Defensoría alerta por creciente accionar de grupos ilegales en San Andrés

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el riesgo para las comunidades que habitan en San Andrés, Providencia y Santa Catalina por cuenta del fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionales.

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En la Alerta Temprana 028 del 2022 el organismo de derechos humanos presentó una radiografía de lo que pasa en la isla, en particular para los menores de edad, por el accionar de los grupos armados, que están al servicio del 'clan del Golfo', así como por la persistencia de 'los Rastrojos' y la tercerización de grupos delincuenciales locales tales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza, que mantienen su injerencia en el Archipiélago.

De acuerdo con el orgnanismo, estos grupos armados se enfrentan por el manejo de economías ilegales, lo que ha generado un incremento exacerbado de los homicidios: durante 2020 el número de homicidios ascendió a 38 y en 2021 fueron 37, lo cual superó las cifras del año 2019 (21 homicidios). Además, en los primeros 7 meses de 2022 se han registrado 11 homicidios.

“La isla vive una compleja situación derivada de las escasas oportunidades laborales y desigualdad social por el alto costo de la vida. Hay una débil infraestructura sanitaria. Las niñas, niños y adolescentes crecen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, una baja oferta educativa y algunas familias viven en asentamientos en condiciones de precariedad y hacinamiento”, destacó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

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De acuerdo con la Defensoría, todo esto ha hecho que la  niñez, los adolescentes y los jóvenes sean los más afectados y no solo sean utilizados para las labores de transporte de drogas, también son instrumentalizados para el sicariato, el cobro extorsivo, las amenazas y los hurtos.

La comunidad también ha denunciado más casos de violencia y explotación sexual comercial de mujeres, niñas y niños y adolescentes raizales que están relacionados con el turismo y las condiciones de pobreza de las víctimas. Otra expresión de violencia que detectó la Alerta Temprana es el tráfico ilegal de migrantes que es manejado por organizaciones ilegales.

Del mismo modo, la entidad señaló que los líderes sociales, comunitarios y personas defensoras de los derechos humanos también están en riesgo, pues el monitoreo detectó agresiones contra líderes que realizan actividades de veeduría ciudadana y denuncia pública por corrupción. También se detectó que se afecta el trabajo comunitario por las amenazas de las bandas criminales.

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“Hemos hecho 26 recomendaciones a distintas autoridades civiles y fuerza pública para que se garanticen los derechos humanos de las comunidades en el departamento de San Andrés. Esperamos acciones inmediatas efectivas de las autoridades en favor de esta comunidad y en particular de los menores de edad”, manifestó Camargo.

Dentro de las recomendaciones de la Alerta Temprana está diseñar una estrategia de fortalecimiento de la interlocución con la población raizal, capacitar a de instituciones para que persigan los delitos relacionados con los fenómenos de trata de personas y tráfico de migrantes. También se pidió atención y reparación integral a las víctimas y acciones de prevención para que los adolescentes y jóvenes no entren a los grupos armados y delincuenciales.

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Finalmente, el Defensor del Pueblo manifestó que una de las mayores preocupaciones está relacionada con la nueva ruta de migrantes venezolanos que llegan a San Andrés con rumbo hacia Centroamérica y Estados Unidos, dado el riesgo de ser víctimas de trata de personas, entre otros delitos, por cuenta de las organizaciones criminales que tiene presencia en el archipiélago.