SAE: el abecé del caso por el que la Procuraduría suspendió a Daniel Rojas

En un oficio de 26 páginas, el pasado viernes la Procuraduría sustentó la decisión de abrir una investigación contra Daniel Rojas, presidente de la SAE, y de suspenderlo del cargo por tres meses.

Lo primero es que para el órgano de control está en juego el capítulo de la empresa barranquillera Triple A; por esta razón es que se apartó del puesto a Rojas, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro.

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Según el viceprocurador Silvano Gómez, lo suspendieron porque presuntamente cometió irregularidades al no transferir el 82,16 por ciento de acciones que la SAE maneja en la Triple A a la empresa K-yena, cosa que estaba pactada en un contrato de compraventa.

Eso habría vulnerado el principio de buena fe contractual, y de hecho provocó el rechazo la semana pasada del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

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Para entender la polémica, hay que tener en cuenta que de por medio hay un cruce de versiones, ya que Daniel Rojas no transfirió las 60’376.624 acciones que controla porque antes de ello quiso hacer un estudio en el que calculen el valor de estas, pues sospecha que puedan valer más del monto por el cual fueron negociadas. Eso, en aras de evitar un detrimento patrimonial.

"Nosotros solicitamos apoyo técnico a quienes saben de servicios públicos, y es la Superintendencia de Servicios Públicos. Lo que acordamos con ellos fue avaluar Triple A, y ellos cuentan con todos los datos que ninguna empresa valoradora tiene, y encuentra que esa empresa vale 2,4 billones de pesos en un escenario conservador. Lo que a nosotros nos indica que puede haber un indicio de detrimento patrimonial, en tanto el negocio se hizo por 500.000 millones de pesos", le dijo Rojas a EL TIEMPO en su momento.

No obstante, tiene al frente un posible cobro de la cláusula penal por 59.000 millones de pesos, al no haber entregado dicha parte a K-yena. Además, para la entidad, la SAE no tenía permiso para suspender el contrato.

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Ahora, otro de los puntos claves de la decisión es la elección de la junta directiva de la Triple A, en la que la Procuraduría intervino para pedir su aplazamiento mientras se resuelve el lío. Sin embargo, por mayoría se eligieron representantes, y la SAE destacó dicho proceso.

Hasta ahí lo que tiene que ver con los efectos inmediatos de la decisión, la cual dejó a otros tres funcionarios investigados. Y es que horas después de conocerse, el presidente Petro cuestionó la medida, y dijo que se dio después de que Rojas empezó a entregar haciendas de la mafia. La crítica la volvió a hacer en medio de la entrega de 243 hectáreas en poder de la SAE a 52 familias de Sucre.

Como esa actividad, Rojas ha liderado otras entregas, entre las que están la hacienda Támesis –bajo la figura de uso–; el predio San Antonio, en Fusagasugá; y un edificio en Cali para la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle.

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Lo que viene en la investigación a Rojas y sus funcionarios es la práctica de pruebas por parte de delegados de la Procuraduría, quienes recibirán tanto de la SAE como de K-yena reportes sobre lo que a lo largo de estos meses han hecho para defender sus intereses.

CARLOS LÓPEZ

En Twitter: @CarlosL49

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