El oficio de la Procuraduría en el que cuestionan 'hallazgos fiscales inexistentes' de la Contraloría en informe sobre pagos de EPS

La Procuraduría General de la Nación le envió al contralor Carlos Hernán Rodríguez un documento en el que le hace saber que hay inconsistencias en el informe que elaboró el ente de control fiscal, en el que se documentaron irregularidades por cerca de 6 billones de pesos por mal uso de recursos del sistema de salud.

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La Contraloría recogió en su informe que las EPS pagaron un total de 5,4 billones de pesos en deudas de años pasados con recursos actuales, algo que se traduce en una indebida apropiación de recursos. “Las deudas de las EPS con las IPS son deudas privadas que no son del Estado ni del sistema y no deben sufragarse con recursos de la salud, por lo que no es isible que con recursos de una vigencia se paguen deudas de vigencias anteriores”, indicó Rodríguez a comienzos de agosto del año pasado.

Una de las EPS expuestas por esta entidad que incurrió en esa práctica es la EPS S.O.S., que pagó deudas por 86.000 millones de pesos con recursos excedentes de la UPC del año 2020.

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Por su parte, la Procuraduría acaba de hacer lo suyo, y en el oficio de 12 páginas conocido por EL TIEMPO y remitido a Carlos Hernán Rodríguez indican que el informe de auditoría hecho por la Contraloría cuestionó "sin sustento alguno" que durante la vigencia 2020, las EPS pagaran deudas de vigencias anteriores con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Es decir, los 5,4 billones de pesos.

"Con relación a este hallazgo que representa el 95% del valor de los reproches de orden fiscal de ese organismo de control, esta Procuraduría Delegada ha podido advertir un grave desacierto por parte del equipo auditor al considerar que a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) les pueda resultar aplicable el principio de anualidad del Presupuesto General de la Nación como se expondrá a continuación", se lee en oficio firmado por Diana Ojeda.

Para el Ministerio Público, un argumento que apoya su postura es que las Entidades as de Planes de Beneficios (EAPB) del sector salud, que comprenden las EPS, no conforman el Presupuesto General de la Nación, por lo cual no saben cuál es el sustento legal con el que la Contraloría aseguró que a las EPS les aplican estas normas como la del principio de anualidad, que sí rige para la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

"No existe duda alguna con relación a que los recursos de la UPC destinados a la prestación de los servicios de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, son parafiscales, públicos y de destinación específica, no obstante, no se encontró nexo alguno entre esta disposición legal y los hallazgos fiscales relacionados con la 'ilegalidad' o la 'desviación de recursos' asociados al pago durante la vigencia 2020, de facturas por prestación de servicios de salud de vigencias anteriores, como se expuso precedentemente", se añade en el oficio.

La Procuraduría también llamó la atención en que en 30 años de operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, esta es la primera vez que plantea que a las EPS puede aplicarles el principio de anualidad. Aunque para ellos las dudas sobre esto ya fueron zanjadas por el Ministerio de Hacienda en agosto pasado, cuando respondió un pedido de la interventora de Famisanar EPS, la cual hizo dos preguntas ligadas al cuestionado informe de la Contraloría. En esa respuesta se recalcó que las EPS no tienen que regirse por el principio de anualidad.

Otro capítulo lo dedica el Ministerio Público a hablar del hallazgo fiscal ligado a los pagos efectuados por la Nueva EPS con recursos del 10 por ciento de la UPC. En este punto también Ojeda expresos observaciones a la Contraloría que sacó junto a su equipo. "El equipo auditor, reportó como 'hallazgo fiscal' los gastos istrativos de la Nueva EPS, financiados con el 10% de la UPC, que así operan todas las EPS, porque legalmente y como es de público conocimiento, están claramente destinados a dicho fin desde hace más de una década, y que por primera vez este tipo de gasto es objeto de reproche fiscal por la Contraloría", cierra el oficio.

A manera de cierre y para que lo tengan en cuenta, la Procuraduría resumió que el informe de la Contraloría "conduce a otros inexistentes hallazgos fiscales, también como resultado de la ausencia de rigor en la aplicación de las reglas contenidas en la Guía de Actuaciones Especiales de Fiscalización en el Marco de las ISSAI, que establece el procedimiento interno de la Contraloría General de la República para este tipo de actuaciones".

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]