Reincidencia, reto para proyecto que permitiría a presos salir a trabajar

Continúa el debate sobre el borrador de un proyecto de ley del Ministerio de Justicia para ‘humanizar’ cárceles y que incluye varias medidas para que menos personas estén en prisión, como rebajas de la condena máxima en Colombia, despenalización de algunas conductas, y permisos para trabajar que le permitirían a los presos salir en el día y regresar en las noches a los centros de reclusión.

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Aunque el Ministerio ha defendido la iniciativa como una apuesta para la resocialización de las personas privadas de la libertad y para contribuir al deshacinamiento crítico que hay en las penitenciarías, hay varios aspectos que serían difíciles de llevar a la práctica debido a realidades como la reincidencia.

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Hoy en día, según datos del Inpec, de todas las personas condenadas que están en cárceles nacionales el 23,37 por ciento de ellos son reincidentes, es decir, están condenados nuevamente por un delito luego de que ya habían purgado tiempo en prisión.

Del mismo modo, el 17,29 por ciento de las personas que tienen prisión domiciliaria y el 13,74 por ciento de los que están con vigilancia electrónica (brazalete) también son reincidentes.

En cuanto a los delitos, el hurto es en el que más reinciden los presos, con 59.207 personas que están en cárceles como reincidentes por este delito, que es al mismo tiempo uno de los que más afecta diariamente a los ciudadanos.

Es por ese motivo que la idea de permitir que los presos salgan de permiso todos los días no termina de convencer a todos.

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De acuerdo con el borrador del proyecto de ley del Ministerio, estas salidas serían posibles a través de dos figuras que, de hecho, ya existen hoy en día en el Código Penitenciario, que son la libertad preparatoria y las franquicias preparatorias.

En la primera, el Gobierno propone que quienes hayan cumplido las cuatro quintas partes de su condena puedan salir en el día a trabajar, estudiar, o a hacer actividades comunitarias de reparación, y vuelvan en las noches a pernoctar en sus centros de detención. A esto podrían acceder los presos a quienes les hayan negado la prisión domiciliaria, que estén clasificados en fase externa de preparación para la libertad y hayan cumplido con la mitad de la pena, aunque si son reincidentes, tienen que haber cumplido al menos el 60 % de la pena.

Y en la segunda figura, sería para quienes deseen ejercer actividades de enseñanza, estudio, trabajo fuera de la cárcel a través de franquicias preparatorias que el director de la cárcel dará a los condenados que cumplan varias condiciones y se comprometan a presentarse periódicamente. Para acceder a esas franquicias las condiciones serían que les hayan negado la libertad condicional, que hayan superado la libertad preparatoria satisfactoriamente, que hayan pagado tres quintas partes de la pena y estén clasificados en fase externa de preparación para la libertad. Los reincidentes solo podrían acceder una vez hayan descontado las cinco séptimas partes de la condena.

Frente a la propuesta, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, comentó que esta propuesta de salidas a trabajar de día y regreso de noche a prisión es absolutamente inviable porque el Inpec no tiene la capacidad para garantizar la custodia y seguimiento de esos internos. Puso también de presente que este borrador de proyecto no habla de cómo resolver una crisis que internamente tiene el Inpec por la histórica alta rotación de direcciones, y caos istrativo y organizacional.

“Por eso y por no tener herramientas para custodiar a quienes sean beneficiados con esta prerrogativa, esa propuesta es inviable e imposible”, sentenció.

Añadió que tampoco se ve en el proyecto cómo se le garantizará al ciudadano que estos permisos no afectarán la seguridad, y que el riesgo de reincidencia no solo existe sino que esto es algo que viene en aumento.

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“La política criminal incumbe a diferentes escenarios, uno de ellos el de seguridad ciudadana, para nadie es un secreto que la inseguridad se ha disparado, hay delitos con importantes incrementos como el hurto, que están registrando más de 260.000 casos al año, y toda política penal y penitenciaria debe estar acorde a esas estadísticas, nuestro llamado de atención es que se haga un estudio minucioso y con base en esas estadísticas y reportes se articule una política eficiente e integral”, indicó Herrera.

En la otra orilla del debate, el abogado penalista Camilo Burbano sostuvo que las libertades y las franquicias preparatorias no se aplican a todos los delitos ni a todas las personas privadas de la libertad, sino a aquellas que hayan mostrado un proceso de socialización satisfactorio.

"Es decir, se aplica a aquellas personas que están más o menos cercanos a cumplir su pena y que tienen una posibilidad de fuga menor. Por lo tanto, no es la idea, ni es necesario, que existan funcionarios para vigilar el cumplimiento de ese beneficio", contó sobre el hecho de que no haya suficientes funcionarios para vigilar a los presos que saldrían.

Así mismo, explicó que existen muchos estudios que comprueban que "la reincidencia no está vinculada con el tiempo que una persona pasa privado de la libertad, sino con la resocialización efectiva", por lo que consideró que el tipo de beneficios contemplados en el proyecto de ley "ayudan a que esa resocialización sea eficaz y, por lo tanto, a que haya menos delincuencia".

Concluyó diciendo que aunque ya existen, las franquicias y libertades preparatorias no son las prácticas más utilizadas, y que la propuesta del borrador del proyecto permitiría "que se flexibilice la posibilidad de otorgar estos beneficios, lo que, por lo menos en teoría, haría que más personas tengan una adecuada socialización".

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