Por ser padre de familia, el exgobernador Juan Carlos Abadía no está pagando la pena en prisión

Con el argumento de que es padre cabeza de familia -el mismo que no le alcanzó a la polémica Epa Colombia para no terminar en la cárcel del Buen Pastor tras su condena por vandalismo e incitación al terrorismo- el poderoso exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía recibió el beneficio de reclusión en una cómoda infraestructura de Policía, pese a que la Corte Suprema lo condenó a 21 años de prisión. 

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Abadía, uno de los caciques más influyentes de la región, quien, según varias voces, continúa moviendo los hilos de la política local aún estando condenado por corrupción, actualmente está cumpliendo la condena en la Escuela de Carabineros en Cali. 

Un juez de ejecución de penas cedió a las pretensiones de su defensa en contravía de la decisión del alto tribunal que lo había enviado a un centro penitenciario.

"De privarse al padre de la libertad en establecimiento carcelario conllevaría a romper el vínculo, construido durante 11 años, y expondría al menor a episodios fuertes de depresión y ansiedad, a la estigmatización y señalamiento de la sociedad, a la baja autoestima, con una vulnerabilidad manifiesta que lo expondría a un posible riesgo de suicidio dado el escaso o social con familiares y amigos, por lo que la presencia del acusado es vital e indispensable en la existencia de su hijo", alegó el abogado defensor.

Pero la razón no fue de suficiente peso para la Corte, que no asumió la responsabilidad de la separación familiar, sino que le devolvió la pelota al acusado por haber cometido, bajo completa libertad y racionalidad, los delitos por los que fue recluido.

"No puede perderse de vista que incluso los derechos de los menores tienen límites y si bien tienen derecho a permanecer con sus padres, en este caso el hecho de que el procesado hubiera preferido con absoluta voluntad la ejecución de las conductas punibles conlleva a que la separación que ahora padecerá su hijo no derive de una decisión jurídica injusta o arbitraria, sino que la misma procede de la acción criminal dolosa". 

Con esta aclaración, pidió que se enviara a la cárcel priorizando el menoscabo a los bienes jurídicos que juró defender y afectando los intereses de los ciudadanos. Dos hechos por los que "no puede quedar la sensación alguna de impunidad o un trato desproporcionado en casos de intensa gravedad cometidos por quien ha sido favorecido con la confianza del voto popular".

Sin embargo, contrario a los sólidos argumentos de la Corte, un juez de ejecución de penas lo envió al pabellón especial de la Escuela de Carabineros, desde donde algunas voces sugieren que sigue influyendo en la política local. 

EL TIEMPO se comunicó con la defensa de Abadía, quien aseguró que por ser aforado y tener riesgos a su seguridad, se determinó la ejecución de la pena en un Establecimiento de Reclusión Especial (ERE). 

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"En el fallo se incluye que por protección especial a su hijo menor de edad, del cual tiene la patria potestad, y por su arraigo cultural, se designó la Escuela de Carabineros de Cali", aseguró el apoderado. 

Sin embargo, este fuero no se aplicó a otros hechos de corrupción, como el del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, con el 'carrusel de la contratación', o el del excongresista Mario Castaño, con el 'cartel de las marionetas', quienes pasaron sus últimos días en la cárcel

Actualmente están presos en La Picota, en el famoso 'Congresito' los aforados Carlos 'el gordo' García, Roberto Herrera, Carlos Albornoz, Francisco Ricaurte, entre otros.

El exgobernador Abadía fue condenado por irregularidades presentadas con un convenio de cooperación, por 1.072 millones de pesos, suscrito el 29 de enero del 2010 con la Fundación Calimío para dotar a 40 bibliotecas escolares en 10 municipios del departamento.

La Sala Especial de Primera Instancia los encontró responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía, debido a la celebración de este convenio sin verificar las condiciones legales.

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La Corte determinó que, como resultado de negociaciones amañadas con el contratista y valiéndose de sobrecostos, los representantes legales de las empresas mencionadas se apropiaron en su provecho de $817.482.400,00.

Redacción Justicia