Disminuir desigualdad, proteger a comunidades y sancionar crímenes contra los DD. HH.: los llamados de la CIDH a Colombia

Una extrema desigualdad y discriminación estructural, relacionadas con el conflicto armado, pero también un avance en la implementación del Acuerdo de Paz, hacen parte de las observaciones preliminares que publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la visita que realizó entre el 15 y el 19 de abril a Colombia, para observar la situación de derechos humanos.

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“En Colombia se ha consolidado una cultura de la violencia como consecuencia del largo conflicto armado que ha afectado a sucesivas generaciones desde hace 65 años. La normalización de la violencia conlleva a que se acuda a ella, inclusive como un medio ordinario de resolución de conflictos”, se lee en el documento de 35 páginas que contiene las observaciones preliminares.

El documento añade que las violaciones a los derechos humanos observadas “tienen como común denominador la violencia vinculada al conflicto armado, y la derivada de la cultura patriarcal, racista y clasista, que persiste en someter a los sujetos sobre los cuales se ejerce esa violencia”.

Es de recordar que durante los cinco días de la visita, la CIDH estuvo en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, en los cuales entabló 50 diálogos con las autoridades de los diferentes poderes del Estado y sostuvo 45 espacios de escucha con pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas, personas defensoras y con liderazgo social y comunitario, organizaciones vinculadas con los derechos de las mujeres, personas LGBTI, víctimas de desplazamiento forzado, entre otras.

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La Comisión también sostuvo diálogos con sindicatos y gremios, representantes de la academia y organizaciones internacionales, y observó la situación de derechos humanos en las cárceles de Riohacha, y en La Modelo y El Buen Pastor, en Bogotá; también visitó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Fonseca, La Guajira, entre otros espacios.

La delegación de la visita in loco estuvo liderada por la presidenta de la CIDH, comisionada Roberta Clarke; el segundo vicepresidente y relator para Colombia, José Luis Caballero; los comisionados Stuardo Ralón y Arif Bulkan, y las comisionadas Andrea Pochak y Gloria De Mees, junto a la Secretaria Ejecutiva, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, la Jefa de Gabinete, y los relatores especiales para la Libertad de Expresión y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En las conclusiones del informe de observaciones se menciona así mismo que el Estado ha tenido “un rol fundamental en la consolidación de esta cultura de la violencia”. Esto porque la respuesta histórica del Estado al conflicto armado “se caracterizó por un énfasis punitivo y bélico que prioriza la confrontación armada”, dice la CIDH, que añade que ese enfoque de “mano dura alejado de una seguridad multidimensional, profundizó el conflicto y contribuyó a la consolidación de esta sociabilidad violenta que ha debilitado la confianza en las instituciones y ha fomentado una polarización política”.

La Comisión también indica que la violencia institucional del Estado se expresa en la negación del reconocimiento de la diversidad étnica, racial, de género y de identidades sexuales existentes en el país; así como en limitados esfuerzos redistributivos.

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“La normalización de la violencia y la desconfianza hacia el Estado son fenómenos complejos que pueden superarse con espacios de diálogo constructivo que procuren la búsqueda de consensos y un enfoque de seguridad humana. Es decir, un paradigma que además de centrarse en la prevención y represión del crimen, respete y garantice los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales desde enfoques territoriales, de género, e interculturales, y que atiendan a las necesidades de personas y grupos que han sido históricamente discriminados”, dice el documento.

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En todo caso, se indica que es fundamental que el Estado se haga presente en los territorios, de manera coordinada con las autoridades departamentales y municipales, y asegure la viabilidad de proyectos productivos.

Sobre un aspecto de la implementación del acuerdo de paz, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la Comisión dice que debe ser complementada con un abordaje regional, junto con el enfoque de derechos humanos incorporados en la nueva política nacional de drogas de Colombia.

“La Comisión reafirma su apoyo a toda política de Estado que tenga por objeto alcanzar la paz a partir del diálogo participativo y el respeto a los derechos humanos”, dice el documento.

Tras presentar sus hallazgos preliminares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló varias recomendaciones al Estado, como desarrollar políticas redistributivas que garanticen el pleno a los derechos y disminuyan la desigualdad, así como a fortalecer su presencia integral en todo territorio.

Así mismo, se hizo un llamado a Colombia para cumplir con la obligación internacional de proteger la vida e integridad de las personas en todo el territorio nacional, y de “tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades, en particular en aquellos territorios en los que se hayan decretado ceses al fuego bilaterales”.

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Otra recomendación fue la de "alinear las nuevas negociaciones de paz con grupos armados a la ruta establecida en el Acuerdo de Paz de 2016", y fortalecer la coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, garantizando la participación efectiva de las comunidades.

Del mismo modo, se hizo hincapié en que se investigue, juzgue y sancione “a los autores materiales e intelectuales responsables de graves violaciones de derechos humanos con enfoque intercultural, de género y generacional”.