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Grosso debía salvar a Cafesalud y terminó preso por saqueo al sistema

El exinterventor de Saludcoop fue capturado este viernes como parte de una red de corrupción.

Aunque Guillermo Grosso ha defendido su papel al frente de la entidad, la información de los entes de control lo contradice.

Aunque Guillermo Grosso ha defendido su papel al frente de la entidad, la información de los entes de control lo contradice. Foto: Néstor López / EL TIEMPO.

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A horas de ser llevado ante un juez de Paloquemao en Bogotá para responder por cargos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, Guillermo Grosso Sandoval retrata, según los expedientes de los órganos de control, la parábola de los funcionarios públicos que terminan aprovechando ilegalmente los cargos para los que fueron nombrados.
Grosso fue capturado este viernes junto con Eva Katherine Carrascal Cantillo, exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud. Los dos trabajaron juntos hace una década en una reconocida Aseguradora de Riesgos Profesionales.
La Fiscalía sostiene que ellos encabezaban una red que utilizaba información reservada para favorecer a varias EPS y cajas de compensación a cambio de millonarias coimas, incluida la participación accionaria en una institución del sector. En palabras del fiscal Néstor Humberto Martínez, Grosso, Carrascal, altos directivos del sector Salud y un grupo de congresistas y exfuncionarios dieron forma a una "red depredadora del sistema de salud".
En principio, esos hechos habrían ocurrido entre el 2016 y el 2017, cuando Grosso fungió como presidente de Cafesalud, la heredera del poderoso Grupo Saludcoop que terminó, como este, liquidada y en crisis. Las dos instituciones son la génesis de Medimás, hoy también en estado terminal y con el fantasma de la liquidación rondando sobre su cabeza.
En el 2013, en medio de fuertes críticas de la excontralora Sandra Morelli, Grosso fue elegido por el supersalud de la época, Gustavo Morales, como interventor del poderoso Grupo Saludcoop.
Médico de la Universidad Nacional especializado en España en temas de gerencia de Salud, Grosso resumió sus dos años en la Presidencial de Saludcoop de esta manera: "Como Agente Especial Interventor y/o Representante Legal de la mayor empresa promotora de salud del país, responsable del aseguramiento en salud en más de 1000 municipios del país, ejecutando actividades de planeación, estrategia, control, comunicación organizacional, desarrollo humano e innovación para garantizar la prestación de servicios de salud a 5 millones de personas afiliadas (...) Para esto se innovó en modelos de atención en salud, modelos de contratación en salud y gestión de las personas y actividades eficientes para garantizar la viabilidad financiera de la organización".
También dice que dirigió las 35 empresas del emporio creado por Carlos Palacino (hoy preso por el saqueo a la salud) "garantizando su rentabilidad, estabilidad laboral y gestión hacia un presente real y futuro más promisorio".
En su perfil de Linkedin, además, asegura que diseñó al frente de Saludcoop "una alternativa que permitiera solucionar de forma innovadora, utilizando la experiencia del sector financiero, el principal problema del sistema de salud del sistema sanitario colombiano, con implicaciones sistémicas de riesgo, lográndolo manteniendo la totalidad de la población afiliada, el empleo de 41 mil personas conexas con el grupo empresarial, generando valor y posibilidad de pagar los pasivos de la entidad, con la utilización de mínimos recursos financieros".
El balance de Grosso, de cara a la liquidación de Saludcoop y Cafesalud (de la que también fue presidente) y la actual crisis de Medimás parece muy alejado de la realidad. De hecho, su gestión no solo no logró salvar el Grupo Saludcoop -que en su momento llegó a tener el mayor número de afiliados en el país y hoy ha perdido casi la mitad de sus 7 millones de s- sino que está seriamente cuestionada por la Contraloría y la propia Fiscalía. De hecho, una investigación preliminar de la Contraloría asegura que en la intervención se habría causado un detrimento de 80.631 millones de pesos.
Suntuosos gastos con plata de la salud como los que en su momento llevaron a Carlos Palacino ante la justicia aparecen en el dossier de Grosso. Costosos arreglos florales en su despacho, arrendamientos injustificados, y hasta contratos de camionetas blindadas en el 2013 para su uso personal, de su familia y de funcionarios de la EPS intervenida aparecen en esa lista de cuestionamientos.
Grosso, denunció la Contraloría. decidió darle luza verde a un contrato de 500 millones de pesos a pesar de que para ese momento Saludcoop tenía nueve vehículos de gama alta, entre ellos dos BMW y varias camionetas. El evaluar el gasto, para el que no se hicieron estudios previos, la Contraloría asegura que “las EPS no pueden usar de forma discrecional los dineros de la salud. Los dineros propios de la UPC son del sistema y no de las EPS, de modo que deben destinarse a su función legal”. La Contraloría también encontró que el interventor gastó en diciembre del 2014 unos $ 400 millones en una fiesta navideña para las 32 empresas del grupo Saludcoop. Otro gasto inocuo es el que Grosso hizo en el 2015 para remodelar las oficinas que él ocupaba en Saludcoop, en el séptimo piso de un edificio en Bogotá, lo cual en su momento fue denunciado por la excontralora Sandra Morelli.
En la oficina de Grosso se cambiaron pisos y muebles, puso sillas masajeadoras y lámparas con luces relajantes. También compró cuadros de hasta $ 10 millones y costosos tapetes. Los contratos de remodelación, dice la Contraloría, costaron más de 550 millones de pesos.
También se cuestiona que en el 2015 Grosso autorizó el gasto de 218 millones de pesos para unos talleres a los que asistieron directivos de la EPS que se alojaron en el hotel Tequendama. “Se evidencia una posible acción antieconómica, teniendo en cuenta que estos contratos se suscribieron cuando la entidad atravesaba por una situación crítica”, dice la auditoría.
Y aunque el Ministerio de Salud en su momento defendió a Grosso y dijo que el supuesto detrimento patrimonial por al menos 80 mil millones que le endilga la Contraloría obedecía a una “confusión contable”, lo cierto es que el excontralor Edgardo Maya le pidió en su momento al fiscal Martínez que investigara al polémico exinterventor.
REDACCIONES ELTIEMPO.COM Y JUSTICIA

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