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Concepto de la Procuraduría señala que el Acuerdo de Escazú es constitucional

Ministerio Público dice que el tratado buscan facilitar a información en materia ambiental.

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Jesús blanquicet

PERIODISTA JUDICIAL17.04.2024 06:23 Actualizado: 17.04.2024 06:25

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El viceprocurador General de la Nación, Silvano Gómez Strauch, afirmó que el Acuerdo de Escazú, suscrito en Costa Rica el 4 de marzo de 2018 por 25 países, incluyendo Colombia, es compatible con la Constitución.

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En un informe enviado a la Corte Constitucional, sostuvo que las disposiciones del acuerdo, que tienen como objetivo mejorar el a la información, la participación pública y el a la justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe, son constitucionalmente válidas.

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Recordemos que el próximo 26 de abril -de manera presencial y virtual- la Sala Plena de la Corte Constitucional llevará a cabo una audiencia pública respecto al expediente correspondiente al control de constitucionalidad del tratado

Según Gómez Strauch, estas disposiciones desarrollan los principios de la 'Constitución Ecológica' y complementan los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia.

Empleadas de Migración Colombia y de la Procuraduría hicieron la denuncia — Una oficina de la Procuraduría. Foto:EL TIEMPO

El Viceprocurador destacó la razonabilidad de las medidas del acuerdo que buscan facilitar el ejercicio de los derechos de a la información ambiental, argumentando que ayudan a superar las deficiencias en la gestión ambiental que han llevado a una participación ciudadana limitada en decisiones sobre recursos naturales.

En cuanto a la participación pública en decisiones ambientales, señaló que el acuerdo optimiza los mandatos constitucionales al promover la intervención abierta e inclusiva de la ciudadanía en temas como el ordenamiento territorial, políticas ambientales y negociaciones internacionales relevantes para el medio ambiente.

Respecto a la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el viceprocurador afirmó que el Acuerdo de Escazú está en línea con la Constitución al enfatizar el deber del Estado colombiano de garantizar un entorno seguro para su actividad, así como diseñar estrategias para su defensa y protección.

Finalmente, el informe también indicó que la ley que aprobó el Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022) cumple con los requisitos constitucionales en términos de procedimiento parlamentario, consulta previa e impacto fiscal.

Jesús Blanquicet

Redacción Justicia

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