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Procuraduría busca por dos vías zanjar debate sobre las sanciones a electos por voto

Margarita Cabello afirmó que espera del Consejo de Estado una sentencia que unifique criterios.

Margarita Cabello, procuradora general

Margarita Cabello, procuradora general Foto: Procuraduría

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PERIODISTA JUDICIALActualizado:

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Desde el congreso sobre enfoque de género, la procuradora general Margarita Cabello se refirió al debate que sigue vigente sobre las sanciones disciplinarias a funcionarios elegidos por voto popular, a propósito de una decisión del Consejo de Estado que anuló una sanción del órgano de control contra Rodolfo Hernández. Cabello también habló de la investigación por presuntar irregularidades en compra de la UNGRD de 40 carrotanques para La Guajira, y de inspección de la SIC a la Registraduría.

¿Cuál es su balance del congreso con enfoque diferencial de esta semana?

La idea del congreso fue visibilizar un trabajo que venimos haciendo desde hace tres años en la Procuraduría, donde hemos querido ayudar a que se materialice la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en grupos minoritarios o vulnerables y en la equidad de género. Este congreso tenía la finalidad de escuchar las voces desde todas las diferentes posiciones: trata de personas, violencia sexual, violencia política, violencia rural, para poder escucharlos y reconducir la estrategia para mirar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, para dejar sentada en la Procuraduría una política de género.

Usted tocó en el evento el tema de violencia institucional, dijo que el Estado no actúa frente a las necesidades de las mujeres. ¿Hay responsabilidad estatal en ello?

Sí, el tema de lograr la igualdad de género implica una responsabilidad personal, pero nos implica como órgano de control educar a toda la población para que entienda que es una responsabilidad personal actuar con igualdad de derechos y con enfoque diferencial. 
Esa es una regla que tengo clara, el tema es que tenemos que ayudar y concientizar a toda la ciudadanía, y tenemos la obligación de exigir a las otras entidades que cumplan con esa aplicación, y ese es un trabajo duro porque entonces qué pasa, aparece ahí lo que yo llamo la violencia institucional, que consiste en que las entidades, los servidores públicos encargados de ayudar a educar en perspectiva de género, revictimizan porque no utilizan la perspectiva de género en el ejercicio de su función pública. Los informes nos dicen que el 50 por ciento o más de los servidores públicos revictimizan.

¿Le gustaría que quien la reemplace en la Procuraduría sea mujer?

Sí me gustaría, que pudiera yo dejar abierta la opción para que otra mujer siga.

Quiero preguntarle por el reciente fallo del Consejo de Estado en el caso de Rodolfo Hernández. Usted ha pedido varias veces una línea clara desde ese tribunal en este tema. ¿Le hace un llamado a la Sala Plena para que unifique jurisprudencia?

Rodolfo Hernández - audiencia Vitalogic

Rodolfo Hernández en audiencia del caso Vitalogic. Foto:Melissa Múnera Zambrano

Yo diría dos cosas. Una, que en Colombia hasta hoy, salvo que cambien después las cosas, las decisiones de constitucionalidad de la Corte Constitucional son la última decisión posible y es la que todo el mundo debe respetar, y en ese sentido como órgano público acato y considero que debe respetarse el fallo que determinó claramente que la Procuraduría tenía facultades para investigar y sancionar a funcionarios electos popularmente. Acato la decisión de la Ley 2094 que dice que frente a los funcionarios sancionados por la Procuraduría electos popularmente deben ser revisadas sus decisiones ante el Consejo de Estado, a través de un recurso extraordinario, siempre y cuando el electo esté en el cargo. Considero ya a título de Procuraduría que la discusión de la convencionalidad frente a la constitucionalidad ya estuvo resuelta por parte de la Corte.

¿Y el otro punto es?

