Las diversas posturas ante proyecto de ley de sometimiento para bandas

Durante el foro de EL TIEMPO en el que se debatieron diversas posturas sobre el proyecto de ley de sometimiento de bandas de alto impacto, cada uno de los jefes del Congreso, la Fiscalía y la Procuraduría, así como voceros del Gobierno Nacional para temas de paz, dieron su opinión.

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El foro moderado por el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, y la editora de la Unidad Investigativa, Martha Soto, se dividió en tres es, que también contaron con expertos como los abogados Mónica Cifuentes y Mauricio Pava, y el exministro Alfonso Gómez Méndez.

El senador Roy Barreras, presidente del Congreso, fue uno de los primeros en intervenir y expresó algunas de sus observaciones frente a la agenda del gobierno de Gustavo Petro.

“Debemos garantizar que la paz avance sin sacrificar la seguridad, que las reformas sociales salgan adelante sin sacrificar la economía y que el medioambiente sea privilegiado sin echar a perder el potencial minero-energético, del que dependen buena parte de las divisas del país”, dijo.

Tras esa breve introducción, el senador del Pacto Histórico pasó a hacer sus observaciones frente a la reforma de sometimiento a la justicia. Primero, Barreras recordó que dicha iniciativa “es una ley clave para la ‘paz total’” e hizo énfasis en su necesidad puesto que la “maldición del narcotráfico, que está detrás de todas las formas de violencia, se expresa de forma más cruda en las organizaciones criminales”.

Luego recordó e hizo hincapié en que “no habrá justicia transicional para los narcos”. En este sentido, señaló que esta herramienta permite acuerdos de paz con las insurgencias, y este no sería el caso para las bandas criminales: “No habrá acuerdo de paz con narcotraficantes, hay justicia penal ordinaria”.

En este camino resaltó que aun así hay por esta ruta ordinaria posibles beneficios: “Las leyes de sometimiento deben tener beneficios porque se facilita parar la muerte si las bandas criminales se desarticulan de manera colectiva. Es mucho más dispendioso la captura individual”. Roy pasó a desmarcarse ligeramente del proyecto del Ejecutivo al decir que desde el comienzo han tenido ligeras diferencias con el comisionado de Paz, Danilo Rueda, frente a la redacción del proyecto. Esto debido a que muchos de los artículos evocaban la justicia transicional.

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Aunque reconoció los ajustes al articulado, el presidente del Congreso hizo la observación de que “todavía tiene muchos elementos de justicia transicional”. Y esto, a consideración de Barreras, puede ser problemático dado que “puede significar que los narcotraficantes son objeto de acuerdos de paz y eso es un imposible porque no son actores políticos”.

Barreras, no obstante, aseguró que la ley será aprobada y mejorada durante los debates. Si bien reconoció que los tiempos son apretados, espera que la próxima semana se inicie el trámite, y aseveró que el debate será profundo.

“Por un lado, se le exige eficiencia al Congreso. Yo mismo la exijo. Es decir que se aprueben las leyes. Y, por otro lado, si el Congreso es eficiente, entonces se dice que se aprobó a pupitrazo. Se vuelve un lugar común”, explicó el senador.

Durante el encuentro, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, aprovechó para argumentar su postura frente al proyecto de ley de sujeción para bandas de alto impacto, la cual ha comentado a lo largo de las últimas semanas en diferentes espacios.

Sus principales preocupaciones esta vez tienen que ver con que, pese a que se ajustó el articulado, siguen existiendo vacíos que podrían afectar al país. Además, Cabello llamó la atención a que se deben tener en cuenta los estándares internacionales que debe cumplir Colombia ante instancias como la Corte Penal Internacional (I), si se habla de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad.

Según ella, hay una prohibición de amnistía cuando se cometen delitos graves de lesa humanidad como el genocidio o crímenes de guerra, y en el proyecto de sometimiento, a su parecer, se está dando la posibilidad de que se pueda favorecer a integrantes de grupos armados de alto impacto, que se procesen por el delito de concierto para delinquir, con un principio de oportunidad.

“Es decir que desde el inicio del proceso, apenas suscriban un acta, ya van a tener la oportunidad de no poder estar en centros penitenciarios ni siquiera por un momento. Principio de oportunidad que uno podría pensar que es una especie de amnistía simulada”, apuntó la Procuradora.

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También se refirió a la reparación a las víctimas, para decir que hay que garantizarles una reparación y verdad total durante la sujeción, ya que de no hacerlo se podría activar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, desarchivando el examen preliminar a Colombia que se cerró hace dos años.

Por otro lado, la jefa del Ministerio Público sostuvo que no obstante las correcciones hechas al articulado –que ya fue radicado en el Congreso de la República–, no ve claro el punto de reparación integral. “Las víctimas individualmente tienen que ir a un proceso civil de indemnización”, dijo al respecto, añadiendo que como está el texto, la reparación solo sería de carácter colectivo.

La procuradora general incluso llamó la atención –y en eso se le sumó el fiscal- sobre la falta de un estudio previo antes de presentar el proyecto en el Congreso–, enfocado en clasificar hacia qué estructuras iba dirigido. Sobre ese tema, en el foro, Cabello manifestó que “la razón básica de esta norma debió ser un análisis anterior sobre quiénes son esos grupos, cuál es la característica, cuántos son, cómo están, en qué zonas están”.

Por último, en la intervención se escuchó la extrañeza que tiene al saber que la Procuraduría General de la Nación no hizo parte de la discusión que se dio alrededor de este proyecto. Su postura la ha dado en el marco del concepto negativo que como jefa de la entidad envió al Consejo Superior de Política Criminal, así como en las declaraciones a medios de comunicación.

Pese a esto, Cabello cree que dejaron a la Procuraduría por fuera, porque le dieron a la Defensoría funciones que en los procesos actuales realiza la primera entidad.

“Le entregaron todo a la Defensoría del Pueblo, no tengo problema con la Defensoría, pero al defensor (Carlos Camargo) le dieron facultades a favor de los victimarios y a favor de las víctimas. ¿Dónde está entonces el equilibrio para las víctimas?”, concluyó Cabello durante el primer del foro, en el que dejó claro que con sus argumentos no es que esté en contra del sometimiento, sino de beneficios excesivos.

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El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, intervino enfocándose tanto en los diálogos que ha sostenido con el presidente de la República, Gustavo Petro, en aras de mejorar el articulado; como en las observaciones al proyecto, comentadas también con el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Lo primero que dijo el jefe del ente acusador es que en este tipo de situaciones, en las que hay tantas discordias, “el escenario natural de este proyecto es el Congreso de la República”, donde ya fue radicado para su debate.

Según Barbosa, el jefe de Estado le comentó hace unos días que no quiere que haya negociaciones con narcotraficantes, “pero el problema de todo esto son voces intérpretes del Presidente que han terminado llevando al país a creer que se requiere hacer negociaciones políticas con mafiosos. Esto no es un proceso de paz, es un proceso de sometimiento”.

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Por otro lado, frente a las órdenes de captura con fines de extradición a disidentes que quieren acercarse a una ‘paz total’ -y que se han solicitado levantar desde Palacio-, el fiscal general resaltó que el presidente Petro le comentó que no sabía que había un pedido desde Estados Unidos para enviar a estas personas. En ese sentido fue que aseguró que “parece que (Danilo) Rueda (alto comisionado para la Paz) no le contó, pero eso es un asunto propio de la coordinación interna en Palacio de Nariño que espero se resuelva para el bien del país”.

Eso sí, Barbosa aclaró que ve más coincidencias que controversias en este proyecto de ley de sujeción, aclarando que “no se pueden hacer procesos de paz con delincuencia atada al narcotráfico y, ojo, atada al paramilitarismo”. En ese momento del foro, el Fiscal General aprovechó para contar uno de los episodios vividos en una conversación con el mandatario.

En efecto, comentó: “Yo le decía al Presidente: usted no puede terminar tampoco, después de la historia de vida que ha tenido, haciendo acuerdos con paramilitares y narcotraficantes, porque esa sería la peor historia suya al final de este proceso”.

Por último, Barbosa contó en su intervención que se ha encontrado con que en los lugares en los que se han dado acercamientos para que entren organizaciones narcotraficantes, delictivas, extorsionistas, micro o macrodistribuidores de droga a la paz, “estas esperan a querer meterse o volverse importantes dentro de las dinámicas de la posible negociación”.

Eso pasa, según él, porque no hay una dimensión de con quién se va a negociar. Es decir, el Fiscal repara en que hay un problema por definir en la discusión del proyecto de ley, y es conocer a ciencia cierta qué son organizaciones de alto impacto.

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“Usted no puede decir ‘vamos a hacer un proceso de sometimiento con organizaciones’, ¿pero de quiénes? ¿Ladrones de bancos, atracadores, con ‘Castor’ en Barranquilla (de ‘los Costeños’)? ¿Con quién? ¿Con el ‘clan del Golfo’? ¿Van a ser los ‘guardianes de la Sierra’ (‘los Pachenca’), como se hacen llamar?”, se preguntó Barbosa.

Ante este escenario, el Fiscal General también advirtió que si no se soluciona este tema, más adelante podría empezar a meterse un ramillete de beneficios, argumentando que hay una ley de sometimiento para desmantelar a cuanta organización criminal existe, lo cual, sub-rayó, sería “gravísimo para la política criminal de este país”.

El senador Iván Cepeda respondió a las afirmaciones de la procuradora Margarita Cabello, quien estuvo en un previo al del congresista.

Cepeda, quien acompañó la construcción de la ley de sometimiento, aseguró que “es impresentable lo que dice la Procuradora”. Cabello señaló en su intervención que pese a las correcciones que se le hicieron al articulado, no ve clara la reparación a las víctimas.

En este sentido, Cepeda aseguró que “es impresentable que lo diga la Procuradora. Una cosa es que tengamos desavenencias, pero no con falacias. Pido responsabilidad pública sobre todo de alguien que tiene que ver con la conducción de un órgano de control como la Procuraduría”.

El senador expuso que el proyecto tiene un capítulo entero dedicado a esta población. En lo que tiene que ver con la reparación, dijo que hay un fondo para ello y que este proceso puede ser individual y colectivo.

