¿Qué implica la sentencia de la Corte IDH contra Colombia por la violación territorial del pueblo U’wa?

Casi 30 años duró el proceso de litigio en el Sistema Internacional entre el pueblo indígena U'wa y el Estado colombiano. Este viernes 20 de diciembre, finalmente, la Corte IDH falló en contra del país y determinó que violó los derechos colectivos de la comunidad al no garantizar su participación en los proyectos extractivos, mineros y turísticos que se desarrollaban en su territorio. Una vulneración que afectó su vida digna y su conservación cultural.

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Este es el primer caso en el que la Corte IDH evalúa la incumbencia del país en las presuntas violaciones sistemáticas a la autodeterminación territorial de un colectivo étnico. 

Los U'wa, ubicados entre los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá, hacían responsable a la Nación por la vulneración de su autonomía debido a la aprobación de las licencias para proyectos extractivos -liderados por Ecopetrol-, como las plantas de gas natural Gibraltar 1, 2 y 3, el área de perforación exploratoria Magallanes y la explotación turística del Parque del Cocuy, desarrollados en sus propiedades ancestrales.

Según sus alegatos, estas actividades habrían provocado el despojo de tierras, la contaminación de los ríos y la pérdida de biodiversidad, afectando su relación espiritual con la naturaleza. Por esta razón, exigían soberanía total sobre su territorio, en una lucha jurídica que duró más de tres décadas, comenzando en los tribunales domésticos y concluyendo en la instancia internacional.

La Corte IDH fundamentó su decisión en tres pilares claves: la participación, la titulación y delimitación de los resguardos, y la mitigación de los riesgos ambientales que puedan afectar su vida digna y conservación cultural. Sin embargo, el fallo no suspendió ni anuló las actividades extractivas, teniendo en cuenta el dominio del Estado sobre el subsuelo.

“La Corte determinó que, respecto a los proyectos productivos, el pueblo U'wa debió haber participado. En este sentido, se violó el derecho a la consulta previa y ordenó mitigar los impactos amnientales en el territorio", afirmó Juliana Bravo, directora del Programa Amazonía de EarthRights International, en una entrevista con este diario.

La istración del Parque Natural El Cocuy también ha sido un eje de disputa. En junio de este año el parque fue cerrado indefinidamente en una especie de huelga del pueblo U’wa para “proteger su territorio”. 

Sus líderes argumentaron incumplimientos por parte del Gobierno en el reconocimiento de sus tierras y en la entrega de ayudas económicas para “mejorar su calidad de vida”. De hecho, en el pliego de peticiones que le hicieron llegar a las autoridades nacionales, pidieron una inversión anual para el 2024 de $13 mil millones de pesos y para el 2025 de más de $20 mil. 

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Así mismo, exigieron ser reconocidos como autoridad ambiental y que el presupuesto de las corporaciones autónomas regionales de su zona de influencia le sea desembolsado a la comunidad.

La Corte abordó este punto y ordenó la coistración del parque. Aún así, en cuanto a las pretensiones económicas, que no fueron escaladas al Sistema Internacional, solicitó la creación de un fondo comunitario para "reparar los daños materiales y culturales" sin establecer un monto.  

En el repertorio de derechos que la Corte consideró vulnerados se encuentran el derecho a la propiedad, a la libertad, al ambiente sano, a la participación e incluso dos más que la demanda no había incluido: el derecho a la reunión y los derechos de la niñez.

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Por estas faltas, instó al Estado colombiano a adoptar medidas legislativas y istrativas para titular las tierras, proteger el medio ambiente e incluir a la comunidad en sus decisiones. Además, solicitó que en un plazo de un año se lleve a cabo un acto de reconocimiento público de responsabilidad internacional.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad que lideraba la disputa en el Tribunal internacional, acató la decisión y reiteró su compromiso con el cumplimiento de las órdenes proferidas.

Así mismo resaltó las valoraciones que hizo la Comisión Interamericana con respecto a las medidas que ha venido implementando para proteger los derechos de los U'wa. Entre estos, "el reconocimiento de la necesidad de una protección reforzada para minorías étnicas, a través de sentencias de la Corte Constitucional; la adopción de políticas públicas en materia de educación, reconocimiento de lenguas indígenas, autonomía, protección de resguardos y istración de parques naturales; la celebración de acuerdos para lograr la titulación y saneamiento del territorio; y el reconocimiento de su situación de riesgo frente al conflicto armado", puntualizó.

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Sara Valentina Quevedo

Redacción Justivia