Oro, baldíos y una casa, el rastro de la deuda de las Farc en reparación de bienes para sus víctimas

Una casa abandonada ubicada en Teusaquillo, en Bogotá, es quizás el único rastro que hay de los bienes entregados por las extintas Farc como parte del compromiso adquirido en los acuerdos de paz de La Habana.

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Con una fachada de ladrillo, típica capitalina, de dos pisos y enrejada, la casa que fue comprada con el dinero producto de la venta de unos lingotes de oro que cedió la guerrilla a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hoy permanece en abandono, enmalezada y sin cumplir la función para la cual fue adquirida: reparar a las víctimas.

Aún tiene colgado un letrero en piedra que dice: “Caseta comunal nacional. En agradecimiento a Gustavo Francisco Petro, presidente de la República, y María Patricia Tobón Yagarí, directora general de la Unidad para las Víctimas”. La placa fue otorgada en mayo de 2023 a la Confederación Nacional de Acción Comunal para servir como punto de encuentro de las personas afectadas por el conflicto armado, de los líderes sociales y de los comunitarios. Sin embargo, actualmente permanece con las puertas cerradas y sin muestra alguna de estar en funcionamiento.

Las condiciones de la vivienda son la mejor metáfora para ilustrar una de las más grandes deudas de la antigua guerrilla con sus víctimas. La entrega de predios, dinero, cabezas de ganado, joyas y muebles, pese a que tiene unas cifras cuantificadas en los registros de la SAE, en plata blanca las ganancias de su comercialización no se han materializado, en muchos casos porque lo entregado no pudo monetizarse.

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EL TIEMPO tuvo a información de la Sociedad en la que, con corte a octubre de 2024, se consigna que el Estado tiene bajo su poder 2.114 millones de pesos en efectivo, de los 12.000 que se tenían en el inventario; 450.000 dólares entregados en su totalidad; y 252 kilos de oro de los 440 que habían reportado. Así mismo, dos kilos de joyas de los 25 prometidos, 258 cabezas de ganado de las 24.456 reportadas, y 105 inmuebles de los 722 que enlistaron. Como este patrón, en cada uno de los activos la tasa de entrega tuvo un porcentaje mínimo frente a lo que se pactó.

El dinero entregado (dólares y pesos), así como la venta de los lingotes, son los únicos puntos que tienen un margen aceptable: 58 y 57 por ciento, respectivamente. De su monetización, la Nación alcanzó a reparar a 96 organizaciones y 2.355 personas, a través de “dotación cultural, materiales deportivos, equipos tecnológicos, mobiliario comunitario, maquinaria de construcción y agrícola y un bien inmueble (la casa abandonada en Teusaquillo)”, informó la SAE.

No obstante, esta reparación no supera los 40.000 millones de pesos -16.447 millones a colectivos y 2.335 personas; y 21.186 millones en indemnizaciones istrativas-, una cifra que no tiene la trascendencia esperada frente al poderío económico que manejó esta guerrilla en los años más álgidos del conflicto, en los que alcanzó a rentabilizar buena parte de la cocaína que producía el país.

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Este diario siguió la huella de algunos de los bienes que, ocho años después de la firma de la paz en el Teatro Colón, siguen sin tener un impacto profundo en la sociedad colombiana, que era uno de los fines de este proceso. Silenciar los fusiles y sanar el daño causado, entre otros caminos, a través de la reparación económica.

Fuentes cercanas a este proceso narraron que algunos de los excabecillas tramitaron la entrega en reuniones en las que se sentaban con funcionarios de la SAE y, vía Google Maps, señalaban a dedo los presuntos predios que les pertenecían. Posteriormente, se organizaron viajes a los lugares indicados, pero el Gobierno de turno se llevó la sorpresa que se trataban de baldíos, tierras en lo más profundo de la selva, que no tenían registro catastral ni titulaciones. La mayoría ubicadas en los departamentos de Meta y Caquetá.

Sobre estos, la SAE redactó unas actas de registro que compulsó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que es la entidad encargada de istrar este tipo de predios de la Nación.

Otros eran propiedad privada y, de acuerdo a los testimonios entregados por los campesinos en terreno, pertenecían a la guerrilla, como el caso de un lote en Dabeiba, Antioquia, o la misma finca de ‘Tirofijo’, llamada Los Tanques, que estaba bajo testaferrato. Estos hacen parte de los 107 inmuebles en poder de la SAE. Mientras que hubo pocos que habían sido incluidos en el listado de las Farc, pero al llegar a ellos los testigos indicaron que no eran de propiedad del otrora grupo armado, por lo que fueron remitidos a la Fiscalía para que evaluara un eventual proceso de extinción de dominio.

En todo este proceso, hubo una serie de entregas que llamaron la atención de los funcionarios de la SAE y, que por ser tan abstractas, eran difíciles de cuantificar. Un frente guerrillero reportó entre sus propiedades un río, argumentando que habían invertido en su recuperación, lo que lo hacía propio. Otra célula de las ex-Farc intervino una vía terciaria, que también incluyeron en el inventario, así como un centro de salud con instrumentos quirúrgicos y una escuela en zona rural de Caquetá.

Otra de las polémicas se dio con la entrega del ganado, punto en el que reportaron más de 24.000 cabezas, pero solo aparecieron 258. Entre estas, según las fuentes, había “burros finos”. La abismal diferencia de la cifra se debe a que cuando fueron a recoger los semovientes, algunos habían sido utilizados para alimentar a la tropa o se los habían llevado las disidencias.

Precisamente, el surgimiento de los disidentes y la amenaza de su retaliación con los firmantes fue una de las barreras para completar la entrega de predios. En departamentos con gran influencia guerrillera en el pasado, como Cauca o la región del Catatumbo, no reportaron ninguna hectárea para no entrar en confrontación con los nuevos señores de la guerra, que entraron a disputar las zonas que dejaron libres las Farc.

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Desde el partido Comunes, movimiento político que nació tras el desarme de la guerrilla, le aseguraron a este diario que la entrega terminó oficialmente el 31 de enero de 2022, aunque está pendiente el cierre istrativo. Y que el Gobierno tiene el reporte de la monetización de estas entregas, que fueron destinadas a las víctimas.

Mientras tanto, desde la ANT afirmaron que al Fondo de Tierras no han ingresado predios por extinción de dominio realizado a las Farc, y que este tema es competencia netamente de la SAE.

Carlos López y Sara Quevedo - [email protected]