Hacinamiento del 21 % en cárceles, el más bajo en 20 años

Las cárceles del país hoy tienen capacidad para 80.669 presos, pero albergan a 98.338, lo que representa un hacinamiento del 21,9 por ciento. Aunque la cifra no deja de ser preocupante, es la más baja de los últimos 20 años, según el Ministerio de Justicia.

Este récord se consiguió en los últimos 9 meses, en los que Colombia ha enfrentado la pandemia de covid-19. En marzo, el hacinamiento en las prisiones superaba el 51 por ciento, y desde entonces ha bajado casi un 30 por ciento, lo que no se había logrado ni con las declaratorias de estado de cosas inconstitucional que en 1998 y 2013 hizo la Corte Constitucional.

¿Cómo se llegó a esta baja? Estadísticamente, no fue gracias al decreto 546, que el 14 de abril expidió el Gobierno para enviar a casa por cárcel, por 6 meses, a internos con ciertas condiciones. De hecho, entre el 12 de marzo y el 9 de noviembre, 37.805 internos salieron de prisión, pero de ellos, solo 889 lo hicieron por el decreto, mientras que 36.912 salieron por medidas ordinarias que ya tenía la ley y que, de cara a la pandemia, se resaltaron.

Aunque el decreto del Gobierno solo ha generado el 2,3 por ciento de las salidas, para el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, esa norma ha cumplido un rol vital, ya que su expedición “fue lo que favoreció el trabajo articulado con los jueces que llevó a la reducción”. Puesto que, dijo, “esta medida de choque, por sí misma, no iba a resolver el complejo fenómeno del hacinamiento, sino que haría parte del engranaje necesario”.

En el Consejo Superior de la Judicatura indicaron que desde cuando se habló del decreto comenzaron a trabajar con el Ministerio, el Inpec, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y la Policía en parámetros organizados para facilitar la labor de cárceles y jueces al aplicar la norma.

La magistrada Diana Remolina, presidenta de la Judicatura, añadió que, conscientes del aumento de la carga laboral para los jueces de control de garantías y ejecución de penas, en virtud de las medidas ordinarias y las del decreto, la Judicatura reforzó los despachos creando 143 cargos transitorios adicionales, además de 113 nuevos cargos permanentes de ejecución de penas.

Y añadió que avances tecnológicos permitieron optimizar la labor judicial en la pandemia, pero que se requiere más trabajo y se necesita un mayor presupuesto para “aumentar el número de despachos judiciales”.

Otro punto que ayudó en la histórica reducción del hacinamiento es que el decreto 546 también suspendió por un tiempo –que ya se cumplió– el traslado a las cárceles de personas con detención preventiva y condenados que estuvieran en URI y estaciones de policía.

Mantener o aumentar el deshacinamiento requiere varias medidas. Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo que ayudaría continuar con algunas de las medidas transitorias adoptadas en pandemia.

También habló de la necesidad de bajar el uso excesivo del derecho penal, pues hay conductas menos graves que podrían sancionarse de otras formas. Y dijo que las soluciones a largo plazo pasan por hacer nuevos cupos carcelarios.

Por su parte, Jaime Arellano, director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA, explicó que hay que reducir la “inflación carcelaria en la legislación”, que es el exceso de leyes que sancionan todo tipo de delitos con la cárcel.

También mencionó que habría que reducir el uso de la prisión preventiva y trabajar en medidas alternativas como la detención domiciliaria, pero con controles para que se cumpla. Y señaló que las penas “deberían ser razonables, y a medida que se vayan cumpliendo, trabajar con la persona para su reinserción”.

Por su lado, el ministro Ruiz comentó que la pandemia “ayudó a sensibilizar a todos los actores del sistema penitenciario de la situación de los privados de libertad, y a tomar una mayor conciencia frente a la reducción de la prisión a su mínima expresión”.

En ese sentido, dijo que desde el Ministerio están trabajando en fortalecer mecanismos de resocialización para incrementar las posibilidades de reintegración y disminuir la reincidencia. También mencionó que están gestionando un sistema de medidas alternativas para reservar la prisión a los delitos más graves, y señaló la importancia de lineamientos como los adoptados hace poco por la Fiscalía, para buscar medidas de aseguramiento solo cuando son “muy necesarias”.

Entre las acciones para enfrentar de fondo el hacinamiento, el Ministerio de Justicia, a través de la Uspec, entregó el año pasado 352 nuevos cupos carcelarios en Girardot, y se está estructurado un plan de infraestructura para entregar 9.082 cupos.

Según informó la cartera, este diciembre se realizará la entrega de 752 cupos penitenciarios en Girón, Santander, y 608 más para alivianar el hacinamiento en Ipiales, Nariño.

Además, para 2021 se tienen previstos 2.450 cupos penitenciarios, y con tal fin planea entregar en junio próximo 410 cupos para el patio 2 en Bellavista, Antioquia, y 2.040 cupos en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena e Itagüí.

Estos últimos amplían la infraestructura ya existente en esas cárceles bajo esquemas de construcción modular. Y para 2022 se tiene presupuestado entregar 4.920 cupos en Magdalena, Bellavista, Riohacha, Silvia y Pereira.

MARÍA ISABEL ORTIZ Y JULIÁN RÍOS. 

Periodistas de Justicia

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