Atención: Consejo de Política Criminal avala proyecto de sometimiento de bandas

El Consejo Superior de Política Criminal emitió en la tarde de este jueves el concepto con el que avala con algunas observaciones el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales de alto impacto, iniciativa liderada por el Ministerio de Justicia.

En el documento de 13 páginas, que recoge las opiniones de los integrantes -entre ellos el fiscal general y la procuradora general-, aparece que tras un estudio del articulado, el concepto es favorable pero de todos modos hay varios reparos de por medio.

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"Lo primero a tener en cuenta es que la iniciativa legislativa bajo estudio se considera que carece de una robusta evidencia empírica, como criterio o lineamiento político criminal que debe cumplir la iniciativa, máxime cuando la propuesta conlleva un impacto serio y real en el sistema penitenciario y carcelario pues, las penas a imponer a los de las estructuras organizadas de crimen de alto impacto oscilan entre seis y ocho años de privación física de la libertad, sin lugar a la posibilidad de redención de pena", dice en el documento.

Otro de los 'peros' de los de este órgano es que el articulado no tiene claro el universo poblacional al cual está dirigida la propuesta, pues solo se habla de estructuras de alto impacto.

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"Otra observación a tener de presente es que se evidencia que la iniciativa prevé o apunta a la creación de cargos al interior de entidades como la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para poder cumplir con los propósitos del proyecto, lo que daría lugar a la necesidad de adición de recursos, pese a lo cual la exposición de motivos no hace un análisis de dicha carga presupuestal", se lee.

Sobre este punto, el Consejo comentó que cuando un proyecto conlleva una adición o un impacto fiscal, tiene que ir acompañado de un concepto del Ministerio de Hacienda, cosa que no pasó esta vez.

En otro de los apartes, relacionado a la verdad y reparación a las víctimas, los integrantes del Consejo de Política Criminal cuestionaron que los derechos para dicha población no están expresos en el articulado. Incluso, se ven reducidos o limitados, por lo cual recomendaron ampliar la participación en las etapas del proceso de sujeción a la justicia.

"No se aborda la posibilidad de reponer o apelar la aplicación del principio de oportunidad a los integrantes de las estructuras organizadas armadas de crimen de alto impacto, más si se tiene en cuenta que esta figura, la del principio de oportunidad, se torna basilar en el tratamiento que se busca brindar a los integrantes de estas organizaciones", fue la crítica.

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Otro de los temas que dio de qué hablar cuando el ministro Osuna presentó al país el proyecto fue el del tratamiento de bienes y acción de extinción del derecho de

dominio para quienes se sometan. En este punto, las crítica del Consejo son varias, una de ellas es que deben ser los jueces expertos en el tema, y no los de conocimiento, los que conozcan de los procesos.

"Por otro lado, con relación al porcentaje del 6 % de los bienes que pueden mantener quienes se sujeten a la eventual Ley, algunos consideran necesario que se debe revisar, porque la inexistencia de un tope máximo monetario, como sí existe actualmente en la Ley 1708 de 2014, podría dar lugar a un 'beneficio patrimonial' que podría ser cuestionable", dice el oficio.

Esto último fue advertido en su momento por el fiscal Francisco Barbosa, así como por el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

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Por último, se recomienda excluir de los beneficios los bienes que ya estén con medidas cautelares en manos de las autoridades. Es decir que una persona no podría inventariar propiedades dentro del proceso de sujeción si estas ya fueron decomisadas. 

Sumado a ello, frente al tema de la extradición -que también fue polémico-, algunos integrantes del Comité sugirieron aclarar si quienes se sujeten a la justicia van a ser objeto de extradición, en caso de que sean requeridos por países como Estados Unidos. 

Un fuerte reparo tiene que ver con las víctimas. La crítica está enfocada a que la participación de ellas solo tiene un rol activo en el marco del incidente de restauración del daño colectivo.

"Pero no se precisa la posibilidad de su intervención en el marco del proceso de sujeción propiamente dicho. No se desarrolla de manera detallada la intervención de la víctima en las demás etapas del proceso, lo cual puede contrarrestar los derechos de la víctima a la obtención de la verdad y al a un recurso judicial efectivo", dice.

Además, sugieren que un incidente de incumplimiento en el que eventualmente caiga quien se someta, no solamente pueda ser abierto por la Fiscalía -tal como aparece en el proyecto, sino también por las víctimas, cuando crean que no se les está cumpliendo con una reparación integral.

La decisión se conoció luego de que la procuradora general, Margarita Cabello, votó negativo en una sesión del Consejo de esta semana. Según ella, la entidad que dirige encontró siete argumentos por los cuales no tenía que emitirse un concepto favorable.

Por otro lado, el fiscal Francisco Barbosa, después de que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó el proyecto de 54 artículos, había expuesto nueve reparos a esta iniciativa, enfocados a que el ente acusador no contaría con un buen tiempo para llevar a cabo sus tareas, y a que no se puede concentrar todo el trabajo en la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía.

Sobre este grupo especial, en el concepto que emitió el Consejo se lee que otorgarle en el proyecto tareas a la UEI "altera las competencias constitucionales y legalmente asignadas" a esa dependencia, dirigida por Hernando Toro.

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Otro punto que fue cuestionado por el jefe del ente acusador tenido en cuenta por el Consejo de Política Criminal es el de las imputaciones colectivas propuestas en el artículo 25 del proyecto de ley. Según el concepto de este jueves, si la idea es solamente limitarse a imputar lo reconocido en actas individuales y colectivas de los sometidos, "se impediría adelantar labores investigativas para verificar probatoriamente la información contenida en esas actas. Lo anterior daría lugar a posibles vacíos jurídicos".

EL TIEMPO conoció en la previa a la publicación del concepto, que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia -que también tiene asiento en el Consejo- se abstuvo de emitir su postura sobre el tema.

Finalmente, con este concepto, que no es vinculante y por ende el Gobierno Nacional puede dejar el proyecto tal y como está, la discusión se tendrá que dar en el Congreso de la República, donde estarán como ponentes Alirio Uribe y Ariel Ávila, quienes participaron de la elaboración del proyecto que se enmarca en la política de 'paz total' que lidera el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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¿Quiénes podrían verse beneficiados con el proyecto? Hasta el momento, el ministro Osuna ha explicado que serían las organizaciones armadas al margen de la ley que tengan alto impacto y afecten los derechos de la ciudadanía de una manera considerable. 

Por ahora, ha trascendido que unos de los que están incluidos en esa lista son los integrantes del 'clan del Golfo', quienes no cuentan con un estatus político porque sus acciones están enfocadas únicamente a obtener rentas del narcotráfico y otras actividades criminales. Sin embargo, que no esté más claro esto es una de las críticas más fuertes que lanzaron desde el órgano de política criminal.

A la par de ello, en una carta dirigida al presidente Petro, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso cuestionó este jueves que la 'paz total' solo esté en manos del alto comisionado Danilo Rueda, temiendo además que el proyecto de sometimiento lo único que les garantice a los rearmados sea “cárcel, extradición o muerte”, como en pasadas ocasiones.

Carlos López

En Twitter: @CarlosL49