Familiares de niños rescatados tienen 5 días para argumentar quién se queda con ellos

Este viernes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emplazó a Miller Manuel Ranoque Morales, a los “de su familia de origen y extensa, y a las demás personas interesadas o implicadas de la solicitud” para que se presenten para el inicio legal de los Procesos istrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) de la bebé Cristin Neriman Ranoque Mukutuy, la menor que cumplió un año mientras estaba perdida en las selvas de Guaviare y Caquetá junto a sus tres hermanos, tras sobrevivir a un accidente aéreo, registrado el 1.° de mayo.

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EL TIEMPO estableció que Ranoque Morales, quien se ha visto envuelto en denuncias de la familia de su compañera sentimental -fallecida en el accidente aéreo-, tiene plazo hasta el 26 de junio para presentarse ante una defensora de familia de Bogotá y expresar su deseo de recuperar a su hija una vez sea dada de alta del Hospital Militar.

“De no asistir en el término mencionado, se entenderá surtida la notificación” y el PARD, identificado con número 13844104, continuará sin él.

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Es de señalar que desde hace seis años Magdalena, índigena muinane de 33 años de edad, y Ranoque Morales vivían en unión libre, aunque habían estado separados por momentos mientras que él trabajaba en otras zonas del país.

A mediados de mayo, Ranoque Morales, en un acto que fue catalogado como heroico, se internó en la selva junto a otro grupo de indígenas para apoyar las labores de búsqueda de los cuatro niños, que estuvieron perdidos por 40 días; Ranoque estuvo 30 de ellos en las tareas de búsqueda hasta que tuvo que salir por una enfermedad que hoy lo tiene en cama.

Sus primeras declaraciones a medios de comunicación tras el rescate de los menores generaron la primera polémica en este caso, pues él aseguró que era perseguido por disidencias de las Farc, supuestamente, por conocer la selva, y señaló que existía el riesgo de que los niños fueran reclutados por hombres del frente ‘Carolina Ramírez’. Esa versión se conoció públicamente solo hasta mediados de junio, pero el accidente se registró el 1.° de mayo.

Además, en un comunicado de esta semana, ese grupo ilegal negó ser responsable de amenazas contra la familia: “No es cierto, y desconocemos las razones de las declaraciones del señor padre de los menores, cuando afirma ante los medios de comunicación que los niños y su señora esposa venían huyendo de la región de Puerto Sábalo y el río Cahuinarí, en el alto Amazonas, por amenazas de nuestras unidades”.

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Otro de los hechos que generó suspicacias es que en la avioneta accidentada iba Hermán Mendoza Hernández, un líder indígena yetara que había tenido una relación sentimental con la mamá de los niños y que era el papá de dos de ellos.

A eso se sumaron las versiones entregadas por Fátima Valencia, abuela materna de los niños, quien en declaraciones ante medios de comunicación señaló a Ranoque Morales de maltrato intrafamiliar e intento de abuso sexual.

La mujer dijo que Ranoque maltrataba a los niños y que ellos le tenían miedo hasta el punto en que Lesly “no quería saber nada de él porque maltrataba mucho a la mamá” y añadió que el hombre incluso intentó abusar de la menor.

Por ese motivo, la abuela manifestó que la familia materna de los niños está dispuesta a dar la pelea para que en el proceso de restablecimiento de derechos les entreguen a ellos la custodia de los menores.

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En contraposición, Ranoque Morales ha rechazado los señalamientos en su contra, que atribuyó a un supuesto interés económico de la familia de su excompañera sentimental; también mencionó que las cosas de pareja no deben ser públicas y terminó reconociendo que tuvo comportamientos violentos hacia su pareja pero no contra sus hijos.

Por ahora, el Bienestar Familiar solo le ha permitido a Ranoque reunirse con sus hijos biológicos -Tien y Cristin- restringiendo sus visitas a las dos mayores.

Abogados penalistas sostuvieron que aún cuando no existan procesos penales por el presunto abuso y supuesto maltrato a los menores, esos delitos no están prescritos y podrían ser investigados por la Fiscalía.

Así mismo, un defensor de familia consultado por este diario señaló que en este tipo de procesos se dan todas las garantías a las partes, y la definición final puede tardar hasta 18 meses, periodo en el que se pueden practicar pruebas y solicitar declaraciones.

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Finalmente, explicó que si se identifica que hay riesgo para los derechos de los menores, se acude a un “referente afectivo”, que es un familiar quien asumirá la protección de los niños, y si no hay ninguno, se acude a la institucionalidad, quedando ellos a disposición del Bienestar de forma transitoria.

El abogado agregó que todo el proceso cuenta con la presencia de la Procuraduría y que otro punto que se tendría que verificar es si la mamá de los niños tenía una pensión o bienes que heredarles, pues incluso la custodia de los menores se le puede dar a un familiar y la guarda (el manejo de sus dineros), a otra persona.

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