‘Cero tolerancia con aquel extranjero que infrinja la ley colombiana’

Los homicidios en el país se han incrementado en un 9 por ciento, al pasar de 8.085 muertes violentas en 2020 a 8.863 en 2021.

Pero en contraposición, según cifras de la Policía Nacional del periodo entre el 1.º de enero y el 19 de agosto, las lesiones personales se redujeron en un 17 por ciento, al pasar de 77.890 casos el año pasado a 58.851 en este año.

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Frente al tema de los homicidios, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, en entrevista con EL TIEMPO, se refirió a los compromisos adquiridos para trabajar de la mano con alcaldes y gobernadores para reducir a finales del año la cifra de muertes violentas.

Dijo que el incremento de la violencia es una consecuencia de la pandemia y que es un hecho que se registra a nivel global. Aseguró que es importante judicializar a todo extranjero que delinque en el país.

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Este incremento del fenómeno de violencia y el aumento de homicidios no solo se registra en Colombia, también pasa en América Latina y el mundo como consecuencia de tres factores.

Lo primero, precisamente después del covid-19 lo que se comienza a evidenciar es un repunte de violencia y de afectaciones debido a los diferentes factores que surgen en una etapa de pospandemia, como mayor del desempleo y uso de la violencia por el nivel de encierro y de estrés.

Lo segundo, se identificó que hay una reconfiguración de las estructuras criminales que se reactivaron en circuitos criminales y que a la vez hay una fragmentación de dichas redes criminales en el territorio como consecuencia de la misma pandemia, los bloqueos registrados y hasta el vandalismo. Y lo tercero es que nunca vamos a volver a ser iguales que en el pasado. Lo que vemos es que la sociedad cambio a raíz de lo del covid-19, y en el caso de Colombia, las protestas y los bloqueos incidieron. Por eso es claro que debemos desarrollar unas acciones mucho más localizadas con una combinación de fenómenos criminales nuevos que han surgido a lo largo de este tiempo.

Los estudios demuestran que ahora en la pospandemia se ve un repunte de la violencia, donde inciden factores psicológicos, económicos y sociales que hoy hacen al delincuente más violento. Y así quedó evidenciado con el vandalismo durante las protestas. No es normal que un grupo de jóvenes salga a agredir, a golpear y a destruir, esos estudios demuestran que el encierro por mucho tiempo genera este tipo de reacciones.

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Lo primero, teniendo en cuenta que aquí se ha reconfigurado el crimen, se identificaron, a nivel de cada uno de los municipios y departamentos, las estructuras criminales que más están afectando la tasa de homicidios en cada una de esas regiones.

Con esa identificación se va a lanzar el cartel de los más buscados en cada punto. A esto se suma un paquete especial de recompensas y el desarrollo de operaciones especiales en el interior de esos municipios con el fin de desmantelar esas redes.

Está demostrado que casi el 70 por ciento de los homicidios tienen que ver con crimen organizado y disputa de rentas criminales. Lo segundo, frente a los homicidios por intolerancia y riñas, la Policía presentó en la cumbre con los alcaldes y gobernadores un informe muy focalizado –lugares, horas, situaciones, entre otros– y unas medidas que coordinadamente deben adoptar para disminuir su incidencia. Y a nivel rural se reactivó el Plan Orus, que ejecutan la Policía y el Ejército para intervenir 300 veredas donde se identificó que se registra el mayor índice de homicidios, hasta homicidios colectivos. Y, finalmente, se decidió fortalecer la Policía con mayor pie de fuerza.

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De un grupo de policías con énfasis en investigación judicial. En tiempo real entran a las calles 2.400 uniformados y otros 1.300 en diciembre. Ellos llegan a apoyar todos los procesos de investigación, vienen de las escuelas de formación. Y con un trabajo especial por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia, porque se ha identificado que es alto el número de menores infractores.

Con los venezolanos, toda nuestra solidaridad, con aquellos que trabajan y actúan con rectitud y honradez, que son la mayoría; pero cero tolerancia con aquel venezolano o extranjero que infrinja la ley colombiana, que afecte un colombiano y que afecte los derechos del otro con hechos delictivos. Contra ellos toda la contundencia para expulsarlos, deportarlos o judicializarlos.

Está claro que el delito no tiene nacionalidad, no tiene pasaporte, y la policía lo que hace es investigar y judicializar. ¿Qué tenemos que lograr? Que los judicialicen y paguen su pena aquí en Colombia cuando cometen delitos de manera reiterativa y de gravedad.

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No es posible que un ladrón quede en reiteradas ocasiones libre. Por eso, aquí lo importante es la aplicación del estatus temporal de protección para que podamos identificarlos. Esta es una herramienta para que no haya impunidad. De 1’800.000 venezolanos ya van 1’200.000 registrados, y esa es una de las prioridades del gobierno de Iván Duque.