Dos, respecto al Consejo de Estado, este tiene una petición que debe proferir en Sala Plena una sentencia de unificación, ese procedimiento está en camino y estamos ad portas de que se cite para hacer una citación a Sala para hacer esa sentencia. En mi criterio, y respetando a los magistrados del Consejo de Estado, para mí sería mucho más tranquilo que se dejaran de emitir pronunciamientos respecto a si van a aceptar todos o no la sentencia de la Corte, que no siguieran prefiriendo decisiones para no confundir tanto al país, y esperaran a esa sentencia de unificación para que tomaran la decisión correspondiente. Sería mucho mejor para tranquilidad de todos y no seguir tomando decisiones frente a un Consejo de Estado que está dividido entre si debe acatarse o no la sentencia.

¿Quién elevó esa petición?

Nosotros le elevamos una petición al Consejo solicitándole que por favor no sigan haciendo pronunciamientos si a bien lo tienen hasta tanto no se resuelva y se profiera esta sentencia de unificación, pero para mayor seguridad jurídica nosotros todas esas decisiones que están revocando sentencias sancionatorias contra electos popularmente –la decisión contra Rodolfo Hernández fue una decisión del año 2019, no es proferida por mí– están siendo demandadas por vía de tutela por violación al debido proceso y por incumplimiento de una orden constitucional. Ya han sido todas impugnadas a través de tutela por parte de la Procuraduría, que tendrán su primera y segunda instancia en el Consejo de Estado, y que deberá ser llevada a revisión a la Corte, que sigue siendo el órgano de cierre, y acabaremos de esa manera la discusión.

¿Esto sería algo similar al debate que hubo por las megapensiones que por vía de tutela se ratificaron varios aspectos?

Exactamente, hasta donde yo como procuradora y como exfuncionaria de la Rama Judicial sé, la última palabra en Colombia en temas judiciales la tiene la Corte Constitucional, y ya se pronunció sobre la sentencia de la Corte IDH y sobre cómo debe aplicarse la convencionalidad.

¿Para usted vendría bien un llamado nuevo de la Corte por esa vía de tutela?

Esperemos a ver qué dicen esas tutelas, hay algunas que han sido negadas por el Consejo y ya están empezando a llegar a la Corte, a ver si le ponemos un punto final a esa discusión.

Procuradora, ahora quiero preguntarle por la reforma de la salud, ¿la ve viable?

Debate, en la Cámara de Representantes, de la reforma de la salud, el 30 de noviembre de 2023.

Debate, en la Cámara de Representantes, de la reforma de la salud, el 30 de noviembre de 2023. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO

Yo lo digo como procuradora y no a título personal, desde el primer día que salió la reforma nos dedicamos, por petición de la ciudadanía, a escuchar a todos los actores que han participado o que tienen incidencia en la reforma, y te puedo decir con toda la certeza que todos los actores que tienen que ver con salud, que fueron a la oficina de la Procuraduría a hablar con nosotros, nos dijeron que no veían viable esa reforma porque en vez de mejorar, iba a afectar la salud, y en mi condición de representante de la ciudadanía llegué a la conclusión de que tenía que opinar en el sentido de manifestar que la reforma en vez de bienes, nos va a traer males. 
En mi condición de representante de la ciudadanía llegué a la conclusión de que tenía que opinar en el sentido de manifestar que la reforma en vez de bienes, nos va a traer males
Además porque le faltan muchas cosas, hay una gran discusión sobre si la reforma es por vía de un proyecto ordinario o de una ley estatutaria; porque no hemos observado el aval fiscal para una reforma que uno la mira y sabe que necesita muchísimo presupuesto para poder ser viable, entonces el criterio que ha asumido la Procuraduría es que hay muchas maneras de corregir los defectos que en efecto tiene el sistema de salud, pero no a través de esa reforma, sino a través de otros mecanismos como regular una serie de leyes que existen.

Otro tema es el de las irregularidades en los carrotanques de la UNGRD. ¿Qué halló la entidad y cuántos están vinculados?

Olmedo López, director de la UNGRD.

Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Foto:UNGRD

En febrero de este año iniciamos una investigación disciplinaria contra, en principio, Olmedo López, que era el director general; decretamos ese mismo día práctica de pruebas y notificamos inmediatamente a López. A los poquitos días practicamos inspección disciplinaria, nos fuimos hasta la UNGRD y practicamos inspección y recogimos toda la información relacionada con la contratación efectuada para la compra de esos, en principio, 40 carrotanques. Establecimos que el proceso contractual tenía que ser objeto de análisis, solicitamos varias cotizaciones, miramos el proceso de selección de adquisición de esos carrotanques, y para contarte algo curioso, esa selección se hizo en ocho horas, vemos que la empresa que se ganó la compra de esos carrotanques (Impoamericana) desarrollaba actividades económicas principales que no tienen relación con el suministro de carrotanques.

¿Y lo último qué ha sido?

Estamos ahora solicitando información a nuestra Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para que nos haga un estudio técnico financiero sobre el sobrecosto. Y llegamos a la decisión de que no era suficiente vincular a Olmedo López, sino que también era importante ya no citarlos como testigos, sino como vinculados a la investigación, a dos funcionarios más que son el señor Sneyder Pinilla y el otro fue Víctor Andrés Meza. Ya estamos finalizando el recaudo de pruebas y escuchando la versión libre de los investigados, a ver qué nos dicen, y ya con eso cerraremos la investigación y proferiríamos decisiones.

Pero ¿entonces son tres los investigados?

Sí, son tres: Olmedo López, Sneyder Pinilla y Víctor A. Meza.

La inspección de la SIC a la Registraduría generó polémica, ¿qué función cumplen en eso?

Hernán Penagos, Registrador Nacional y Cielo Rusinque, Superintendente de Industria y Comercio.

Hernán Penagos, Registrador Nacional y Cielo Rusinque, Superintendente de Industria y Comercio. Foto:Archivo particular

La Superintendencia entra a la Registraduría para hacer una investigación por existir algunos hechos que querían verificar que tienen relación con una investigación que están haciendo a una empresa privada. En principio uno diría que no tendría competencia para entrar a hacer esas investigaciones en la Registraduría, ellos hablan de la posibilidad de hacerlo porque ahí tienen que buscar algún dato respecto a su investigación a una empresa privada, hasta ahí parecía que no hubiera problema, cuando nos envía una carta la Registraduría solicitándonos que hagamos vigilancia preventiva a la actuación de más de 20 personas que llegaron con la Superintendencia a investigar ese hecho concreto y queriendo tener información de muchísimas cosas sobre las cuales la SIC no tiene competencia.

Y ustedes fueron al lugar...

Nosotros vamos por cuanto que la información que nos dan es que están pidiéndoles computadores, están quitándoles celulares a empleados y recibiéndoles declaraciones a muchísimos funcionarios de la Registraduría que no tienen relación directa con lo que ellos estaban haciendo. Entonces mandamos a que se vigilara si las actuaciones estaban dentro de las competencias istrativas de la SIC o si se estaban excediendo.
Terminamos de hacer esa vigilancia no al contenido, sino al procedimiento para que fuera legal. Habrían excedido las funciones y estaban siendo bastante fuertes los funcionarios, parece que fueron contratistas y no empleados de la Superintendencia.

El Gobierno ha nombrado a gente que no es técnica en cargos importantes, ¿esa falta de experiencia en esas áreas puede generar problemas?

En algunos casos estamos estudiando si los perfiles de las personas que se han nombrado son los adecuados y cumplen con las reglas propias del perfil que la institución tiene para ese cargo; en algunos casos hemos notado que hay problemas con el perfil porque los han bajado en cuanto a condiciones, y en esos estamos investigando, nos pasó con el embajador en México. En principio si la persona nombrada reúne las condiciones que dice el perfil, nosotros respetamos porque se están cumpliendo las condiciones.

Por último, ¿cómo va el tema de Centros Poblados?

A mí me llama la atención que el ministro de las TIC dijo hace poco que no había habido decisiones contra Centros Poblados, y que él se sorprendía de que a la fecha todavía no hubiera decisiones, y la Procuraduría hace ya un rato sancionó a todas las personas que participaron en la contratación de esa adjudicación de la licitación: la secretaria del Ministerio de las TIC y creo que dos o tres funcionarios más.

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