El recurso con el que general procesado por corrupción busca volver al Ejército

En febrero del año pasado la Fiscalía ocupó propiedades del general en retiro del Ejército Jorge Horacio Romero Pinzón, avaluados en mil millones de pesos. El alto oficial, que estuvo casi 35 años en el Ejército, es señalado de graves hechos de corrupción estando como comandante de la Cuarta Brigada con sede en Medellín (Antioquia).

Según la investigación de la Fiscalía los hechos por los que es procesado el exmilitar se cometieron entre 2016 y 2017. "Las investigaciones dan cuenta de que habría recibido dádivas por la adjudicación de varios contratos o convenios para cubrir diversas necesidades de las instalaciones o mantenimiento de los vehículos militares", aseguró el ente acusador en su momento.

El proceso contra el general Romero Pinzón sigue su curso en la Corte Suprema de Justicia, y ya se encuentra en etapa de juicio.

El general fue llamado a calificar servicios en julio de 2019. De hecho, el general Romero Pinzón estuvo capturado por 17 meses, y en enero de 2020 recuperó su libertad por vencimiento de términos, luego que la Fiscalía le imputara (agosto de 2019), los delitos de: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio y concierto para delinquir agravado. 

Luego de que el oficial fue capturado y estalló el escándalo por presuntas irregularidades en la contratación, se conoció que el Ejército lo llamó a calificar servicio usando las facultades discrecionales establecidas en la ley.

El retiro de hizo oficial mediante el decreto 1254 del 16 de julio de 2019, con lo que terminó la carrera militar del general Romero Pinzón. 

En febrero de 2020 llegó una demanda de los representantes del exmilitar al Tribunal Superior de Cundinamarca con la que buscan que se decrete la nulidad de ese decreto que se reintegre al Ejército, reconociendo los sueldos y prestaciones que ha dejado de percibir desde su retiro. Además que se tenga en cuenta ese tiempo para un eventual ascenso de grado. 

Se argumenta en el recurso que existe una desviación de poder y una falsa motivación sobre las funciones asignadas al exmilitar que llevaron a su retiro y se pidieron pruebas "encamindadas a demostrar el cumplimiento estricto de todas las funciones que le fueron asignadas en el grado de general y en muestra de que el acto istrativo

carece de sustento fáctico especifico y contradice la realidad".

Además piden que al oficial en retiro se le conceda el pago de una indemnización: "Lucro Cesante: a título de lucro cesante se solicita sea cancelada una suma equivalente a los salarios dejados de percibir por el Brigadier General JORGE HORACIO ROMERO PINZÓN desde el momento de su retiro de conformidad con la escala salarial fijada para el Grado de Brigadier General o superior si se configuraran las condiciones de tiempo ascenso al momento de proferir la sentencia, actualizada de acuerdo con la inflación presentada desde el momento de su retiro hasta el momento en el cual se emita la providencia definitiva y aumentada en un 25% correspondiente”.

El despacho de la magistrada Carmen Alicia Rengifo Sanguino aceptó la demanda de los representantes del exmilitar y ordenó la práctica de pruebas que incluyen la entrega de los folios de vida del oficial en retiro, sus funciones y cargos ocupados y el decreto con el que fue retirado.

En el proceso aún no se han escuchado las explicaciones de las partes demandadas: la nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército.

Al tiempo que avanza la demanda en la jurisdicción istrativa, en la Corte Suprema se lleva adelante el juicio en su contra por los señalamientos de la Fiscalía.

@JusticiaET