El triunfo jurídico de Colombia que pasó casi de agache / Opinión

La polémica –por decir lo menos– salida de la Agencia de Defensa Jurídica en el juicio del caso de Jineth Bedoya ante la Corte Interamericana hizo pasar casi desapercibida una de las grandes noticias de lo que va corrido del año: el triunfo de la Nación en la billonaria demanda que habían entablado los antiguos dueños de Electricaribe.

Vamos por partes. El director de la agencia, Camilo Gómez, se la jugó por poner en escena el malestar de Colombia de años con el Sistema Interamericano de Justicia, y por primera vez en décadas el Estado recusó a jueces de la Corte IDH. Y lo hizo en uno de los casos más sensibles, tanto por el carácter de la víctima –una periodista que se ha convertido en vocera de miles de mujeres en el país y en el mundo– como por la gravedad de la conducta –secuestro y violencia sexual en el marco del conflicto– y la judicialmente comprobada participación de agentes oficiales en la facilitación del secuestro, perpetrado en el 2000 por paramilitares en plena entrada de la cárcel Modelo de Bogotá.

Al final, la recusación no prosperó. Y lo más probable es que el mensaje de preocupación del Estado colombiano –por lo demás, legítimo y compartido por otros gobiernos– haya sido opacado por la sensación de supuesta insensibilidad frente al drama de las víctimas del conflicto.

Una percepción injusta porque, en las últimas dos décadas, Colombia, como ninguna otra nación del hemisferio, ha hecho enormes esfuerzos por terminar con el conflicto a través del fortalecimiento del Estado y de sendos procesos de negociación con las Auc y las Farc; y también para tratar de hacer justicia para las víctimas de la guerra, que no otra cosa han sido las jurisdicciones de Justicia y Paz, en la década pasada, y ahora la JEP. En la misma línea, nadie podría decir que Camilo Gómez, un hombre que no hizo cálculos de conveniencia para tratar de sacar adelante el malhadado proceso con las Farc en el Caguán, no haya coadyuvado siempre al propósito de un país en paz y con una mejor justicia.

Volviendo al caso de Electricaribe, el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones –Ciadi, una de las ‘grandes ligas’ del arbitramento internacional– recoge paso a paso cómo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hizo bien la tarea. En concreto, evitarle al país una condena por casi 4 billones de pesos, que equivalen a la cuarta parte de la próxima reforma tributaria, que la firma Naturgy reclamaba como compensación por supuestos daños derivados de la decisión de intervenir y luego liquidar una empresa de servicios públicos que por décadas fue sinónimo de ineficiencia y desgreño.

Los inversionistas españoles alegaban que supuestamente el Estado les cambió las reglas de juego, que incumplió supuestos acuerdos del 2014 para hacer más rentable la prestación del servicio y que la cultura del no pago que hay en la costa Atlántica hacía casi inviable el negocio. Incluso, llegaron a sostener que la intervención de Electricaribe fue una decisión del gobierno de Juan Manuel Santos para buscar un supuesto apoyo del ‘bloque costeño’ del Congreso para el proceso de paz con las Farc.

Punto por punto, la agencia y sus abogados externos desbarataron los argumentos de la demanda y demostraron que la intervención cumplió con las normas internas y con los estándares internacionales de protección de la inversión externa. Y Colombia ganó así el pleito internacional más alto que tenía en contra, aunque en el camino quedan varios, también billonarios y harto complejos, pendientes.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET