‘El caso Zapa es un desastre institucional’: abogado de víctimas

Jairo Zapa, quien fue el jefe de la oficina de regalías del departamento de Córdoba, desapareció el 27 de marzo del 2014 y poco tiempo después, a finales de abril de ese mismo año, la Fiscalía capturó a seis personas y les imputó cargos por la desaparición forzada del funcionario y homicidio.

Desde entonces, han pasado más de seis años sin que el proceso haya culminado. El pasado 16 de junio se instaló la audiencia de juicio oral y después de que la Fiscalía expuso su teoría del caso, uno de los abogados de la defensa pidió otra prueba, y como el Juzgado solo accedió de forma parcial a su petición, el defensor apeló.

Hasta que su apelación no sea resulta por el Tribunal Superior de Montería, el proceso quedará suspendido. De acuerdo con el abogado de las víctimas, Juan Felipe Amaya, varias de las suspensiones del proceso han ocurrido por causa de la demora en resolver apelaciones.

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Sin embargo, no ha sido la única razón y, hasta el momento, no se han podido adelantar las audiencias por diversos motivos: “las suspensiones han sido múltiples a lo largo de todos estos años por diversas razones, algunas justificadas y otras no justificadas”, indicó el defensor de víctimas.

Y añadió: “son seis años y ni siquiera se ha podido iniciar la práctica de las pruebas, son seis años en los que las víctimas están esperando una respuesta de qué fue lo que pasó (…) en un tortuoso proceso que no avanza (…) para ellos es muy frustrante escuchar que la audiencia se aplazó y no se va a poder llevar a cabo”.

Dentro del proceso, Joice Rafael Hernández es el único vinculado que ha sido condenado, pero en virtud de un preacuerdo con la Fiscalía, por lo que no existió un juicio oral en su contra, como ocurre en un proceso ordinario, y las víctimas todavía no tienen claridad de lo sucedido.

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De los otros cinco vinculados, las medidas de aseguramiento ya fueron levantadas o sustituidas por vencimiento de términos.

De acuerdo con el abogado Amaya, desde el momento en que los restos de Jairo Zapa aparecieron, se ha especulado el posible vínculo que tiene el exgobernador Alejandro Lyons.

Lo anterior porque, desde la perspectiva de las víctimas, es claro que el crimen de Zapa está asociado al manejo que se estaban dando en Córdoba a los recursos de regalías.

“Incluso, su desaparición fue la que prendió las alarmas y generó que se terminara investigando todo el tema de regalías en el que Lyons aceptó su responsabilidad por el desfalco de estos recursos. Para nosotros es claro que el crimen de Jairo está vinculado al tema de las regalías y hay que tener en cuenta que el superior jerárquico de él era Alejandro Lyons”, explicó el defensor.

Además, como se conoció en la época en que sucedieron los hechos, los restos del cuerpo de Jairo Zapa aparecieron en un predio aledaño a uno de propiedad del padre de Lyons lo que, según el jurista, crea un escenario por lo menos sospechoso.

Sin embargo, a pesar de los indicios, el abogado aseguró que a la fecha la Fiscalía no ha comunicado de forma oficial a las víctimas que exista una investigación por estos hechos en contra del exgobernador.

“Supimos de forma extraprocesal que al parecer el señor Jesus Eugenio Henao, que está vinculado a la desaparición de Jairo Zapa, y que también estuvo vinculado al tema de corrupción del manejo de recursos de regalías, habría dado información sobre esos hechos y también habría dado detalles del crimen de Zapa y que dentro de las declaraciones había mencionado como una persona vinculada a este caso al exgobernador Alejandro Lyons”, dijo el abogado Amaya.

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Añadió que el acuerdo que celebró Lyons con la Fiscalía, en el que reconoció su responsabilidad por los desfalcos con los recursos de las regalías, quedó sujeto a que no se encontrara vinculación del exgobernador de Córdoba con otros crímenes que estuvieran siendo investigados por el ente acusador y que estuvieran relacionados, posiblemente, con el manejo de recursos públicos en el departamento.

Sin embargo, el jurista aseguró que “más allá del tema de Alejandro Lyons, nosotros esperamos que la Fiscalía avance en otras líneas de investigación porque han pasado seis años y ninguna otra persona ha sido vinculada al caso a pesar de todas estas situaciones”.

La ONU le ha hecho seguimiento al ‘caso Zapa’ y ordenó medidas cautelares a favor de las víctimas.

El último documento enviado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el 28 de mayo de este año, indica que “las medidas cautelares por él solicitadas son jurídicamente vinculantes e imponen al Estado parte una obligación internacional”

Y añade: “(…) La existencia de un riesgo a la integridad y salud de los familiares del Sr. Zapa Pérez es suficiente para que el Estado parte deba adoptar las medidas cautelares y de protección solicitadas por el Comité”.

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Sin embargo, de acuerdo con el abogado de las víctimas, dichas medidas cautelares no se han cumplido ni el Estado colombiano se ha interesado en cumplirlas.

Por último, el documento le hace un llamado de atención al Estado y solicita información sobre el avance de los procesos y el esclarecimiento de los hechos: “el Comité solicita al Estado parte que informe acerca de los avances que se hayan producido en ella –la investigación– desde su último escrito de fecha 30 de octubre de 2017. En particular, brinde información sobre los avances durante las audiencias a comienzos del pasado mes de marzo”.

Según el abogado, dichas audiencias, como muchas otras, no se pudieron llevar a cabo y aseguró que “probablemente este año poco se avance dentro del tema del juicio”.

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