“Las víctimas tienen participación en todos los estadios del procedimiento. Podemos perfeccionar o aumentar la participación y la manera como se garantizan los derechos, estamos dispuestos”, afirmó en el foro moderado por la editora de la Unidad Investigativa de este diario, Martha Soto.

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También señaló que en la ley hay “condiciones muy claras en las cuales se pide que estas personas respondan a las víctimas”. Cepeda aclaró que en el proyecto sí es clara la distinción entre cuáles son los grupos armados rebeldes con carácter político y los grupos que son estructuras que tienen que ver con "crímenes de alto impacto”.

“Hay una definición muy precisa de estas estructuras. En la Ley 2272 creamos una instancia de alto nivel en la cual está, entre otros, el señor Fiscal General, para que haga una definición de los grupos”, afirmó.

Sobre las críticas que han señalado que la ley de sometimiento es una mezcla entre justicia transicional y justicia ordinaria, Cepeda expuso que “este proyecto está claramente inscrito en la figura ordinaria. Tiene figuras que no provienen directamente de la justicia transicional o que se usan en ella, pero que pertenecen a la órbita de la justicia premial o restaurativa. Es importante hacer diferencias entre justicia transicional y restaurativa. Son dos términos que no son sinónimos”.

En lo que tiene que ver con las penas que se contemplan para los de bandas criminales, Cepeda dijo que no es cierto que “los narcotraficantes están de fiesta”, como señaló el fiscal.

“Acá hay unas penas claramente establecidas, mucho más drásticas que otras políticas de sometimiento. Durante los gobiernos del expresidente Uribe, con el decreto 128 del 2003, se llevó a más de 35.000 personas a una situación de absoluta impunidad”.

Asimismo, el senador indicó que “en Justicia y Paz quedaron 400 paramilitares, pero al resto de personas que pertenecieron a las Auc, con un decreto –no con una ley– que creó el Comité de Dejación de Armas, se les entregó una boleta y hoy viven sin tener una deuda con la justicia”, explicó el congresista del Pacto Histórico.

Para el Gobierno Nacional, el proyecto de ley de sometimiento tiene muchas ventajas, incluida la posibilidad de hacer juicios colectivos a los integrantes de bandas criminales.

Así lo dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien afirmó que los intentos del pasado han priorizado el sometimiento individual, lo que permite que los ‘capos’ sean reemplazados en su organización criminal. “Esta estrategia debe apuntarle al juicio colectivo, al desmantelamiento completo de la ley”, contó.

El ministro añadió que el proyecto de ley en trámite en el Congreso es susceptible de mejora. “Yo tengo la percepción de que en materia de reparación a las víctimas, el capítulo que se le introdujo al proyecto es adecuado, pero, por lo que ha dicho la Procuradora y el Fiscal, pues se revisará. ¿En dónde? En los debates parlamentarios, que sea el mejor marco posible para la reparación de las víctimas”, dijo.

Osuna insistió en que la iniciativa implicará que, por ejemplo, las personas en las barriadas de Medellín o en Santa Marta y Barranquilla, “puedan salir a caminar, que las familias no sientan el temor de que van a ser extorsionadas. Si esa ley nos conduce a esos beneficios, el gran beneficio es la sociedad”.

Igualmente, el funcionario aseguró que está ofreciendo a “estos criminales una última oportunidad”, por lo que reprochó que algunos de los integrantes de estas bandas hayan señalado públicamente que la ley les parece poco. “¿Poco? A mí me parece demasiado. Esto les permite tener una vejez así como la que estamos aspirando todos los colombianos, después de haber pagado sus penas y reparado a las víctimas y haber desarrollado actividades restaurativa”, insistió.

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Sobre la posibilidad de que estas personas se queden con el seis por ciento de los bienes que adquirieron producto de su criminalidad, el ministro de Justicia dijo que si bien suena mucho, el restante 94 por ciento es una cifra importante. “Sabemos todos que es mucho dinero y el 94 por ciento de ese dinero lo va a recuperar el Estado, y lo puede destinar a las víctimas con la ventaja de que no se tiene que ir al proceso de extinción de dominio, sino que en el mismo proceso colectivo se puede decidir la extinción de dominio de esos bienes”, agregó.

De otro lado, sobre la discusión alrededor del nombre del proyecto, es decir, si debería llamarse de ‘sometimiento’ o de ‘sujeción’ o de ‘no repetición’, el ministro comentó que se debería usar el lenguaje que “nos deje a todos más tranquilos”. Y ante la pregunta de Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, de si estaría de acuerdo en que el proyecto se llamara de ‘no reincidencia’, Osuna no lo descartó.

“En esto del lenguaje también pensemos lo siguiente: de pronto también hay que hacer un guiño hacia ellos. Si les parece que ‘sometimiento’ es inaceptable y lo que estamos planteando es un régimen de justicia ordinaria, con penas efectivas, de cárcel, con indemnización, con reparación a las víctimas y lo llamamos ‘sujeción’ y a ellos los deja tranquilos, pues... sí”, manifestó.

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