Tras 15 años, el crimen del sindicalista Jaime E. Gómez sigue impune

Tenía 55 años cuando le arrebataron la vida. Era 2006 y, para entonces, Jaime Enrique Gómez Velásquez había ganado reconocimiento como dirigente social, sindicalista y político de la oposición colombiana.

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De hecho, fue uno de los fundadores de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y una de las cabezas del movimiento sindical de la ETB, lo que, entre otras cosas, impulsó su candidatura al Concejo de Bogotá, donde ocupó una curul a finales de la década del 90.

El próximo 21 de marzo se cumplen 15 años del asesinato de Gómez Velásquez, y, según denuncia su familia, su crimen sigue en la impunidad.

Gómez, quien era historiador y se desempeñó como profesor en varias universidades, integró entre el 2000 y el 2005 el movimiento político Poder Ciudadano Siglo XXI. Cuando lo mataron,  a los 55 años, se encontraba cursando estudios de posgrado en Ciencia Política.

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Para entonces, ya era reconocido en el país por asesorar a personalidades políticas como Antonio Galán y Piedad Córdoba. 

"Desde entonces, y hasta la fecha, la investigación penal por estos hechos no ha tenido avances significativos. Por el contrario, desde su inicio ha tenido serias irregularidades que han provocado la desviación de la pesquisa y que han propiciado varios escenarios de revictimización institucional hacia la familia de Jaime Enrique", expresó la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) en un comunicado sobre el caso del dirigente social.

Según esta organización, las autoridades de la época buscaron presentar los hechos como si se tratara de un accidente o suicidio y no de un homicidio.

"Entre otros escenarios de revictimización están la demora en activar los mecanismos de búsqueda, las preguntas impertinentes sobre aspectos irrelevantes que hicieron los investigadores que entrevistaron a la familia, la falta de rigor técnico en el levantamiento del cuerpo, los sucesivos cambios de despacho encargado, o la reiterada negación de al expediente por parte de las fiscalías", señaló la CCJ.

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Y agregó que, a raíz de esto, a pesar de que han pasado 15 años desde que se interpuso la denuncia por este crimen, el ente acusador no ha dado con los responsables del rapto y posterior homicidio del dirigente político.

Por continuar exigiendo justicia, la familia del sindicalista y opositor político ha denunciado ser  víctima de amenazas, seguimientos, interceptaciones, panfletos de grupos armados, llamadas intimidantes y advertencias para disuadirlos de continuar con el proceso penal. De hecho, algunos  parientes de Jaime Enrique Gómez tuvieron que exiliarse.

Como consecuencia de las demoras en la justicia nacional y las amenazas recibidas en su contra, las víctimas acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009.

Una década después, el 5 de mayo de 2019, la CIDH itió el caso; y en marzo del 2020 la CCJ, en representación de la familia de Gómez, presentó ante esa instancia internacional el informe de observaciones de fondo.

Con este, se pretende la Comisión Interamericana recomiende al Estado colombiano  avanzar en la investigación penal hacia la individualización y juzgamiento de las personas responsables;  reparar integralmente a las víctimas; reconocer públicamente la responsabilidad estatal en estos hechos y desagraviar la memoria del dirigente político; y concertar con la familia del dirigente medidas efectivas de no repetición.

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Sin embargo, la CCJ alertó que tras un año de haber hecho estas solicitudes, el Estado colombiano no ha presentado observaciones ante la CIDH y este órgano no ha proferido el informe respectivo.

"Desde la Comisión Colombiana de Juristas hacemos un llamado para que se avance en la investigación penal y en el juzgamiento de los responsables del asesinato de Jaime Enrique Gómez, así como en el proceso ante la CIDH por la responsabilidad internacional de Colombia de estos hechos y solicitamos que se adopten las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a su familia", concluye la CCJ.

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