La dura alerta de la Procuraduría: ¿Están en riesgo más de $ 136 mil millones que se destinaron a la compra de tierras para la reforma agraria?

La Procuraduría General de la Nación acaba de divulgar un informe asegurando que están en riesgo 136 mil 911 millones de pesos producto de presuntas irregularidades en el proceso istrativo de compra de tierras para la reforma agraria, que ha liderado la Agencia Nacional de Tierras -ANT- durante el gobierno de Gustavo Petro.

De la reforma agraria se ha venido hablando desde el siglo pasado y en el año 1961 se expidió la Ley 135 sobre la materia. Pero el presidente Petro ha abanderado la causa que pretende la redistribución de predios rurales para mejorar la calidad de vida de los campesinos, indígenas y afrodescendientes sin tierra o con tierra insuficiente, para "democratizar la propiedad de la tierra fértil", según sus palabras.

El Ministerio Público analizó aleatoriamente 86 de las 288 compras que la Agencia Nacional de Tierras efectuó con ese propósito, entre el inicio del gobierno Petro en agosto de 2022 y hasta febrero de 2024 -cuando salió el exdirector de la ANT Gerardo Vega-. La alerta de la entidad habla de irregularidades en al menos el 62% de las compras analizadas.

"A fin de realizar un cálculo estimativo de los valores que se ponen en riesgo con tales acciones se tomaron como base los precios de los inmuebles estimados para el pago según la información de los expedientes de compra y los valores pagados por los avalúos en los casos en los que se señala que no se debieron ordenar. En suma, el valor que se pone en riesgo corresponde a 136.911.777.315 pesos", señala el informe que habla de un posible incremento en la cifra, en el orden de los 556 millones de pesos por otros 56 predios de los que aún no se efectúan los desembolsos.

El informe de autoría del procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero, advierte que hay irregularidades por $51.787 millones en la adquisición de 14 predios que no tienen vocación agropecuaria y en los que no se atendieron las observaciones técnicas que se formularon.

También habla de $30.623 millones en la compra de 16 predios que presentaron irregularidades en sus promesas de compraventa. Presuntas inconsistencias en $27.039 millones en 26 predios adquiridos sin acta de entrega. Otras inconsistencias por $15.281 millones en la compra de ocho predios que pueden tener las condiciones de tierras baldías no adjudicables; y supuestas irregularidades en $11.791 millones sobre la adquisición de diez predios que en su mayoría están conformados por humedales o cuerpos de agua, lo que los hace prácticamente inhábiles para las actividades agropecuarias.

"Hubo inconsistencias en los análisis jurídicos de los predios que pudieran conducir a que la Agencia Nacional de Tierras pudiera haber adquirido bienes públicos, es decir, bienes que ya eran de dominio del Estado al no aplicar con rigor las reglas para los estudios de títulos. También se identificó la suscripción de procesos de compraventa, pues se realizaron anticipos sin habilitación legal. También hubo suscripción sin el cumplimiento de requisitos y posibles irregularidades en los plazos para la suscripción de las compraventas prometidas. Hay predios adquiridos sin acta de entrega que hacen parte del recibo de la ANT. Eso nos expone a que pudiéramos haber estado comprando predios objeto de invasiones, es decir, predios con invasiones. Y ello pone en riesgo la materialización y la efectividad de criterios objetivos para la selección de los beneficiarios", declaró a EL TIEMPO el procurador Guerrero.

El procurador Guerrero habló de irregularidades en decenas de avalúos por un total de $387.417.847 que no eran necesarios y que pudieron generar un detrimento patrimonial. "Hubo expedientes en los que no se concretó la compra pero cuya gestión pudo implicar la realización de pagos por parte de la ANT que no eran necesarios. Es decir, se pagaron avalúos por predios que no eran aptos de entrada", aseguró.

Guerrero también advirtió que la ANT compró numerosos predios sin claridad en las normas que debían usarse, aparentemente negociándose de manera "discrecional". También resaltó que varios procesos de compra evidenciaron problemas en los estudios de los títulos sin que se tuviera certeza sobre la propiedad privada de los mismos. "No se consideró adecuadamente la naturaleza potencialmente no adjudicable de los terrenos", expresó.

El informe también señala presuntas situaciones anómalas en las solicitudes de ingreso al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. "Se encontró que la suscripción de las promesas de compraventa sirvió de fundamento para ordenar la incorporación de los predios al Fondo de Tierras, a pesar de que estas promesas no transfieren derechos de propiedad sino que solamente establecen la obligación de firmar los contratos de compraventa", se lee en el informe.

La Procuraduría también resaltó que en 2023 sólo se ejecutaron 401 mil millones de pesos para la reforma agraria, es decir, el 33% de los recursos asignados para la vigencia 2023 -más de 1.2 billones de pesos-. De ese billón, 645 mil millones fueron trasladados al Fondo Colombia en Paz.

"Pese a que se asignaron altos recursos para la compra de tierras, la ejecución financiera real es baja, con un desembolso mucho menor de lo previsto, lo que sugiere una gestión ineficaz de los recursos", se advierte en el infome.

El informe del Ministerio Público fue enviado oficialmente a la Agencia Nacional de Tierras el pasado 20 de mayo. "Se corrió traslado del informe a la Contraloría y a la Fiscalía para lo de su competencia", advierte Guerrero.

El informe de la Procuraduría no abordó algunas denuncias que se han presentado en casos concretos sobre la presunta compra de predios a testaferros.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia @JusticiaET