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Condenan a dos personas por secuestro que vincula al coronel (r) Plazas Acevedo
Martha Cecilia Velásquez fue secuestrada en febrero de 1999 y desde entonces está desaparecida.
Plazas Acevedo al momento de su recaptura, en el 2014. Foto: Archivo particular
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó, por separado, a Darwin Lisimaco Betancourth y a Davilco Guerrero Pérez, a 27 y 18 años de prisión por el secuestro extorsivo agravado de Martha Cecilia Velásquez, el 22 de febrero de 1999, en hechos por los que fue acusado por la Fiscalía el coronel en retiro Jorge Eliécer Plazas Acevedo.
Las decisiones conocidas por EL TIEMPO indican que ambos hicieron parte de un entramado criminal que operó al interior de la Brigada 13 del Ejército entre los años 90 y 2000 al mando de Plazas, quien para la época era el comandante del B2 de inteligencia de la Unidad.
Plazas está detenido y vinculado a los crímenes de Jaime Garzón, el de los defensores de derechos humanos Elsa Alvarado y Mario Calderón del Cinep y el de Marino López, en la operación Cacarica.
Velásquez fue secuestrada por hombres con prendas militares al sur de Bogotá y desaparecida sin que a la fecha se sepa algo de su paradero.
Así como lo hizo la Fiscalía cuando acusó al coronel Plazas Acevedo por este caso, el juzgado solicitó que los dos condenados sean investigados por los delitos de desaparición forzada y homicidio de la mujer, teniendo en cuenta declaraciones de paramilitares como Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, excomandante de las autodefensas de Puerto Boyacá, quien ha dicho que la mataron después de ocho meses de cautiverio.
Ellos indicaron que recibieron a la mujer “de manos de personal uniformado entre ellos el sargento Lozano y de alias Elías o José Bladimir Rojas, aduciendo que a ellos se les dificultaba mantenerla recluida en Bogotá” y que se ordenó a Jorge Enrique Andrade Sajonero, uno de los subalternos, que la desapareciera.
El juzgado recordó que tanto Betancourth como Guerrero integraron la organización ilegal que también ejecutó, entre octubre de 1998 y febrero de 1999, los secuestros del industrial Benajmín Khoudari, Wilson Martínez Quiroga y la pareja de esposos Luis Antonio Castro Ochoa y María Enid Ortiz Ochoa.
“En las pesquisas adelantadas para esclarecer dichos secuestros, especialmente del primero de los nombrados, se pudo lograr la captura de dos de los integrantes de la organización: Fabio Ramiro Casallas y Álvaro Guerrero Cárdenas y gracias a sus informaciones se pudo desarticular la organización criminal”, dice uno de los fallos.
También se allegó copia del oficio 0258 del 19 de abril de 1999 suscrito el Gaula en relación con las pesquisas realizadas por los secuestros señalados que dice que por interceptaciones telefónicas y vigilancias personas y residencias, "se pudo establecer la existencia de una organización dedicada al secuestro extorsivo conformada por varios civiles y personal militar adscrito a la Brigada-13 del Ejercito, quienes al parecer son los encargados de hacer las retenciones de las personas, aprovechando su investidura castrense, sus uniformes y sus armas".
La situación de Plazas
Coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, investigado por delitos como la muerte de Jaime Garzón y la masacre de Mapiripán Foto:Archivo particular
Plazas Acevedo, quien ya fue condenado por los homicidios y secuestros extorsivos de Benjamín Khoudari y Wilson Martínez, solicitó acogerse la Jurisdicción Especial para la Paz, petición que, en principio, fue rechazada en abril del 2020 en una decisión que lo excluyó en ocho casos que no tenían relación con el conflicto armado o por no haber hecho aportes a la verdad suficientes.
Ahora, si bien se le negó el sometimiento por los casos de secuestro, la JEP abrió la puerta a que, si Plazas Acevedo ofrecía un relato que aportara seriamente a la verdad y que explicara por qué cuatro secuestros tenían relación con el conflicto. No obstante, en una audiencia de aporte a la verdad que se celebró en sesiones el 28 de junio, el 21 y 23 de julio y el 11 de agosto de 2021, Plazas optó por no aceptar la responsabilidad y adoptar posturas revictimizantes con los familiares de las víctimas.
Para la representación de víctimas, “las sentencias contra Betancourth y Guerrero son pasos importantes en términos de evitar la impunidad, sin embargo, no habrá una plena verdad, justicia ni reparación hasta encontrar a Martha Cecilia o sus restos óseos, y hasta que se devele toda la estructura criminal hasta sus más altos responsables”.