Están activos 374 casos por corrupción electoral: fiscal Barbosa

En entrevista con EL TIEMPO, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refiere al proceso electoral, la extradición de 'Otoniel', el caso del expresidente Álvaro Uribe, así como el escándalo de Centros Poblados, entre otros.

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Barbosa dijo que "el país ha avanzado, muy a pesar de los problemas que persisten, en el fortalecimiento de un Estado que garantiza unas elecciones tranquilas y, por supuesto, en estrategias de investigación penal eficientes".

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Mire, la Fiscalía tiene un papel secundario y formal en el trámite de extradición pues la decisión final depende de la Corte Suprema y del Gobierno Nacional. Sin embargo, déjeme decirle que esa que usted menciona es una lectura bastante imprecisa de esta herramienta. La presencia de criminales como ‘Otoniel’ en territorio colombiano no contribuye por sí sola a garantizar los derechos de las víctimas, debido a que no existe la seguridad de que acepte su responsabilidad ni colabore con la justicia para que se esclarezcan plenamente sus conductas. Esto quedó claro en el concepto de la Corte.

Quien permanece en Colombia, pero se niega a entregar información a las autoridades judiciales sobre sus crímenes, no ayuda más a las víctimas que quien resulta extraditado. Por el contrario, una persona detenida en cárceles extranjeras puede tomar la decisión de colaborar con las autoridades judiciales de Colombia, para lo cual bastará con hacer uso de los mecanismos de cooperación internacional como la asistencia judicial y de las tecnologías de la información.

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La colaboración que el procesado pueda brindar a la justicia no depende entonces del lugar donde se encuentre, sino de su disposición a reparar los perjuicios causados con su conducta delictiva. Vale la pena recordar que la extradición de un ciudadano no inhibe la continuación de las investigaciones penales en su contra ni el ejercicio de la acción penal en Colombia, en orden a obtener decisiones que satisfagan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Como el país sabe, la Fiscalía cuenta con una estrategia integral y articulada en materia de delitos que afecten los certámenes electorales del 2022, compuesta por varias líneas que van más allá de la típica corrupción electoral, pues abarcan ejes como las amenazas y los atentados en contra de candidatos –principalmente las candidaturas derivadas del acuerdo de paz–, los delitos informáticos, entre otros.

En el eje de corrupción y delitos contra la participación democrática, en sentido estricto, tenemos activos 374 casos, la gran mayoría de ellos por constreñimiento y corrupción al sufragante, concentrados en su mayoría en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Santander y Atlántico, algunos ya con índices de esclarecimiento. La Fiscalía cuenta con plataformas interinstitucionales especialmente diseñadas para recibir y analizar todas estas denuncias y la información relacionada con ellas.

Sobre el resto de fenómenos de criminalidad que afectan los comicios, déjeme decirle que, al menos en los temas más sensibles, el país ha tenido un buen comportamiento en comparación con otros años. En términos de denuncias atendidas en estas materias, el volumen de criminalidad ha sido mucho menor de lo esperado. Eso quiere decir que el país ha avanzado, muy a pesar de los problemas que persisten, en el fortalecimiento de un Estado que garantiza unas elecciones tranquilas y, por supuesto, en estrategias de investigación penal eficientes.

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Desde luego, existen regiones en las que los grupos armados organizados tienen incidencia. El combate y desarticulación de estas estructuras (en sus componentes militar, financiero y político) es una tarea de todas las instituciones del Estado colombiano.

Ya están capturadas e imputadas varias de las personas que tuvieron que ver con ese hecho. El último de ellos fue Jorge Enrique Benavides, que ya cuenta con medida de aseguramiento. Es importante precisar que, frente al anticipo de 70.000 millones, se logró verificar por parte del equipo investigador de la Fiscalía una apropiación de 15.200 millones que fueron usados en obras de arte, apartamentos, alquiler de aviones, compras de vehículos y préstamos personales.

Ese monto es el que se imputa a los procesados. Y, de acuerdo con las facturas presentadas por la unión temporal, se evidencia que también fueron comprados equipos como es solares, baterías y otros insumos para la instalación de los centros digitales.

Hay que recordar que las imputaciones deben soportarse en la suficiencia probatoria con la que cuente la correspondiente indagación en cada caso concreto. Esto, sin perjuicio de las acciones istrativas o fiscales, que tienen una connotación diferente a la penal. Respecto a la recuperación de ese dinero, están avanzado los acuerdos con los procesados para que, según su apropiación, reintegren dichas sumas. Existe un plan diseñado para este reintegro y la idea es que pronto se comiencen a realizar los desembolsos respectivos.

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La justicia penal ha venido actuando con eficacia en estos casos. Es importante entender que la solidez probatoria de las investigaciones es lo que ha permitido lograr fórmulas de terminación anticipada del proceso, que redundan en mayor agilidad y economía procesal.

