Las órdenes de la Procuraduría en proceso contra Leyva por la licitación de pasaportes

Con un documento de 10 páginas, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra del canciller Álvaro Leyva, por supuestas fallas en la suspensión de la licitación para la expedición de pasaportes en Colombia, la cual finalmente se volvió a abrir en las últimas horas.

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En el oficio, conocido por EL TIEMPO, se detalla que la vigilancia en el Ministerio Público a este proceso empezó en varias dependencias, hasta que aterrizó en la Sala Disciplinaria de Instrucción, por tratarse de un canciller. 

Entre los motivos para haber suspendido la licitación, según la Procuraduría, la Cancillería tuvo en cuenta "que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido conocimiento sobre la interposición de una acción popular que fue radicada en el Tribunal istrativo, en la cual el demandante alega la protección de derechos e intereses colectivos a la moralidad istrativa, a la libre competencia y al patrimonio público que considera como vulnerados en el trámite del proceso licitatorio".

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Esto porque había supuestos indicios de que se habría beneficiado a uno de los proponentes: Thomas Greg, empresa que alegó que reclamará ante las autoridades tras haberse declarado el negocio.

No obstante, para la Procuraduría hay razones para investigar al canciller Leyva y al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, pues se habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

"Como parte de su actuación disciplinaria, el ente de control solicitó la práctica de pruebas, y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad", explicó la Procuraduría este miércoles.

La medida se conoce justo en el momento en el que la Cancillería decidió abrir una nueva licitación para escoger la empresa que va a asumir la responsabilidad de expedir los pasaportes. En ella se podrá participar si se es una persona jurídica o natural, nacional o extranjera, que "acrediten experiencia y capacidad logística, técnica y financiera".

Para avanzar en el caso, la Procuraduría ordenó una práctica de pruebas, que van desde pedirle a la Cancillería un informe detallado de la licitación hasta allegar copia de esta. 

También se tendrá que "certificar cuáles han sido las acciones adoptadas por el Ministerio con ocasión de la declaratoria de desierta de la licitación, a fin garantizar el servicio de suministro de pasaportes".

Además, como en todo trámite disciplinario, la Sala explicó que tanto el secretario como el canciller podrán obtener beneficios en caso de que acepten cargos, en el escenario de que consideren que fallaron en algo.

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Entre las funciones, otro escenario que podría darse es que el procurador que lleva el caso ordene la suspensión provisional del cargo de los dos investigados, con el fin de que no afecten las pesquisas, que estarán a cargo de una funcionaria del órgano de control. 

Después de la eventual suspensión, si se encuentran méritos suficientes para sancionar al canciller, la Sala tendría que fijar los términos, y si no hallan razones y todo lo hecho por el Gobierno se ajusta a la ley, se cerraría el proceso.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49