas.
Los familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Ana Rosa Castiblanco, Gloria Stella Lizarazo, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola, Irma Franco Carlos Horacio Urán,
Emiro Sandoval Rosalba Romero, Nury Piñeres de Soto, Julio Cesar Andrade y Jorge Echeverri Jaime Benítez, reiteraron que mantendrán viva su memoria y no descansarán hasta que se sepa qué pasó con ellos.
"A pesar de nuestra intensa lucha, la verdad sigue siendo la gran ausente", afirman en una carta abierta los familiares de los desaparecidos en el Palacio de Justicia.
En su concepto, "los logros en justicia se han venido desmoronando", y resaltan entre esos hechos que "la Corte Suprema de Justicia liberó al excoronel (Alfonso) Plazas Vega a pesar de las contundentes evidencias encontradas por la Fiscalía y los jueces de primera y segunda instancia".
De igual forma, en el documento señalan que a pesar de que la Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena del exgeneral Jesús Armando Arias Cabrales, como coautor mediato del delito de desaparición forzada en al menos cinco casos con pruebas contundentes, la JEP le dio la libertad.
"Hoy la Justicia Especial para la Paz está desconociendo esta sentencia, liberando al condenado sin que este haya ofrecido ningún aporte a la verdad ni al esclarecimiento de las desapariciones", señalan los familiares.
Pero aclaran que consideran que la JEP es un instrumento fundamental para la consolidación de la paz en Colombia, "sin embargo, estamos en desacuerdo con el trato que ha dado frente al caso de los desaparecidos", puntualizan.
En la carta los familiares recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la desaparición forzada de 12 personas, una ejecución extrajudicial y 4 torturados en los hechos del Palacio de Justicia.
Hay un pacto de silencio establecido por el Estado y las Fuerzas Militares durante la retoma, destrucción del Palacio de Justicia que se ha mantenido durante estos 35 años
"Tuvimos gran esperanza de que el Estado cumpliera lo ordenado por la Corte en materia de investigación, verdad y justicia, pero el Estado, a través de la Fiscalía General, no ha cumplido, sino que mantiene paralizado el proceso", señalan.
De igual forma, indican que a la fecha la posición de la Fiscalía ha sido negar las desapariciones con la teoría de las “identificaciones erradas al momento de los hechos” y precisan que solo ha centrado su esfuerzo en la identificación de restos mortales, ha identificado algunos restos de siete de los desaparecidos, "pero sin ningún aporte a la verdad ni a las circunstancias de su desaparición y muerte, pretendiendo que las identificaciones borren su condición de desaparecidos".
Con las identificaciones de algunos restos ahora hay nuevos desaparecidos y la investigación al respecto tampoco muestra avance.
Aseguran que hubo "pacto de silencio establecido por el Estado y las Fuerzas Militares durante la retoma, destrucción del Palacio de Justicia que se ha mantenido durante estos 35 años", lo que en su concepto les ha permitido a los responsables consolidar la impunidad a pesar de los avances.
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