Se inicia juicio disciplinario por contrato entre Mintic y Centros Poblados

En la mañana de este lunes la Procuraduría General de la Nación inició juicio disciplinario verbal a tres funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Mintic, al representante legal UT Centros Poblados 2020 y a la interventora del contrato entre Mintic y la UT Centros Poblados.

El proceso hace referencia a las presuntas irregularidades para lograr por parte de Centro Poblados el desembolso de 70.000 millones de pesos, como anticipo, para desarrollar un proyecto de conectividad que beneficiaría a escuelas rurales. 

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De acuerdo con el Ministerio Público luego del inicio de la investigación en julio pasado,  formuló cargos (septiembre) y ordenó el procedimiento verbal "para adelantar la investigación disciplinaria más expedita y determinar las presuntas irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de aporte 1043 del 18 diciembre de 2020".

Dicho contrato se concretó entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC), que es una unidad istrativa especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y la Unión Temporal (UT) Centros Poblados.

Los llamados al proceso disciplinario son: Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general MinTIC; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC;

Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC; Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020:

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Así como Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato en mención.

En su momento la  Procuraduría señaló que  Meza Consuegra tendría responsabilidad disciplinaria por participar en la etapa precontractual de la licitación pública y en la actividad contractual del contrato, al parecer desconociendo los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal.

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De hecho a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados la Procuraduría lo señala de haber presuntamente falsificado las garantías bancarias para acreditar que existían y posibilitar el inicio de la etapa de ejecución contractual y el desembolso del valor del anticipo, por 70.000 millones de pesos.

A Jiménez Santofimio, se le indaga porque tenía a cargo la estructuración de los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso contractual, se relaciona con que aparentemente permitió que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor sin que hubiera estudios que sustentaran la modificación. Con ello habría desconocido el principio de responsabilidad previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993.

De igual forma, sobre Orjuela Méndez, el Ministerio Público señala que habría incurrido en irregularidades en la etapa precontractual al desconocer los principios de selección objetiva, economía y responsabilidad, al habilitar, mediante evaluación jurídica, la propuesta presentada por Centros Poblados pese a que, al parecer, no cumplía con los requisitos de los pliegos de condiciones, pues con su propuesta presentó una garantía bancaria falsa que no fue expedida por el Banco Itaú CorpBanca Colombia S. A., como lo afirmaba la UT en la oferta que presentó al Mintic.

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