Por una manifestación en la que Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal, Casanare, les dijo a los hombres que deberían “consumir producto colombiano”, en referencia a la prostitución, para rechazar a las migrantes trabajadoras sexuales, la Procuraduría General le abrió una indagación preliminar.
El Ministerio Público informó que con sus manifestaciones, el mandatario habría atentado contra los derechos de las mujeres y a su vez implicarían actos de discriminación contra la mujer e incluso xenofobia.
“Con las declaraciones efectuadas el 6 de abril de 2021, presuntamente pudo incurrir conductas xenófobas, de estigmatización a las mujeres de nacionalidad venezolana que ejercen la prostitución en el Municipio de Yopal; asimismo, denigrantes contra la mujer y de promoción de la prostitución en la jurisdicción que gobierna, comportamiento que eventualmente comprometería su responsabilidad disciplinaria”, señala el auto de apertura de indagación preliminar.
El ente de control requirió a la Secretaria de Gobierno de Yopal para que en el término improrrogable de 5 días remita un informe detallado de las acciones y actuaciones istrativas que ha adelantado la Alcaldía Municipal de Yopal Casanare, respecto del ejercicio de la prostitución en el Municipio.
Finalmente, la Procuraduría recordó a todos los alcaldes y gobernadores la necesidad de que en las agendas públicas se tenga en cuenta la reciente recomendación de la CEDAW en la cual los insta a luchar decididamente contra la explotación sexual de niñas y mujeres y a combatir la demanda que la genere y mantiene -hombres que pagan por utilizar sexualmente a mujeres y niñas-, a fin de reducir los factores de riesgo que conducen a la trata de personas.
“La explotación sexual persiste porque los Estados partes no han desincentivado de manera eficaz la demanda que propicia la explotación y conduce a la trata. (…) En virtud del Protocolo contra la Trata de Personas, los Estados adoptarán o reforzarán medidas legislativas o de otra índole a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños”, citó el órgano de control.
JUSTICIA
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