Primicia: polémico artículo de la reforma de la justicia que otorga beneficios por delitos graves contra niños será eliminado

Luego del ruido mediático y político que generó en el Congreso la reforma de la justicia, los autores optarán por quitar el artículo que desató controversia y que, de aprobarse, permitiría que agresores de menores de edad puedan acceder a una rebaja de pena a través de un preacuerdo.

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EL TIEMPO conoció por fuentes cercanas a la iniciativa, que actualmente se está discutiendo en el Legislativo, que para que la reforma logre más consenso y se convierta en ley, los proponentes -Ministerio de Justicia, Fiscalía y Corte Suprema-, desistieron de uno de los recursos con los que, según sus declaraciones, pretendían descongestionar el sistema penal y bajar los índices de impunidad de delitos graves cometidos hacia niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, expresó el jueves que este "es un tema que se está evaluando con la comisión y el presidente de la comisión del Senado, quien será el que va a transmitir la posición tanto del Ministerio de Justicia como de la Fiscalía y de la Corte Suprema. Nos vamos a abstener por ahora de contarla hasta que sea el presidente de la comisión el que ya en sus manos pueda socializar el proyecto que se va a radicar definitivamente". 

El artículo en cuestión es el 7, y dicta que cuando se trate de delitos como el "homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, o secuestros cometidos contra niñas, niños y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: en caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado/acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal". 

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Este punto reunió varias voces que estuvieron en desacuerdo apelando a la protección de los derechos de los menores de edad y argumentando que estos beneficios jurídicos podrían exacerbar el número de crímenes que se cometen en contra de esta población. 

La Procuraduría es una de esas entidades que ha manifestado su oposición al artículo, aduciendo a que no existe causalidad entre la aplicación de este beneficio con una disminución ni de la impunidad ni de la cantidad de veces que ocurre. De hecho, apuntó a que más bien se debe fortalecer la investigación de los casos.

Por su parte, varias fundaciones en pro de los derechos de la niñez también encendieron las alarmas por lo que podría ocasionar el contenido de esa norma, tesis que apoyaron cerca de 120 congresistas que firmaron una proposición para eliminar el apartado. 

"Estamos listos para buscar otros mecanismos que busquen la efectividad de la justicia en los delitos contra nuestros niños", señaló la congresista Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, quien fue la promotora de la proposición.

Mientras tanto, hasta último momento el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y la Fiscalía defendieron las buenas intenciones de su propuesta, argumentando que solo a través de beneficios se lograría obtener un reconocimiento por parte de los victimarios que, como en la mayoría de los casos son cercanos a los niños, quedan impunes. A su vez, asegurando que se reducían los costos en la investigación y el proceso penal que se deriva ante los juzgados. 

En diálogo con este diario, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, explicó que no están "proponiendo una rebaja de penas para los delitos de los que son víctimas los niños, lo que hemos propuesto es que se levante la prohibición de hacer allanamientos y preacuerdos en esos casos.

Según ella, se daría hasta el 25 por ciento de disminución de la pena para quienes negocian con la Fiscalía. Por su lado, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que, aún con las rebajas, quedarían penas muy altas, toda vez que los delitos contra menores en la legislación actual contemplan sentencias de hasta 60 años de cárcel.

Y agregó que "lo que se pretende con la reforma es que haya una condena efectiva con una mínima rebaja pero sin beneficios. Sin beneficios nos referimos a que no haya libertad condicional, ni permiso de 24 ni de 72 horas, como está prohibido por la Ley 1098. Si el agresor acepta se le dará una rebaja, pero de todas maneras las penas son supremamente altas. Lo mínimo que podrías estar pagando en un caso son 14 años".

Al parecer, el Congreso y la presión social de quienes se oponían a la norma terminó volteando la posición tanto de la Ministra, la Fiscal y el presidente de la Corte Suprema, magistrado Gerson Chaverra, quienes hoy contemplan eliminar el apartado. 

En caso de que decidan retirar únicamente el artículo 7 de la reforma de la justicia ya radicada en el Legislativo, deberán solicitarles a los congresistas ponentes que no lo incluyan en la ponencia que se tramitará. Con eso mantendrán vigentes las audiencias públicas que se han surtido frente a los otros artículos.

Pero si desean eliminar el apartado por su cuenta, deberán retirar la reforma del Capitolio y presentar su nuevo paquete con las modificaciones correspondientes. 

Redacción Justicia- @JusticiaET - [email protected]