El papel con el que Cancillería pide anular fallo sobre Verónica Alcocer como embajadora

El fallo se profirió el pasado 25 de abril y en él se aclaró que el presidente Gustavo Petro, al ser el cónyugue de Alcocer, no podía designarla en esa misión especial que le permitió viajar a una reunión con el papa Francisco.

Esa designación, para la mayoría de magistrados que participaron del debate, iba en contra del artículo 126 de la Constitución Política, que dice que "no podrán en ejercicio de sus funciones nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente".

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Sin embargo, EL TIEMPO conoció que la Cancillería ahora busca que se declare la nulidad de esa sentencia, argumentando que se le vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa al no haber sido notificados para el debate.

Es decir, que se tumbe todo el proceso que inició con la demanda de Harold Sua contra el Decreto 0035 de 2023 (el de Verónica Alcocer como embajadora especial), y por ende se "profiera un nuevo auto isorio en donde se vincule en calidad de demandado a la Nación Ministerio de Relaciones Exteriores".

El expediente tiene el antecedente de que para la Procuraduría General de la Nación, la demanda estaba llamada a prosperar, ya que el acto istrativo que permitió el viaje fue “expedido con infracción de las normas en que debería fundarse y, en consecuencia, reunir los presupuestos de los artículos 137 y 275 del Código de procedimiento istrativo y de lo contencioso istrativo”.

Y añadió que el artículo 126 de la Constitución fijó límites a los servidores públicos, bajo el entendido de que "no todo vale".

El documento de la Cancillería está firmado por el abogado Jorge Barrios, quien representa los intereses de la cartera del Ejecutivo. En él, Barrios explica que como el Decreto 00035 lo emitieron el Presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta cartera tenía que haber sido vinculada al caso.

"La no vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su calidad de litisconsorcio pasivo necesario, materializa una defectuosa notificación insubsanable, como defecto procedimental", dice el oficio.

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Y añaden que en ese sentido, "se concluye que al ser un requisito de expedición del acto de comisión demandado, contener la firma del Ministro del ramo, en este caso: Relaciones Exteriores, es necesaria la vinculación de este Ministerio en cualquier acción que recaiga sobre el decreto demandado".

Para sustentar su petición, la Cancillería también trajo a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente al tema, la cual tendrá que evaluar la justicia para decidir si tiene o no razón el abogado.

El documento con el que la Cancillería pretende que se le garanticen el derecho a la defensa y al debido proceso fue radicado el 2 de mayo, y llegó este lunes al despacho del magistrado ponente, Luis Manuel Lasso, para el respectivo trámite.
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​Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]