¿Hasta dónde arriesga el Gobierno la relación con EE. UU. por el ‘no’ a extradiciones en el marco de la paz total?

El presidente Gustavo Petro, a través del ministro encargado de Justicia, el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, echó reversa al concepto favorable que había firmado la exministra de Justicia Ángela María Buitrago el pasado 25 de mayo para la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias H.H. Se trata de uno de los cabecillas de Comuneros del Sur, una facción disidente del Eln y el único grupo con el que ha caminado la negociación de desarme en el marco de la 'paz total'.

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Por ser quizás uno de los pocos procesos de paz que le alumbra al Gobierno —siendo el primer grupo en entregar sus armas, que fueron destruidas en un acto simbólico en Samaniego, Nariño, al que asistió el propio mandatario—, desde la oficina del Alto Comisionado se ha buscado frenar las solicitudes de extradición que pesan sobre algunos de sus cabecillas.

La que causó polémica, e incluso le costó el puesto a la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, fue la de 'H.H.', señalado como uno de los capos más poderosos del suroccidente del país y por la que, según reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, el Departamento de Estado intercambió duras cartas con la fiscal Luz Adriana Camargo.

"La suspensión de la orden de captura con fines de extradición contra Yepes Mejía es una desviación de nuestra larga y fructífera relación bilateral de extradición. Nos preocupa que la suspensión fomente un ambiente de impunidad para los graves delitos transnacionales. La lucha global contra el narcotráfico organizado requiere nuestro compromiso conjunto contra la impunidad”, dice una de las comunicaciones publicadas por el medio.

Una "preocupación" a la que la fiscal Camargo respondió pidiendo acompañamiento a las negociaciones de paz que tiene el Gobierno con al menos siete grupos armados.

Desde el Gobierno sustentaron frenar el envío de 'H.H.' a Estados Unidos mientras "contribuye con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la 'paz total' dentro del marco de la Ley 2272 de 2022". Yepes Mejía actualmente es negociador en la mesa de diálogo con su grupo, Comuneros del Sur, y, según la oficina del Alto Comisionado, está protegido jurídicamente para desarrollar acciones orientadas al logro de dicho objetivo: su desarme.

No es la primera vez que desde el Ejecutivo (con toda la potestad) se priorizan las negociaciones locales por encima del ruido que puede causar un ‘no’ en la cooperación judicial con el país del Norte. Pasó con el proceso de desmovilización de los paramilitares —que finalmente fueron extraditados en 2008— y con los otrora jefes de las Farc, que terminaron firmando el Acuerdo de Paz del Teatro Colón en 2016.

EL TIEMPO se comunicó con Mauricio Jaramillo Jassir, viceministro de asuntos multilaterales, quien aseguró que las suspensiones se han emitido en el marco de preservar el esquema de la paz total.

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"Cuando ha habido extradiciones en el pasado, han conspirado en Colombia contra la posibilidad de reconciliación y de a la verdad. Se ha pervertido un poco el sentido de las extradiciones y se piensan no como un instrumento de cooperación internacional, sino como una forma de garrote, no de zanahoria. Y en medio de una paz total, el Gobierno ha querido mantener en el país a los actores clave que tienen la verdad", explicó.

Sin embargo, partiendo del tono de las comunicaciones diplomáticas que intercambiaron Colombia y Estados Unidos abordando el tema, es otra puya que se le suma a la ya de por sí espinosa relación binacional. 

Para el internacionalista e investigador de la Universidad Externado Andrés Macías Tolosa, la tensión seguirá en la agenda pública por un buen tiempo.

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"Para el Gobierno nacional, esa negativa busca mantener viva cualquier posibilidad de acercamiento y conversación con Comandos de Frontera, que es de lo poco que aún puede mostrar como resultado positivo de su iniciativa de 'paz total'. Muy seguramente seguirá utilizándose como instrumento de discusión a nivel local, indicando que son actores ajenos al Gobierno y a los grupos armados ilegales quienes no permiten que los acercamientos fluyan. Y, por el otro lado, tenemos un gobierno estadounidense que viene pisando duro y que ha demostrado que no da su brazo a torcer fácilmente", dijo el académico.

También señaló que, si bien el distanciamiento no implicaría sanciones —dado que el concepto favorable para las extradiciones es autonomía de cada Gobierno—, sí podría generar traumatismos diplomáticos y posibles afectaciones en el apoyo a la lucha contra el narcotráfico.

Redacción Justicia