La Fiscalía pidió oficialmente al Inpec que traslade a una cárcel al exalcalde de Bogotá
Samuel Moreno,
condenado por el ‘carrusel’ de la contratación, y al contratista Andrés Jaramillo López, procesado por el mismo escándalo de corrupción.Con ellos, la Fiscalía inició una revisión de todos los procesos por corrupción en los que los condenados o investigados están en unidades militares o de policía y quienes, a juicio del ente acusador, deben estar en centros carcelarios.
Altas fuentes de la Fiscalía señalaron que ya se hizo la petición para que se realice el traslado de Moreno, quien cumple una condena de 24 años de cárcel en la Escuela de Carabineros de la Policía, en el oriente de Bogotá.
El martes pasado, el contratista fue trasladado a la sede del Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en el norte de Bogotá por petición de su defensa, y con el visto bueno del fiscal del caso. EL TIEMPO consultó al Inpec al respecto, y voceros del Instituto señalaron que el traslado se hizo por petición del fiscal a cargo del proceso y que no se pronunciarían en los medios sobre la nueva solicitud del Fiscal General.
La decisión de trasladar a Jaramillo a Cespo no fue compartida por Martínez Neira, quien anunció en las redes sociales del ente acusador que había dado instrucciones para echar para atrás esa situación. “Pésimo mensaje que clubes oficiales sirvan de centros de reclusión para indiciados o condenados por corrupción”, señaló Martínez en la cuenta de Twitter de la Fiscalía.
El ente acusador examina la situación de otros investigados por hechos de corrupción que hoy se encuentran fuera de prisión.
En Cespo están detenidos el exconcejal Orlando Parada, condenado a 13 años de prisión por su responsabilidad en el ‘carrusel’ de la contratación; el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) Carlos Albornoz, en juicio por presuntas irregularidades en el manejo de los bienes decomisados a la mafia, y el excongresista Otto Bula, procesado por el escándalo de sobornos de Odebrecht. Y el cuestionado contratista Emilio Tapia cumple su condena en una base militar del Atlántico.
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