¿Qué hay en el expediente de la UNGRD contra la exconsejera Sandra Ortiz, que llevó a Fiscalía a pedir su imputación?

La exconsejera Sandra Ortiz se convirtió en la primera alta funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro en ser vinculada por la Fiscalía a una investigación formal, por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que ella habría sido la emisaria de millonarios sobornos dirigidos a congresistas.

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Si bien ya fueron imputados Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Carlos Barreto y Pedro Rodríguez Melo -todas cabezas de la UNGRD-, ellos no eran piezas clave en la nómina de la Casa de Nariño como sí lo fue Ortiz, quien trabajó como consejera para las Regiones hasta mayo, cuando ya había estallado el escándalo.

Su imputación por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias se desarrollará ante un juez de Bogotá el próximo 29 de noviembre, día en el que las fiscales destaparán el expediente que tienen contra Ortiz para, incluso, pedir que la envíen a la cárcel. La procesada, oriunda de Boyacá e integrante de la Alianza Verde, fue la ficha en la supuesta organización criminal para mover, en octubre del año pasado, 4.000 millones de pesos en tres días. 

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Los beneficiados, al parecer, fueron los congresistas Iván Name y Andrés Calle, para entonces presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente. La misión habría sido sobornarlos desde el Ejecutivo para que impulsaran en el Congreso las reformas que les convenían. Y para tal plan comenzaron con ellos como cabezas del legislativo, a quienes Ortiz habría acudido por orden de Carlos Ramón González, exjefe del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). 

En las audiencias contra López y Pinilla así lo anunció la fiscal Andrea Muñoz: “Usted, señor López, coordinó la entrega de $ 3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Name, a través de Sandra Ortiz, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán quien para ese momento se desempeñaba como director del Dapre".

Iván Name, quien se ha declarado inocente e incluso denunció a Olmedo López, también es un político de la Alianza Verde, y en su caso se habría quedado con 3.000 millones de pesos que le llevaron a su apartamento en Bogotá Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla, los días 12 y 13 de octubre, en dos tandas de 1.500 millones. 

La ruta para tal fin tiene como punto clave el Hotel Tequendama, donde la exconsejera tenía alquilada una suite. Hasta allí llegó Pinilla para llevarle la plata y acompañarla a la entrega, sin embargo en las declaraciones que tiene la Fiscalía, ella le pidió que no subiera hasta el apartamento de Name, pues su misión llegaba hasta el parqueadero.

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Por su parte, el liberal cordobés Andrés Calle habría sido sobornado con 1.000 millones de pesos el 14 de octubre. Para dárselos, hasta Montería no viajó Sandra Ortiz, pero sí lo hizo Pinilla, en un negocio que habría contado con la transacción en criptomonedas desde Bogotá, lo que les ahorró moverlos en efectivo.

A raíz de este escándalo, hace dos semanas la Corte Suprema les abrió una investigación tanto a Name como a Calle, de quienes anotó que al parecer con los 4.000 millones financiaron las campañas de sus familiares. El senador supuestamente la usó para la aspiración al Concejo de Bogotá de su hija María Clara, al que también llegó con las banderas verdes; mientras que Calle la habría destinado para su hermano Gabriel Enrique a la Gobernación de Córdoba, y para su papá Gabriel Alberto a la alcaldía de Montelíbano.

Con el llamado a imputación a Sandra Ortiz, se ratifica que la Fiscalía le está dando valor a los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD que levantaron la mano para salpicar a los involucrados a cambio de que les den una rebaja de pena, que se concretaría cuando el ente acusador les firme el principio de oportunidad parcial.

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Para las autoridades, en este expediente se está ante una organización criminal que habría saqueado a la UNGRD con contratos direccionados irregularmente, como el de la compra de 40 carrotanques para La Guajira, en la que se presentaron cerca de 14.000 millones en sobrecostos. 

En total, en la Fiscalía van seis personas detenidas por este escándalo: Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez, Luis Carlos Barreto, Édgar Riveros y Luis Eduardo López, contratista que se habría quedado con buena parte del botín. Sin embargo, hay altas cabezas del Ejecutivo mencionadas, como el ministro Ricardo Bonilla, el exministro Luis Fernando Velasco, el exjefe de Función Pública César Manrique y el exdirector de Inteligencia Carlos Ramón González.

En lo que tiene que ver con Bonilla, con intenciones sospechosas él habría inyectado a la UNGRD 700.000 millones de pesos en un anticipo realizado el año pasado; y a la par habría buscado, con apoyo de la UNGRD, direccionar tres proyectos por 92.000 millones a los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los que tendrían intereses seis congresistas que hacen parte de las comisiones económicas. Ellos, al parecer, le devolverían el 'favor' con votos a favor de las iniciativas gubernamentales.

Por otro lado, en la Corte Suprema ya van ocho personas llamadas a indagatoria: siete congresistas y uno que renunció a su curul. Se trata de Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz, quien no hace parte del Legislativo.

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]