Reclutamiento forzado: 184 niños y niñas fueron víctimas en el 2023 según Defensoría

En el Día Internacional de las Manos Rojas, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo hizo un llamado al Gobierno Nacional, a los departamentales y municipales a fortalecer acciones de prevención cuya finalidad contribuya a que los menores de edad no sigan siendo reclutados por las estructuras armadas ilegales.

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De acuerdo con la entidad, durante el 2023, registró 184 casos de reclutamiento forzado. Los departamentos donde más se registraron casos fueron Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Arauca, Valle del Cauca y Caquetá. Las comunidades indígenas, las más afectadas.

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De los reclutados el año pasado, 110 fueron niños y adolescentes y 74, niñas y adolescentes.

En el informe de la Defensoría se indica que, las edades de las víctimas oscilaron entre los 9 y 17 años, siendo el rango etario entre 14 y 17 en el que se concentró el mayor número, con 123 casos.

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En relación con la pertenencia, el 68,4 por ciento hacía parte de comunidades indígenas, siendo este grupo poblacional el más afectado por el delito.

Señaló la Defensoría que del número global de casos de reclutamiento, 125 correspondieron al departamento de Cauca; 14, a Norte de Santander; 10, a Nariño; seis, a Putumayo; seis, a Arauca; cinco, a Valle del Cauca; cinco, a Caquetá; cuatro, a Amazonas; cuatro, a Chocó; tres, a Antioquia, y dos, al Meta.

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Inzá (Cauca) fue el municipio donde más hubo casos, con 24. Le siguieron Páez (Cauca), con 20; Caldono (Cauca), con 18; Morales (Cauca), con 10; Tibú (Norte de Santander), con nueve; Suárez (Cauca), con siete casos de reclutamiento.

Los grupos armados ilegales que con mayor frecuencia habrían recurrido a esta práctica fueron las facciones disidentes de las Farc (91,1%), la guerrilla del Eln (7%), otros (1,3%) y grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (0,6%).

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Las cifras, sin embargo, no demuestran la realidad de la situación en Colombia, a juicio de la Defensoría del Pueblo, porque el fenómeno está relacionado con la ausencia de un sistema de información que garantice la confidencialidad de las víctimas y sus familias. De existir, contribuiría a evitar acciones directas de los actores armados contra las familias y comunidad en general, cuando hagan la denuncia del delito.

Redacción Justicia:

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