Testigo hablaría en caso que involucra al gobernador Camilo Romero

En el proceso ante la Corte Suprema de Justicia por un presunto caso de corrupción en el que aparecen mencionados varios funcionarios de la gobernación de Nariño, incluido el gobernador Camilo Romero, la Fiscalía presentó ante juez de garantías un principio de oportunidad alcanzado con una de las funcionarias implicadas.

Se trata de Adriana Milena Amaya Buitrago, subsecretaria de rentas de la Gobernación, quien habría sido la encargada de preparar el proyecto por el cual se abrió la investigación: una licitación de 18.000 millones de pesos para la venta de 80 mil botellas de Aguardiente Nariño que, según la Fiscalía, habría sido amañado para favorecer al oferente que resultó ganador del contrato.

La preparación de esa licitación, a cargo de Amaya, habría comenzado en julio del 2016. En este se debía fijar la escala de venta y el precio del Aguardiente Nariño, en sus líneas tradicional y sin azúcar.

Las últimas modificaciones de ese proyecto se hicieron el 24 de agosto de ese año, dijo el ente investigador, en el despacho del Gobernador. Para ese momento ejercía como gobernador encargado el secretario de Hacienda Mario Benavides y, según la fiscal del caso, en la última versión se eliminó del proyecto la referencia a la sujeción a las normas de contratación estatal y, además, se bajó el precio 18 centavos por botella.

Siguiendo con la fiscal, supuestamente hubo irregularidades en la publicación de este proceso, en tanto la Organización de Licores de Nariño, que resultaría ganadora de la licitación, habría tenido información privilegiada y antes que cualquier otro interesado en la comercialización del aguardiente. Esa empresa había sido creada en noviembre del 2015 y, sostiene la Fiscalía, apenas tuvo actividad comercial hasta agosto del 2016, cuando ganó el contrato.

Al llegar a un principio de oportunidad con la Fiscalía, Amaya se compromete a dar información clave que permita establecer claridades y responsabilidades sobre este caso, en el que también son investigados los dos particulares al frente de la Organización de Licores de Nariño.

Desde que se conoció la investigación, el gobernador Camilo Romero ha defendido ser inocente y ha atribuido el caso a una “persecución política” desde la anterior cabeza de la Fiscalía General, Néstor Humberto Martínez, quien pidió que a Romero se le imputaran cinco delitos por los hechos mencionados.

Según Romero, para esa licitación se siguieron todos los procedimientos vigentes desde el 2002.

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