El lento avance de obras en Mocoa tras desastre que dejó más de 300 muertos

Entre el 31 de marzo y el 1.° de abril de 2017 una avalancha por el desbordamiento de varios ríos causó la muerte de más de 330 personas en Mocoa, capital de Putumayo, dejó cerca de 400 heridos y más de 22.000 personas damnificadas.

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Tras casi cinco años de esa tragedia, ninguna de las obras de la reconstrucción del municipio está terminada, ni siquiera las de mitigación que permitirían prevenir nuevos desastres.

Así lo indicó la Contraloría en una advertencia de 20 páginas enviada al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la que alerta de los efectos nocivos que los retrasos en las obras tienen para la comunidad, así como de los riesgos de pérdida de recursos públicos.

En 2017, el Gobierno se comprometió, entre otras cosas, a construir 1.209 casas, un megacolegio, mejorar el acueducto municipal, construir una nueva plaza de mercado, además de obras de mitigación para evitar que los ríos Mulato, Taruca y Sangoyaco volvieran a desbordarse y generaran una nueva tragedia. Pero nada de eso está listo.

De hecho, la advertencia que envió el contralor general, Felipe Córdoba, al director de la UNGRD, cita el informe de seguimiento del contralor delegado para el sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía, quien advierte sobre una gran preocupación por la situación.

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El contralor Mejía explicó en entrevista que como consecuencia del seguimiento permanente del órgano de control que ha mostrado que no hay nada listo, la Contraloría abrió dos actuaciones especiales de fiscalización, que estarían terminando a mitad de este año, para determinar si hay hallazgos fiscales, penales o disciplinarios en el programa de vivienda y el programa de mitigación de riesgos.

Esto porque, como se lee en la alerta emitida por el Contralor General a la UNGRD, el retraso en la reconstrucción “está impactando severamente en la debida mitigación de los riesgos y en la entrega adecuada y oportuna de los demás proyectos de beneficio social”.

No solo nada está terminado, sino que hay proyectos sin siquiera iniciarse, “al punto de que a la fecha ya hay un atraso de casi dos años en la fecha de terminación del programa, y se prevé que no se podrán terminar todas las obras antes de febrero de 2024”, dice el documento.

En las obras de mitigación, por ejemplo, las obras de la zona alta de los ríos Mulato y Sangoyaco y de la quebrada Taruca son “indispensables”, pero “infortunadamente no han sido contratadas aún debido a que apenas están en proceso de revisión de diseños y de apropiación efectiva de recursos”, dice el documento.

Además, se advirtió que con corte al 15 de octubre de 2021, el avance físico de todos los contratos de obras de mitigación de riesgos no superaba el 20 por ciento, habiendo solo dos contratos con un avance físico superior al 70 por ciento, aunque el cronograma de ejecución tenía prevista la terminación en marzo de 2020.

En cuanto a las viviendas, el órgano de control recordó que en el programa de reconstrucción se establecieron dos planes: Sauces I, con 300 viviendas unifamiliares, que ya se entregaron, y Sauces II, con 909 casas, “de las cuales a esta fecha no se ha entregado ninguna, pese a los múltiples anuncios de la UNGRD, del interventor y del contratista de obra”, dice la Contraloría, y aclaró que la fecha prevista para la entrega de esas casas era el 31 de marzo de 2020.

Otro de los proyectos ejes es un megacolegio que tenía un “plazo inicial de ejecución de 11 meses” hasta el segundo semestre del 2019, pero que con tres prórrogas y tres suspensiones sigue inconcluso.

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Aunque está avanzado, no se ha podido poner en servicio porque faltan, dijo la entidad, 7.000 millones de pesos para hacer el bloque istrativo, la cocina y comedor para 344 estudiantes, comprar la dotación completa de toda la institución y construir el cerramiento perimetral, así como instalar toda la iluminación exterior.

Además, la institución educativa aún no tiene dónde descolar definitivamente las aguas servidas porque no hay un sistema de alcantarillado idóneo.

En otro punto, se presupuestó que la nueva plaza de mercado costaría $ 18.976’370.000, pero en 2017 se firmó un convenio solo por 6.000 millones de pesos y a esta fecha, dice la Contraloría, no se tienen todos los recursos ni contratadas las obras, que debieron estar en operación hace dos años.

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Otro de los llamados de atención es por “las demoras en la entrega de la totalidad de obras que conforman el proyecto han ocasionado que un alto porcentaje de su población no pueda tener un suministro de agua potable de forma continua, ocasionando entonces un problema potencial de salud pública”, agrega la alerta de la Contraloría.

De otro lado, a raíz de la avalancha de hace cinco años, Mocoa se quedó sin centro penitenciario, y hasta ahora sigue sin tenerlo, pues no se ha adquirido el predio de 11 hectáreas en donde debía hacerse la nueva cárcel.

