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Los graves señalamientos de la Fiscalía en imputación contra María Isabel Urrutia
Le reprochó instrucciones frente a la terminación de 104 contratos. Exministra no aceptó cargos.
María Isabel Urrutia, exministra del Deporte. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO
La Fiscalía le imputó el cargo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia por las presuntas irregularidades registradas en 104 contratos firmados en tiempo récord en esa cartera, cargo que la exministra no aceptó.
El fiscal del caso señaló que fue la entonces ministra la que dio las instrucciones con "un inusitado afán", para que esos contratos se cancelaran y se volvieran a firmar con las mismas personas pero con un tiempo más largo de vigencia.
Cuestionó la Fiscalía que esa operación, que llevó a que se tuvieran que firmar varios otrosí, se registró entre el 2 y el 6 de marzo, luego de que se hizo pública la decisión del presidente Gustavo Petro de pedir la renuncia de la entonces ministra.
En la diligencia se señaló que en los documentos que justificaron la terminación de los contratos se encontró que en todos la razón fue por motivos personales.
Petro confirmó desde Catam el hallazgo de los niños. Foto:Presidencia
Añadió el fiscal que la verdadera razón de esa terminación de contratos era que los contratistas "afines" a la ministra se pudieran "beneficiar en un procedimiento irregular e ilegal" de un tiempo mayor en sus cargos.
Esto lo sustentó señalando que luego todas esas personas volvieron a firmar los mismos contratos en los que lo único que cambiaba era el tiempo para su ejecución asegurando que contratos por cuatro meses terminaran siendo por un año.
Igualmente se cuestionó que la misma certificación fue usada en todos los casos justificando que en la entidad no se tenía el personal para asumir esos cargos y por eso se requería la contratación externa.
"Los contratos no obedecieron a una necesidad justificada", dijo el representante de la Fiscalía tras señalar que esas maniobras correspondieron a la "voluntad dolosa de la exministra para dirigir esos contratos".
Igualmente se encontró que los contratistas presentaron para la firma de los nuevos contratos, las mismas certificaciones sobre pagos a pensiones y salud, los cuales para la Fiscalía en ese momento ya no eran válidos.
Así mismo, dijo el fiscal, la exfuncionaria procedió de forma arbitraria y fue "deshonesta con la la función pública" dejando de lado sus responsabilidades para beneficiar a los 104 contratistas. Además incurrió en abuso de poder.