A finales de enero y casi 12 años después de que estallara el escándalo de corrupción que llevó a la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), un juez condenó a 23 años de prisión al exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Luis Fernando Sáchica Méndez.
El abogado, miembro de una prestigiosa familia de juristas, fue encontrado culpable de las irregularidades en la adjudicación de estaciones de combustible, una sociedad y siete embarcaciones que habían sido ocupadas por la Fiscalía bajo sospecha de haber sido adquiridas con dinero de actividades ilegales.
En 2009, luego de que estalló el escándalo por las irregularidades en la adjudicación de bienes decomisados por las autoridades, empezaron a aparecer los nombres de más de 10 reconocidos políticos señalados de hacer de la DNE un fortín burocrático en el que se entregaba a dedo el manejo de millonarios negocios. Sin embargo, la justicia llegó a muy pocas condenas contra los poderosos mencionados en el caso de corrupción.
En octubre del año pasado, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al representante a la Cámara por el departamento de Boyacá Gustavo Hernán Puentes Díaz a una pena de 5 años y 7 meses de prisión, por haber usado su rol de congresista, entre 2008 y 2010, para influir indebidamente ante dos directivos de la DNE para que designaran como depositarios a dos amigos y colaboradores políticos suyos.
La misma Corte se inhibió en abril del 2020 para seguir la investigación contra la exsenadora Karime Mota, quien era investigada por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El alto tribunal ya le había cerrado los procesos a la excongresista Lucero Cortés, al exdirector del Partido Conservador Hernán Francisco Andrade, a la senadora Mirian Alicia Paredes, investigada por la entrega de un bien a su hermano, y al excongresista Eduardo Enrique Maya, investigado por tráfico de influencias y a quien la Procuraduría también le cerró una investigación disciplinaria por los mismos hechos.
Las investigaciones y los avances judiciales se dieron en los casos de algunos depositarios y de los entonces directivos de la DNE, señalados de usar sus cargos para incurrir en delitos.
El excongresista conservador y exdirector de la DNE Carlos Albornoz Guerrero fue condenado a 19 años y 11 meses de prisión, y el también exdirector Ómar Figueroa, que se convirtió en testigo de la Fiscalía, fue sentenciado a 9 años de cárcel.
Con el tiempo, los procesos han ido prescribiendo, como pasó con la investigación contra el exsenador y exasesor de la DNE Jairo Coral Romo.
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