Recusación de abogado de Álvaro Leyva frena inicio de juicio disciplinario en su contra

En la sede de la Procuraduría en Bogotá se inició el juicio formal contra el suspendido canciller Álvaro Leyva Durán por presuntas irregularidades en la licitación para los pasaportes.

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El funcionario no asistió a la diligencia y será representado por el abogado Yefferson Dueñas.

La defensa de Leyva Durán recusó al procurador del caso y esto obligó al funcionario a suspender la audiencia para estudiar ese recurso. El delegado de la Procuraduría dijo que se tomaría una hora para examinar la recusación por lo que la audiencia se aplazó por una hora (hasta las 11:30).  Sobre la recusación, el abogado Dueñas explicó que para este trámite hay dos días, por lo que se solicitó que se suspenda por ese tiempo. Ante ello, el ponente explicó que los términos los pone, dentro de la ley, él.

El abogado argumentó que existe una "enemistad grave con el ministro, en el entendido de que él hace parte del Gobierno”. Esto frente al procurador Ernesto Espinosa.

Tras el receso el procurador negó la recusación. El funcionario dijo que ese recurso se sustentó en el numeral 5 del código disciplinario, bajo el entendido de que supuestamente él tiene una enemistad grave con el Gobierno Nacional, con fundamento en opiniones que dio en redes sociales y en eventos académicos en 2019 y 2021. De acuerdo a la jurisprudencia que leyó el funcionario, además de grave, la enemistad debe ser recíproca, y que él no ha sostenido alguna relación con Álvaro Leyva.

“En ninguna de las causales quien les habla hizo señalamientos particulares contra el disciplinado, con quien no he tenido trato alguno. Quiero señalarle a la defensa que tomé posesión del cargo en 2022, periodo en el que en ninguna ocasión he generado concepto contra el aquí disciplinado”. De otra parte, el funcionario dijo que las opiniones que dio años atrás los hizo bajo el derecho a la libre expresión.

En su intervención, el procurador dijo que no puede aceptar que se le tilde de activista político, y que en este proceso no fue el instructor. “Frente al doctor Leyva no tengo ninguna enemistad, mis opiniones las hice en el marco del ejercicio profesional”, añadió.

“Declaro infundada la recusación formulada previo a la audiencia, y se dispone darle trámite en los términos y ordena remitir la actuación al despacho de la señora procuradora para lo de su competencia. Hasta tanto no se decida por parte del despacho, la actuación queda suspendida”, concluyó el ponente.

Durante la diligencia estaba previsto que el procurador del caso diera a conocer el pliego de cargos contra el funcionario y preguntara si se declaraba inocente o aceptaba los señalamientos. En el primer caso se daría paso a la etapa probatoria, y en el segundo tendría que emitirse la sanción que se estime.

El pliego de cargos que enfrenta el canciller es por dos supuestas faltas cometidas en relación con la licitación de pasaportes, que en su momento lo llevó a tener diferencias con Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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La primera irregularidad se habría configurado al declarar desierta la licitación 001 de 2023, sin tener el sustento técnico y jurídico necesario para ello; y el segundo punto es que, presuntamente, desde la Cancillería se “decretó la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”. Eso, al parecer, involucra de manera directa a Álvaro Leyva.

 

Al tiempo que se adelanta el juicio disciplinario está pendiente una tutela que radicó el suspendido funcionario en el Tribunal Superior de Bogotá. El caso llegó al despacho del magistrado Jaime Chavarro Mahech,,

 

Es de subrayar que en el Ministerio de Relaciones Exteriores ya se está adelantando una nueva licitación para el contrato de pasaportes, la cual será acompañada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

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De hecho, se le solicitó a la misma Procuraduría que también cumpla esa labor, misión que la Contraloría General de la República ya decidió no acompañar, puesto que la ley no permite estar presente en esos procesos, pues sería coistración.

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