Procuraduría abre indagación en ministerios por contratos con organizaciones indígenas

Una indagación preliminar a funcionarios por determinar de dos ministerios y de una corporación autónoma hacen parte de una nueva medida que tomó la Procuraduría General de la Nación, debido a supuestas irregularidades en la firma de dos convenios suscritos con organizaciones indígenas.

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Las averiguaciones abarcan al Ministerio del Interior y del Ministerio de Ambiente, así como de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), con los cuales las organizaciones indígenas firmaron dos convenios por un valor cercano a los 30.000 millones de pesos.

Esto, sin embargo, se divide en dos casos. En el primero, "la indagación fue iniciada contra funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CRC, por la suscripción de un acuerdo, por un poco más de 4.900 millones de pesos, para adelantar acciones de conservación, mitigación y adaptación al cambio climático en territorios indígenas adscritos el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)", se explicó desde la Procuraduría, que tiene al frente a Margarita Cabello Blanco.

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En el segundo, la indagación va dirigida contra funcionarios por determinar del Ministerio del Interior, el cual firmó un contrato por 25.000 millones de pesos con la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), el cual tenía como objetivo fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de los pueblos y organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación (MPC).

De acuerdo a las primeras actividades de los agentes de la Procuraduría, supuestamente se habrían dado supuestas irregularidades a la hora de elegir al personal que iba a ejecutar las actividades, "ya que en la definición de los perfiles se fijaron requisitos específicos cuyos costos aparentemente serían desproporcionados.

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Ese mismo escenario al parecer se dio con actividades en las que se les habría asignado un presupuesto elevado para las acciones que se debían desarrollar en el marco de los convenios.

Para establecer si hubo fallas por parte de los funcionarios de los ministerios, la Procuraduría ordenó una práctica de pruebas en la que pidió copia de los convenios suscritos, así como datos de los funcionarios de las entidades vinculadas que tuvieron relación con la elaboración de los documentos.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49