En más de una docena de hechos, cometidos durante la emergencia por el nuevo
coronavirus, distintos grupos armados habrían usado a menores de edad para cometer delitos en varias zonas del territorio nacional.
Así lo denunció en una carta dirigida a la Fiscalía el procurador general, Fernando Carrillo. Dice que el Eln, las disidencias de las Farc y otros ocho grupos armados están usando a niños para cometer homicidios de personas protegidas, actos de terrorismo y otros hechos.
Igualmente, se señala que estos grupos armados están reclutando menores de edad con fines de explotación sexual, y que miles de niños también han sido víctimas de tortura y desplazamiento forzado.
En particular, el Ministerio Público ha identificado que se están reclutando menores indígenas de las etnias embera dóbida, embera katío y embera chamí y de la comunidad nonam, en Bojayá e Istmina, Chocó; así como niños indígenas de Toribío, Cauca, menores embera eyábida de Murindó, Antioquia; e indígenas wounaan de Santa Rosa de Guayacán, en Buenaventura, Valle del Cauca.
Carrillo señaló también que a pesar de que el monitoreo de la misma Procuraduría indica que desde que se suscribió el Acuerdo Final de Paz con las Farc bajaron las afectaciones a la niñez, alrededor del 30 % de los entes territoriales (municipios, departamentos, etc.) registran que los niños siguen siendo víctimas del accionar de los grupos violentos.
Finalmente, el jefe del Ministerio Público pidió priorizar las investigaciones por estos eventos criminales contra niños y niñas cometidos en medio de la emergencia derivada por la covid-19, que “adquieren un mayor reproche social, dada la prevalencia constitucional de sus derechos y la protección integral que se debe brindar a la población de infancia y adolescencia”.
En su carta, Carrillo menciona que los llamados 'Caparrapos', el bloque 'Virgilio Peralta Arenas', las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 'los Rastrojos', el 'clan del Golfo', las Águilas Negras, ‘los Paisas’, el grupo E-40 y otros grupos armados organizados residuales han participado en varias amenazas a la población civil, así como en tráfico de drogas, minería ilegal y obstaculización de tareas humanitarias.
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