El escandaloso pleito por acoso laboral del exsecretario ejecutivo de la JEP Néstor Raúl Correa: pide reintegro y millonaria indemnización

El exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, Néstor Raúl Correa, perdió en noviembre de 2023 una demanda con la que esperaba una millonaria indemnización, que lo reintegraran al cargo y que condenaran a la JEP, por el presunto acoso laboral que habría sufrido durante su paso por el tribunal de justicia transicional.

Correa, que sólo duró 14 meses en la JEP por las profundas diferencias que sostuvo con la entonces presidenta Patricia Linares, pretendía, con esta demanda, que se revocara el acto istrativo con el que le aceptaron su renuncia, el 12 de abril del año 2018, alegando que la misma fue "inducida" por supuestas presiones y por el acoso laboral que sufrió de parte de la magistrada Linares.

Según Correa, la magistrada tuvo una conducta persistente, "encaminada a infundirle angustia" y a provocar su renuncia. Agrega que Linares, supuestamente, lo maltrató y lo persiguió con comunicados de prensa y declaraciones en medios de comunicación "injuriosas y ultrajantes", que lesionaron su integridad moral y su buen nombre.

Pese a todas las alegaciones de Correa, el fallo de primera instancia del Tribunal istrativo de Cundinamarca desestimó sus pretensiones alegando que él nunca formuló queja o denuncia alguna por estos hechos y que su renuncia "fue un acto propio, libre, voluntario y espontáneo, sin que se haya acreditado fuerza, coacción o vicio por parte de la presidenta de la entidad demandada o de algún otro funcionario".

"Analizadas las pruebas obrantes en el proceso no encuentra esta Sala de decisión que las conductas desplegadas por los magistrados de la JEP constituyan acoso laboral, ni está demostrado que el señor Correa Henao fue perseguido, constreñido o presionado para presentar su carta de renuncia, ya que como se indicó se observa que existió diferencias de criterio en lo concerniente a la organización, funcionamiento y dirección de la Jurisdicción Especial para la Paz entre el demandante y los magistrados", agrega el fallo.

El Tribunal no acogió la indemnización por perjuicios por 100 salarios mínimos que Correa pretendía para él y para cada uno de los integrantes de su familia: su esposa y  sus dos hijos. Indemnización que hoy superaría los 400 millones de pesos.

Según Correa, desde la JEP comenzaron a atacarlo cuando él habló sobre una supuesta "toma burocrática" del Comité Estratégico de dicha jurisdicción.

Relata el exsecretario en el expediente que hubo varios actos de presión en su contra. Entre ellos enumera los correos electrónicos en los que magistrados manifestaron que pretendían excluir su cargo del órgano de gobierno de la JEP. También denunció que recortaron su periodo de cuatro a dos años y que, apenas salió de la JEP, restauraron el periodo del secretario a cuatro años.

El jurista también aseguró ante el Tribunal de Cundinamarca que Linares expidió un comunicado asegurando que él era “delincuente, chantajista e incompetente". 

El apoderado de la JEP Carlos Arturo Orjuela, exconsejero de Estado, explicó en primera medida que la separación del secretario ejecutivo del órgano de gobierno de la JEP se produjo por el fallo de la Corte Constitucional C674 de 2017. También advirtió que no es cierto que hayan modificado el reglamento sobre la duración del cargo del secretario cuando se produjo la salida de Correa.

"No se puede derivar un comportamiento que se catalogue como acoso laboral por parte de la Plenaria de la JEP, o con fines personales a favor de terceros o influidos por una causa adversa al cumplimiento efectivo de los deberes públicos, como lo pretende hacer ver el demandante", expresó el abogado Orjuela.

Finalmente precisó que Correa radicó su renuncia "sin que en la misma expresara la existencia de presiones, maltrato o acoso laboral que lo hubieren obligado a retirarse del cargo que ocupaba, de lo que se concluye que el acto de aceptación carece de todos los defectos que se le endilgan".

Gustavo Gómez Aranguren, apoderado de Correa, apeló el fallo del Tribunal manifestando que "si la sentencia de primera instancia hubiese valorado todas las pruebas en conjunto, habría advertido sin dificultad que ellas apuntaban a demostrar el sistemático y prolongado maltrato y persecución a Correa por parte de la JEP".

Gómez aseguró que no atendieron una contundente prueba testimonial del exfuncionario de la Secretaría Ejecutiva Julián Trujillo. "En un primer momento cuando apenas fueron seleccionados los magistrados por el comité de escogencia, que no eran

ni siquiera funcionarios públicos, fue un momento muy amable, hubo evento, recepciones, momentos de planeación, de mucha ilusión, de trabajo en equipo; pero luego, cuando ya estuvieron posesionados en propiedad en sus cargos, la relación empezó a transformarse y se volvió un calvario principalmente para Néstor Raúl que era el que lidiaba directamente con la presidenta", declaró Trujillo. 

Este escandaloso caso deberá ser resuelto por el Consejo de Estado que asignó como ponente al magistrado Juan Enrique Bedoya.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia @JusticiaET anacue@eltiempo.com