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La polémica en torno al decreto que regula el trabajo sexual en el Centro Histórico

Piden claridad en el documento, al considerar que “confunde” este trabajo con la trata de personas.

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PERIODISTA JUDICIALActualizado:

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Solucionar la situación del orden público en el Centro Histórico de Cartagena es el eje central del decreto 003 de 2024 del nuevo alcalde la ciudad, que fija una serie de medidas contra el turismo sexual, la trata de personas, protección a los niños, niñas y adolescentes, además de vigilar la comercialización y el tráfico de estupefacientes.
La norma, que entró a regir el primero de enero y que estará vigente hasta el 31 de mayo de este año, ha generado polémica: hay quienes consideran que en sí mismo no soluciona los casos de delitos sexuales registrados en la capital de Bolívar y hay otros que ven las medidas como el inicio para acabar con la problemática.
Sin embargo, hay voces que consideran necesario implementar otras “estrategias integrales, sin revictimización” que conlleven a atacar de fondo la situación sin perjudicar a las personas que ejercen el trabajo sexual en toda la zona del Centro Histórico.
Lo anterior es respaldado por la organización Caribe Afirmativo que considera que el decreto, al restringir el trabajo sexual, lo “confunde” con el delito de la trata de personas, por lo que creen necesario una precisión en la reciente norma.
El decreto, en su artículo segundo, punto dos, señala: “Suspéndase en áreas del espacio público del Centro Histórico, el ejercicio de la actividad de la prostitución y afines”, no obstante, en Colombia, la Corte Constitucional, en sentencia T-594 de 2016, protegió los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales a la libre circulación, la libertad personal y la no discriminación.
Locales sellados en el Centro Histórico de Cartagena

Locales sellados en el Centro Histórico de Cartagena Foto:alcaldía de Cartagena

Es por ello que la organización considera que el referido decreto “tiene un carácter más coercitivo que garantista, debido a que en materia de derechos, pone en riesgo la vida de las personas trabajadoras sexuales -entre ellas muchas personas trans que se encuentran en riesgo en la ciudad- y son susceptibles de ser víctimas de todo tipo de esclavitudes modernas”.
Caribe Afirmativo expuso que las autoridades han perseguido a las víctimas y no a los victimarios, “generando un aumento de las condiciones de riesgo”, además de que “criminaliza” todas las formas de trabajo sexual en el Centro Histórico.
Wilson Castañeda, director de la organización, le da la bienvenida a las acciones para ordenar el Centro, pero no sobre los derechos de quienes lo ocupan y ello incluye a las personas trabajadoras sexuales. “Las acciones deben ir contra los victimarios y no contra las víctimas”, señaló el directivo.
Por otra parte, el artículo sexto del decreto le deja a Policía la vigilancia y control de los establecimientos de comercio “que merezcan una vigilancia especial por existir indicios de explotación sexual de menores”.
La organización da cuenta que entre 2022 y 2023 conoció de 11 casos de violencia policial contra trabajadoras sexuales, por lo que su directivo considera que “no es seguro que sean ahora ellos (policía) los que se encarguen de la vigilancia”.
Otra de las voces que reaccionaron al decreto fue Fidelia Suárez Tirado, presidenta del sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales, Sintrasexco, quien calificó la normativa como “retrograda” al desconocer los últimos proceso constitucionales que se han dado en Colombia por el respeto y en favor del trabajo sexual.
Operativos en Cartagena.

Operativos en Cartagena. Foto:Policía Nacional

“Tenemos derecho a la libertad personal y a la libre circulación y esos dos puntos quedan prohibidos para las trabajadoras sexuales en el Centro Histórico de Cartagena con la promulgación de los decretos", dijo Suárez.
La presidenta de Sintrasexco mostró su inconformismo al indicar que ninguna de las trabajadoras sexuales de Cartagena fueron consultadas para expedir la norma. “Buscan atacarnos a nosotras, pero no van por los grandes capos detrás de las redes de trata de personas y que son quienes tienen minada la ciudad con el microtráfico”, dijo.
Entre tanto, *Valentina, una de las 810 trabajadoras sexual, que según el alcalde Dumek Turbay, merodean la ciudad amurallada, le dijo a EL TIEMPO que el decreto no las afecta “porque trabajamos en la calle, afecta a los negocios que están cerrando. Afecta al comercio, a los turistas, a los chicos que venden cigarrillos, los que venden cerveza, agua, a ellos les afectan estos operativos y por eso se quejan”.
Dumek Turbay alcalde de Cartagena.

Dumek Turbay alcalde de Cartagena. Foto:alcaldía de Cartagena

La mujer, que no supera los 35 años, envió un mensaje al alcalde cartagenero: “tenga mayor consideración con las personas: por los chicos que venden cigarrillos, por los negocios que atienden a los extranjera, la gente que trabaja en las discotecas necesita el trabajo. El alcalde debe buscar una estrategia para organizar más la ciudad porque está afectando a los negocios como tal, a los turistas y a las discotecas”, manifestó.
Jair Vega, sociólogo y profesor de la Universidad del Norte, considera que lo decretado es un “paño de agua tibia” debido a que no va a la raíz del fenómeno. “Cuando digo ir a las causas, quiero decir que todo esto se origina en condiciones de pobreza, en falta de oportunidades, y en un escenario en el que se normaliza esta circunstancia”.
Es por ello que el experto consideró que “las políticas deben ir en la construcción, por ejemplo, de una cultura de protección a la infancia y eso requiere un trabajo mucho más sistemático, sólido y a largo plazo”.
Respecto al decreto, desde la Alcaldía de Cartagena le dijeron a EL TIEMPO que se “va a construir junto a toda la ciudadanía, las trabajadores sexuales -en especial con las victimas de la trata de personas- la política de inclusión e integración de las (los) trabajadoras (es) sexuales, garantizando la vinculación de estas personas a las mesas de trabajo, así como del Ministerio Público, pero además todas las acciones para proteger y garantizar sus derechos fundamentales”.
Y manifestaron que están “abiertos al diálogo y seguramente encontraremos espacios de concertación para que las personas puedan tener oportunidades de trabajo con dignidad y que la ciudad recupere su imagen, aunque estas no están necesariamente relacionadas”.
*Nombre cambiado por seguridad.
Redacción Justicia
En X: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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