Club El Nogal: los lazos de la justicia ordinaria que intentan atar en la JEP

“¿Hasta cuándo vamos a esperar?”. Esa es la pregunta que dos décadas después varias víctimas del atentado al Club El Nogal no dejan de hacerse.

A nivel judicial, las cicatrices de lo que les pasó esa noche de febrero de 2003 aún no cierran, y para ello, tanto los directos afectados como los familiares de quienes murieron les piden a las autoridades que desenreden el nudo que hay, para así responderse varias preguntas pendientes.

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Las más importantes —según los informes que ellos mismos han elaborado— son por qué la guerrilla de las Farc decidió arremeter contra el Club, que se esclarezca la versión que hay alrededor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y cuáles son los nombres de todos los implicados que llevaron a que un carro fuera parqueado en dicho lugar con 200 kilos de explosivos, que estallaron a las 8:05 de la noche del 7 de febrero.

Las primeras investigaciones, dirigidas por la Fiscalía General de la Nación, llevaron a tener entre los principales responsables a Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa. Por ordenar el atentado, este exjefe de la columna ‘Teófilo Forero’ de las Farc —una de las más sanguinarias en el marco del conflicto armado— fue sentenciado a 40 años de prisión.

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La misma suerte corrieron los hombres que lo respaldaron en el hecho. Se trata de los condenados Herminsul Arellán Barajas, alias Pedro, y sus hermanos Fernando Arellán y Oswaldo Arellán.

Ellos fueron los que montaron el plan terrorista luego de que el ‘Paisa’ ó a Herminsul por ser uno de los explosivistas con mayor recorrido de ese entonces. Finalmente, el que entró a dejar el carro bomba fue John Freddy, primo de los hermanos Arellán que murió en el acto.

Así reposa en los expedientes que han pasado por varios despachos en la justicia ordinaria durante estos 20 años, y que ahora son tenidos en cuenta en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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En esta instancia es en la que las víctimas tienen depositada su confianza para que no solo se avance en el atentado al Club El Nogal —dentro del caso 010—, sino también para esclarecer el enredo pendiente que podría alivianar el cansancio que traen varias personas por una verdad que no consideran suficiente.

La misión está en los despachos de las magistradas Julieta Lemaitre y Marcela Giraldo, en los que se analizan, entre tantos documentos, dos informes presentados en 2018 y 2020 por Bertha Fríes, la representante de las víctimas del atentado al Club El Nogal.

Cuenta esta mujer que con los años, a medida que aumentan las cargas por las secuelas físicas y emocionales del atentado que dejó 36 muertos y 198 heridos, el lío judicial no acaba porque aún están a la espera de que los ex-Farc digan una verdad mayor. Es decir, que entreguen más datos, como por ejemplo que, si tenían infiltrados, revelen quiénes eran y cómo llegaron allí.

“Así se comenzaría a encontrar una serie de elementos para poder darnos justicia. Eso por el lado de las Farc. Y por el lado de las Auc, ¿quién los habría invitado? Si alguien lo hizo, tuvo que ser un socio, no un mesero”, le dijo Fríes a este diario.

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Su comentario parte del mar de hipótesis que se elevaron una vez empezaron las investigaciones, y es que en El Nogal, conocido en la época por ser frecuentado por políticos y del entonces gobierno del expresidente Álvaro Uribe, supuestamente se reunían servidores públicos con paramilitares.

Esa versión fue recogida por la Comisión de la Verdad en su informe final, en el que dice que ellos no obtuvieron pruebas que certifiquen dichos nexos. “Sin embargo, aunque esto fuera cierto, no justifica una acción terrorista indiscriminada”, aparece en el documento llamado No matarás.

Además, este diario conoció, por fuentes de la JEP, que hasta ahora no hay un papel que compruebe dichos encuentros entre del Gobierno y paramilitares. Eso sí, es una tesis que no se puede descartar, y que hará parte de las investigaciones que adelanten en esa jurisdicción.

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De hecho, uno de los insumos que les permitió a los funcionarios de la JEP llegar a ese balance preliminar es el listado de visitantes que durante 2002 y 2003 fueron al prestigioso club ubicado en el norte de la capital. En él aparecen varios nombres de almirantes, generales y políticos de la talla de la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez.

EL TIEMPO conoció que el hilo conductor de la JEP para estudiar este caso tiene un punto vital en las mesas de víctimas que se instalaron después del atentado, y un segundo instante se concentra en 2008, cuando ya se hablaba de la responsabilidad del ‘Paisa’ y la columna ‘Teófilo Forero’.

Desde ahí pasaron cuatro años hasta otro punto: la infiltración de agentes del CTI en la guerrilla que, según una fuente que conoce de cerca el caso, dejó como resultado que las Farc iban a cometer atentados en la ciudad. “Eso tiene que ver con el plan estratégico de cercar Bogotá que deriva de la séptima conferencia de las Farc”, contó la persona.

El reporte de 2012 no es el único cabo suelto que la justicia ha atado, ya que 10 años atrás se dio una alerta, precisamente el 23 de diciembre de 2002 —a pocos días del atentado—, cuando las Farc lanzaron por medio de internet un comunicado en el que decían que el Estado está “abriendo las puertas de la nueva institucionalidad al sicariato paramilitar, facilitándoles los clubes del norte de Bogotá para sus reuniones con jefes políticos y empresariales sin que ninguna autoridad los incomode”.

La cita aparece en una sentencia del Consejo de Estado del 2018, relacionada con el tema, en la que además se dejó claro que tras la amenaza de las Farc, el Estado falló al no tomar las medidas necesarias en El Nogal.

Y es que para ese tiempo, la Embajada de Estados Unidos, según explicó la fuente, sí tomó cartas en el asunto, y tras los mensajes de la guerrilla reforzó la seguridad de su embajadora Anne Patterson.

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Por otro lado, la JEP tiene en cuenta otra advertencia que el ‘Mono Jojoy’ compartió en 2001, cuando en medio del proceso de El Caguán dijo a sus tropas “nos pillamos en Bogotá”, haciendo énfasis en ganar presencia en zonas urbanas.

Ese tipo de lazos, mencionados en los últimos 20 años por la justicia ordinaria, desde el año pasado están en revisión de la JEP, la cual anunció que el atentado a El Nogal está entre los eventos a priorizar.

Para este año, tanto las víctimas representadas en Fríes como los despachos que tienen a cargo el caso esperan avanzar, dándole la misma relevancia que los otros hechos que cobijan al 010, como lo es el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

El antecedente con El Nogal es que Salvatore Mancuso en 2018 envió una carta pidiendo perdón a las víctimas, dejando claro que él no participó; y el encuentro del año pasado entre Bertha Fríes y Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, en el que ambos hablaron de la importancia de la reconciliación.

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Este año, una vez se instale el caso de El Nogal en la JEP, en el que ya hay algunos resultados contrastados bajo estricta reserva, vendrán las acreditaciones de víctimas, las versiones voluntarias de los comparecientes, las respectivas observaciones a esos aportes, y los contrastes a lo suministrado, para una eventual audiencia de reconocimiento.

Ese paso a paso aplicará para los 129.985 hechos que se concentran en el caso 010, en el que se estima un universo de 180.000 víctimas.

CARLOS LÓPEZ

En Twitter: @CarlosL49

Redacción Justicia