Por supuesto, se trata de estrategias que hacen parte del marco de autonomía e independencia de nuestros fiscales delegados.

Aparte de los casos que el país conoce, aunque existen otras indagaciones, no tenemos más líneas investigativas en las cuales se vaya a tomar prontamente una decisión.

Sobre ese punto, las indagaciones están en una etapa muy preliminar, es decir, apenas comenzando, de modo que no hay mucho que le pueda decir al respecto. Sin embargo, el país sabe que el rastreo y la persecución de las finanzas criminales, con todas las herramientas que nos ofrece la ley, es una de las estrategias centrales de esta Fiscalía.

Muy brevemente, no voy a entrar en controversias con las víctimas y sus apoderados en este caso en relación con lo que sigue tras la decisión que negó la solicitud de preclusión. El caso está en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema que cuenta con las más altas calidades profesionales, a quien se asignó especialmente la investigación en virtud de su trayectoria única como juez y como fiscal de carrera, tras un estudio juicioso de diferentes hojas de vida.

Las interpretaciones y controversias que tengan las víctimas deben plantearse dentro del proceso. Por nuestra parte, respaldo al fiscal delegado y respeto a su autonomía e independencia, tanto en el desarrollo de sus actos de investigación como en la toma de las decisiones que en derecho correspondan.

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Avanzamos con rapidez y determinación. Tenemos un equipo interinstitucional liderado por la señora Vicefiscal, que cuenta con un grupo investigativo especializado, compuesto por nuestro CTI y la Policía. En estos casos, la inmediatez de los actos de investigación es fundamental.

Durante las primeras 24 horas, después de sucedido el homicidio, el personal de policía judicial obtuvo más de 100 elementos materiales probatorios y evidencia técnica, que han sido importantes para conocer detalles sobre los posibles autores materiales del homicidio y tener claridad respecto a sus determinadores.

A esto se sumó una comisión del Ministerio Público y de la Policía de Paraguay que viajó a Cartagena, además de un componente de las agencias de Estados Unidos, a efectos de lograr el intercambio de información que permita a las instituciones de cada país avanzar de manera conjunta, en el marco de sus competencias. No le puedo dar muchos detalles, pero la hipótesis acerca de la relación de los hechos con el rol que desempeñó el doctor Pecci como fiscal de su país es clave para nosotros.

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En esa medida, es fundamental caracterizar a la organización criminal que podría estar detrás de esto, sus móviles y su componente financiero. Eso es, en resumen, lo que le puedo contar. Toda nuestra solidaridad con Paraguay. Esto es un hecho que nos ha conmovido profundamente y que estamos trabajando para esclarecer. Que no se llame a equívocos: hoy, más que nunca, debemos persistir en el trabajo investigativo y judicial conjunto para el impacto y la desarticulación de las organizaciones criminales y sus economías ilícitas. Es el imperio de la ley y el Estado de derecho en la región lo que está en juego

Sostuvimos encuentros fundamentales para profundizar la fluida relación de cooperación judicial que tenemos con los Estados Unidos. La reunión con el fiscal general de ese país, Merrick B. Garland, demuestra nuestra cercanía con el Departamento de Justicia, principal aliado de la Fiscalía General y de Colombia en la investigación y judicialización de los más grandes narcotraficantes y criminales que atentan contra la ciudadanía y tratan de burlar la institucionalidad. En aquel encuentro nos acompañó también la a de la DEA, Anne Milgram. Pudimos además reunirnos con el director del FBI, Christopher Wray, con quien afianzamos la labor articulada con esa agencia y ratificamos el compromiso mutuo de cooperación.

En Washington también renovamos nuestras alianzas para continuar investigando conductas relacionadas con lavado de dinero a través de operaciones comerciales y el uso de criptomonedas para financiar actividades delictivas, así como luchar contra la explotación infantil, el turismo sexual, el tráfico de migrantes y la trata de personas. Fue una jornada muy fructífera en términos de estrategias conjuntas contra la criminalidad organizada transnacional y sus economías ilícitas.

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Aprovechamos los encuentros sostenidos para identificar oportunidades de formación y capacitación para fiscales, investigadores y analistas de la Fiscalía de manera que podamos construir casos cada vez más sólidos con base en evidencia probatoria. Esto incluye no solo entrenamiento, sino el fortalecimiento de plataformas tecnológicas de investigación (software y hardware), así como la conformación de grupos transnacionales que facilitan la investigación conjunta y el intercambio de información.

Con IRS tenemos una estrecha relación en investigación de delitos fiscales y financieros, el lavado de activos y la extinción de dominio. En la Fiscalía contamos con el Grupo de Investigaciones Financieras, de carácter transnacional, en cooperación con IRS. Este fue creado con el propósito de detectar, perseguir y desmantelar organizaciones criminales transnacionales dedicadas al lavado de activos y a los delitos financieros. En este marco, se emplean técnicas especiales de investigación y entregas controladas, entre otras.

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