Los alcances de la orden de captura contra la fiscal Luz Adriana Camargo y el embajador Iván Velásquez

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, viajaba desde España a Colombia cuando se conoció públicamente de una inédita orden de captura contra ella y el embajador Iván Velásquez, emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala, por supuestamente haber incurrido en cuatro delitos ligados al escándalo de Odebrecht en el país centroamericano.

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La situación generó una muestra de preocupación y un rechazo contundente por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues es la primera vez que se emite una decisión de tal calibre contra una fiscal general de la Nación, quien hasta el momento no se ha pronunciado.

La noticia se esparció por redes y tomó por sorpresa a altos funcionarios del ente acusador y a la canciller Laura Sarabia, quienes se enteraron de que el fiscal especial contra la Impunidad en Guatemala, José Rafael Curruchiche, narró a través de un video colgado en X que Camargo y Velásquez son requeridos por presunta asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.

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Todo parte de que Luz Adriana Camargo trabajó junto a Iván Velásquez -el jefe del equipo- desmantelando organizaciones ilegales como la de la multinacional Odebrecht en la antigua Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que entre 2007 a 2019 tuvo como fin atacar al poder corruptor con investigaciones que contaron con el aval de Naciones Unidas y por las que cayeron tres expresidentes.

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Pero ahora, la tesis de la autoridad extranjera es que se habrían invertido los bandos, ya que para ellos el excomisionado Iván Velásquez habría sido la cabeza de una estructura criminal que terminó favoreciendo a los empresarios de la constructora brasileña Odebrecht, y que sus supuestas andanzas ilegales provocaron que Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales. 

Según Curruchiche -que ha estado bajo la mira de autoridades de Estados Unidos-, por esos señalamientos ambos tienen que responder dentro del caso llamado 'Acuerdos Fraudulentos', y para ello "se ha ordenado judicialmente la difusión de alerta a Interpol, a efecto que dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país". 

Las peticiones de arresto también cobijan a Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general de Guatemala, y a Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del Ministerio Público.

Quien salió a defenderse de primero de tal acusación fue Iván Velásquez, actual embajador ante el Vaticano y exministro de Defensa del gobierno Petro. El diplomático arremetió contra Curruchiche y la fiscal general de ese país, Consuelo Porras, a la que tildó de corrupta. "Extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio". Y es que en su momento, ambos colombianos salieron de dicho país ante la inseguridad jurídica que había por ser de la CICIG.

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Minutos después, la reacción provino del gobierno del presidente Petro, que por medio de la canciller Sarabia rechazó enérgicamente las órdenes de captura y manifestó que no tienen peso jurídico y, en cambio, vulneran los principios fundamentales de la justicia internacional.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se creó en 2007 para apoyar las investigaciones del Ministerio Público en contra de la delincuencia, y después de seis años de labores fichó como comisionado al abogado Iván Velásquez, quien trabajó con Camargo. Entre los resultados que mostraron estuvieron las judicializaciones de los expresidentes Alfonso Portillo (2000-2004), Álvaro Colom (2008-2012) y Otto Pérez Molina (2012-2015).

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Sin embargo, desde hace un par de años surgió un expediente contra un grupo de personas, entre ellos los dos colombianos, a los que sindican de colaborar con la corrupción. La última vez que se movió el proceso fue en 2023, cuando el portavoz de la ONU Farhan Haq recordó a Guatemala que Velásquez -para la época quien tenía los reflectores encima al ser ministro de Defensa- goza de inmunidad por cualquier acción judicial relacionada a las investigaciones que lideró, así ya haya culminado sus labores.

Con la reactivación del caso, mientras Camargo -quien tiene pasaporte diplomático- llegaba de cumplir compromisos institucionales en Madrid, el festivo en la Fiscalía verificaban los alcances del pedido de arresto remitido a Interpol y lo suscrito en la CICIG hace años.

La salvaguarda en esta situación sería el acuerdo del 12 de diciembre de 2006 con el que el gobierno guatemalteco y la ONU crearon la CICIG. En específico, el artículo 10, que es el que blinda a Camargo y Velásquez de cualquier orden de arresto.

Para ahondar en los alcances de las órdenes de captura y la inmunidad, EL TIEMPO ó a expertos en derecho como la abogada Dalila Henao, quien empezó por explicar que una circular roja como la solicitada se expide contra "una persona por cuenta de la comisión de conductas delictivas, usualmente en su territorio. Esa circular no es en sí misma una orden de captura, puede entenderse como la notificación internacional de que esa persona está siendo requerida en un país por un asunto judicial de carácter penal". De allí se pasa al pedido en extradición.

Al aterrizarlo al caso de la Fiscal General y el embajador ante la Santa Sede, Henao explicó que "existen múltiples excepciones a la extradición como lo son los delitos políticos, situación que no es ajena al contexto del caso Odebrecht en Guatemala, por lo que a pesar de la circular, no resulta probable que la hoy Fiscal General sea capturada por cuenta de dicho requerimiento". 

María Fernanda Chica, también abogada, resaltó que en el caso del embajador, goza de la inmunidad diplomática de la ONU por su rol como excomisionado, y en ese aspecto "es importante mencionar que la inmunidad de Velásquez no tiene una duración limitada en el tiempo; se extiende indefinidamente por las acciones realizadas en la CICIG".

El panorama de la jefa del ente acusador, según Chica, es distinto, "porque no fungió como comisionada, era una investigadora y ello no se encuentra cobijado por el acuerdo. El asunto es que está investida ahora del fuero constitucional que le otorga el ser Fiscal General de la Nación".

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A su turno, el penalista Juan Felipe Criollo indicó que el estado del proceso es muy reciente como para que Camargo dé un paso al costado, pues "debe presentar las alegaciones y sus pruebas ante la autoridad guatemalteca y solicitar la revocatoria de esta orden de captura. Debe continuar en el cargo hasta que se aclaren estos hechos".

Mientras que el abogado Iván Cancino hizo énfasis en que el fiscal José Rafael Curruchiche tiene varios cuestionamientos encima: "Es más, está en una lista de Estados Unidos de personas altamente corruptas, declarada por 42 países. Esta orden fue avalada por una sala que también es bastante controvertida".

Según el experto, será Colombia la que decida si hace o no efectiva esa orden de captura elevada por Guatemala a Interpol, con la anotación de que si es el CTI el que la ejecuta, está al mando precisamente de Camargo. "No es una situación amigable, hay que mirar con mucho cuidado independientemente de la corriente política en la que uno esté, por las connotaciones de persecución política que pudiera tener este caso", concluyó Cancino. 

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]