Los argumentos de la nueva demanda por desabastecimiento de medicamentos que llegó al Tribunal de Cundinamarca

Una nueva demanda relacionada al desabastecimiento de medicamentos en Colombia fue radicada ante el Tribunal istrativo de Cundinamarca, en el que ya cursa una acción popular que hace meses instauró la Procuraduría General de la Nación.

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En esta ocasión, la demandante es la Fundación para el Estado de Derecho, la cual vinculó en su escrito al Ministerio de Salud y el Invima como los supuestos responsables de que se estén vulnerando derechos de pacientes a este servicio esencial. 

Según esta entidad, al parecer no se han tomado las medidas necesarias para superar la escasez de medicamentos, tanto así que esta ha aumentado en los últimos meses. "Por el contrario, se han adoptado posturas que impiden el correcto suministro de estos, como el aumento de demoras en el trámite de registros sanitarios de medicamentos y tecnología médica".

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Sumado a ello, advirtieron que existe una insuficiencia de recursos por parte de las EPS para suministrar los fármacos, "a causa de la no asignación de recursos y giros relacionados con Presupuestos Máximos por parte los Ministerios de Hacienda, de Salud y a la Adres que permitan a través del financiamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) solventar los planes de Beneficios en Salud (PBS)".

Andrés Caro, como director de la Fundación, explicó que también están pidiendo que el Tribunal adopte medidas cautelares para que se pueda dar una pronta solución a la problemática demandada que incide en los s del sistema. Para él, “es claro que los elementos de disponibilidad y accesibilidad y los criterios de eficiencia y oportunidad en la prestación del servicio público de salud, resultan afectados a raíz del desabastecimiento de medicamentos e insumos".

Para sustentar la demanda, se tuvieron en cuenta informes como el que el año pasado elaboró la Cámara de Industrias Farmacéuticas de la Andi, la cual representa al 77 por ciento del mercado en el país. En la entrega se alertó la acumulación de 27.904 trámites sin evacuar en el Invima a junio de 2023, "el 64 % de los cuales tendrían alto impacto en la salud de la población por el implícito riesgo de desabastecimiento de medicamentos".

El estudio de la medida cautelar y de la demanda le correspondió al magistrado Felipe Solarte, quien deberá sustentar el proceso y compartirlo con sus compañeros de Sala para una votación.

La Procuraduría General de la Nación fue la entidad que primero le pidió al Tribunal istrativo de Cundinamarca tomar cartas por la escasez de medicamentos. Tras un llamado a actuar por parte del despacho del magistrado Luis Manuel Lasso, el Ministerio de Salud elaboró un plan de urgencia para antes de que acabara 2023, tramitar 8.231 solicitudes de registro de medicamentos, de 26.049 pendientes.

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Eso sí, en un oficio dirigido al magistrado, aclararon que la acción popular del ente de control viene desde 2019, y que como cartera tienen la misión de dirigir el área de salud, mas no la de ejecutar asuntos más técnicos y específicos que le corresponden al Invima.

Para hacerle mayor seguimiento al tema, el año pasado el Tribunal emitió unas medidas cautelares que hace un par de semanas tumbó el Consejo de Estado. La negativa de la magistratura para mantenerla vigente se debe a que en el Tribunal se excedieron en el marco de la demanda de la Procuraduría, ya que esta debía contener una relación directa y necesaria de por qué el suministro de medicamentos está relacionado a los en el mercado precios y a la ausencia de una política pública al respecto.

Al llamado de velar por la pronta atención de los s del sistema de salud se han unido organizaciones Pacientes Colombia y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro).

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com