Y aunque también se proyectó mejorar el hospital de la capital de Putumayo, para que fuera de segundo nivel y tuviera incluso algunos servicios de tercer nivel, la ampliación y el mejoramiento, no se puede poner en funcionamiento aún “porque carece de dotación, personal, plan de implantación de la operación, obras de infraestructura como la Ptar, la Ptap, un grupo electrógeno de 1.500 kVA y ascensor de carga, entre otros, y sumado a esto se proyectaron obras de infraestructura sin el aval de Ministerio de Salud y se realizaron sin la debida modificación de la licencia de construcción”.

Para la Contraloría, si no se corrigen todas estas fallas rápido se podrían generar “graves riesgos a la integridad, salud y bienestar de los habitantes de Mocoa”.

La entidad también expresó su preocupación porque ante el cambio de gobierno que se avecina aún no se conocen las acciones para garantizar que se puedan terminar las obras en curso y las que faltan.

Las alertas no solo han salido de la Contraloría. La Procuraduría General, que también ha hecho un seguimiento permanente, ha remitido 14 oficios con requerimientos preventivos a diferentes entidades, y del seguimiento que ha hecho concluye “que la meta proyectada en el año 2017 por el Gobierno, para culminar la reconstrucción de Mocoa en agosto de 2022, no se cumplirá”, según le dijo a este medio el Ministerio Público.

El organismo indicó que esto se debe a factores como constantes suspensiones en los contratos de obra por ajuste en los diseños o cambio de costos del proyecto, eventos climatológicos, el contexto geográfico, económico y social del municipio, y problemas estructurales por falta de capacitación para la gestión del riesgo de desastres de las istraciones municipal y departamental.

En la actualidad, la Procuraduría mantiene una “alerta máxima” sobre las obras de construcción de viviendas, y también está puesta la lupa en la optimización y el buen funcionamiento del acueducto.

Mientras que hay una alerta de riesgo bajo por las obras del megacolegio, cuya entrega está proyectada para julio y que se pondrá en funcionamiento en el próximo periodo escolar, y las 18 obras de mitigación, “en las que se logró reducir los porcentajes de atrasos y, a la fecha, solo una de las 18 se encuentra en estado crítico”.

Por todo esto, la Procuraduría Primera delegada para la Contratación Estatal ya abrió una indagación preliminar que a la fecha está en averiguación de responsables, y en la que se ordenaron nuevas pruebas.

La Fiscalía también lleva investigaciones por la avalancha de 2017, y ya acusó formalmente ante la Corte Suprema a la exgobernadora de Putumayo Sorrel Aroca, por el delito de homicidio culposo por presuntamente haber incurrido en omisiones en sus funciones que habrían podido evitar la tragedia.

También fueron imputados en septiembre de 2018, por prevaricato por omisión, el entonces director de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonia, Luis Alexánder Mejía Bustos; la coordinadora del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Adriana Yasmid Arcos Narváez, y el coordinador del Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres del Putumayo, Lalo Giovanni Zambrano Ramírez.

Consultada sobre la advertencia de los órganos de control, la UNGRD dijo que la reconstrucción de Mocoa ha sido desde el comienzo una prioridad de este gobierno, pero que los retrasos se explican en que no se habían hecho los estudios y diseños a detalle de las obras de mitigación requeridas. Indicaron que a través del Sistema General de Regalías se asignaron $185.093 millones en junio de 2020 y se iniciaron los procesos para la ejecución de las obras en los 57 puntos de intervenciones definidos, obras que comenzaron en diciembre de 2020.

Así mismo, reportó que en las obras de mitigación tienen “un balance satisfactorio a la fecha, alcanzado un porcentaje de avance físico del 45,04 %, versus el 37,23% de avance programado”.

La Unidad también mencionó que se hicieron inversiones en el Sistema de Alertas Tempranas para hacer monitoreo permanente y poder dar aviso oportuno frente alguna condición de riesgo, tal y como se presentó el 12 de agosto de 2018, lo que permitió que la comunidad evacuara de manera oportuna.

Frente a las alertas de que no se cumplirán los plazos, la entidad indicó que en diciembre de 2021 “se asignaron por parte del Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para los cierres financieros del proyecto de vivienda urbana y rural, del proyecto del megacolegio, de los proyectos de vías y alcantarillado y los recursos necesarios para la ejecución de la nueva plaza de mercado y de las obras de mitigación de la cuenca alta”.

Gracias a esa financiación, la entidad afirmó que cuentan con los recursos necesarios para culminar los proyectos, resolver de manera oportuna las dificultades que se generan durante la ejecución “e implementar acciones que permitan cumplir con los cronogramas previstos”.

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“Tenemos camino por seguir, y seguiremos trabajando de manera articulada con las entidades territoriales con el fin de cumplir con las metas que se han trazado desde el Gobierno”, concluyó la unidad.

En Twitter: @MIOF_

Redacción Justicia