Homicidios en Bogotá y Barranquilla prenden alertas sobre extorsión en Colombia

El comerciante Hernán Vásquez Ardila, de 35 años, se encontraba frente a la tienda que istraba en el barrio Los Ángeles I de Barranquilla (Atlántico) cuando fue atacado por un sicario que se desplazaba en una moto.

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La víctima se encontraba acompañada de un cliente y dos menores de edad, frente a quienes se cometió el homicidio que en los primeros días del año volvió a encender las alertas sobre la extorsión en Colombia. Aunque el caso está en investigación, se indaga como hipótesis del móvil la negativa de la víctima de pagar una extorsión.

El 6 de enero, tres días después del crimen de Vásquez Ardila en Barranquilla, se registró el homicidio de Yeison Velásquez, de 33 años, un comerciante del sector del barrio Siete de Agosto de Bogotá, cuyo crimen también estaría asociado a presiones de redes criminales exigiendo pagos.

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Desde agosto del año pasado, durante la rendición de cuentas del primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, ya el ministro de Defensa había manifestado su preocupación por el crecimiento de las cifras de extorsión.

De hecho, según las métricas de esa cartera, entre enero y noviembre del año pasado se reportaron 9.297 denuncias, la cifra más alta de extorsiones de los mismos periodos de los últimos 11 años. Entre enero y noviembre de 2022 fueron 8.608, es decir, 689 menos. En el 2021 la cifra fue de 7.515, en el 2020 fueron 7.099 y en 2019 se reportaron 7.816 casos. Cada día de los primeros once meses del 2023 se registraron, en promedio, 27 denuncias por extorsiones.

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En ciudades como Bogotá la Federación Nacional de Comerciantes ya había alertado sobre las presiones que vienen ejerciendo en la capital del país redes criminales como el ‘Tren de Aragua’.

“Les avisamos que somos el Tren de Aragua y que a partir de este momento nos vamos a hacer cargo de este comercio, por lo cual de manera obligatoria cada negocio entregará la suma de 400.000 pesos que en su momento se les informará cómo hacer el cobro. (...) ustedes tienen que hacer caso a este cobro o si no preguntarle a los que no paguen cómo les va (...) mucho cuidado con avisar a las autoridades porque vendrá la muerte”, se lee en un mensaje que llegó a varios locales del centro de la ciudad y que fue denunciado por el gremio.

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Con las primeras denuncias del año, la Procuraduría hizo un llamado de atención al Gobierno para tomar medidas de fondo para enfrentar ese creciente delito. El Ministerio Público, en un comunicado expedido el miércoles, expresó su preocupación especialmente por la extorsión carcelaria. Además, propuso la creación de una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional para enfrentar el delito.

“La falta de operatividad del Gobierno y del Inpec se evidencia hasta en el mal funcionamiento de equipos bloqueadores de señal, pues de 22 instalados en igual número de penitenciarias solo funcionan 2”, dijo la Procuraduría y luego cuestionó “que se permita el ingreso de elementos prohibidos a las prisiones bajo complicidad de guardias y sin recato de autoridad”.

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En el comunicado se insistió en las presiones que sufren desde hace años los habitantes de Tuluá (Valle del Cauca), por las amenazas de la red criminal ‘la Inmaculada’, cuyos principales jefes están presos y desde sus celdas siguen ordenando extorsiones y asesinatos.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, respondió a la alerta de la Procuraduría: “Nos la tomamos muy en serio, redoblaremos los esfuerzos. Somos conscientes de que desde las cárceles hay extorsiones. También es importante decir que un buen número de extorsiones realmente están llamando desde la calle. Estamos muy atentos a redoblar esfuerzos, tenemos un plan específico con la Policía y el Ministerio de Defensa para intentar remediar pronto la situación”.

En esa línea, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que la instalación de los inhibidores no ha dado los resultados que se esperaban en parte porque terminan afectando a los residentes de los alrededores, quienes acudían a recursos legales para apagarlos.

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“Han sido recurrentes las tutelas que se han interpuesto frente a este tema (inhibidores) contra el Inpec”, dijo el funcionario tras señalar que se requiere de “nuevas tecnologías que puedan impedir las comunicaciones internas desde las cárceles, pero que no afecten a la comunidad”.

Igualmente, dijo que con el Ministerio de las TIC, la Fiscalía y la Policía se han realizado reuniones “precisamente en la definición de nuevas tecnologías que permitan cumplir ese propósito”.

Añadió que las autoridades han venido desarrollando operaciones de control en las cárceles para frenar esta actividad delictiva, como la identificación de los 30 dinamizadores de la extorsión carcelaria y su traslado a otros penales.

En entrevista con EL TIEMPO, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, había anticipado el traslado de internos como parte de la operación ‘Dominó’, a quienes se han aplicado medidas como el aislamiento y el aumento de las requisas a sus celdas. Además, dijo que se han desplegado planes anticorrupción para detectar a los funcionarios que permiten el ingreso de los celulares.

“Tenemos cerca de 27 servidores penitenciarios por hechos de corrupción, 125 capturados en flagrancia (los que tratan de ingresar elementos no permitidos) y alrededor de 5.400 investigaciones abiertas para un total de 3.800 servidores investigados”, dijo el oficial y añadió que el año pasado se incautaron 33.000 celulares en centros carcelarios.

Desde el Inpec se señaló, además, que la unidad especializada ya existe y que se requiere más celeridad de la justicia. Igualmente, se estudia la alternativa de penalizar como delito tener un celular dentro de la cárcel.

Redacción Justicia:

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